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Once rutas terrestres y marítimas de tráfico de personas atraviesan México, según un estudio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Están controladas por el crimen organizado, que utiliza primordialmente el sistema ferroviario del país concesionado a empresas privadas, extranjeras y nacionales.
Según el documento, los cárteles metidos en el tráfico de personas también se valen del trabajo que organismos nacionales e internacionales realizan en favor de las poblaciones en tránsito. Un número indeterminado de personas procedentes de 20 países de Latinoamérica y el Caribe, África y Asia –que se cuentan por miles–, atraviesa territorio mexicano con rumbo a Estados Unidos.
Para México, el problema se ha convertido en asunto de seguridad interior, con posibilidades de escalar aún más. Lo anterior, ante la decisión de Estados Unidos de considerar a las olas de migrantes que buscan atravesar su frontera sur como atentatorias de su integridad territorial y amenaza a su seguridad nacional.
El documento Fenómeno Migratorio México-EU y sus afectaciones a la Seguridad Nacional, elaborado por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, advierte que el uso de “La Bestia” –mote usado por los migrantes para referirse al ferrocarril– no se circunscribe a la Frontera Sur. Prácticamente es utilizado todo el sistema ferroviario por el centro y norte del país.
Además, hay cuatro rutas internas independientes al ferrocarril que confluyen a lo largo de la Frontera Norte. Asimismo, dos rutas marítimas –por el Océano Pacífico y el Golfo de México– completan una vasta red con ramales, bifurcaciones y puntos de “descanso”.
El tráfico de personas vía ferroviaria que controla el crimen organizado –según el documento interno de la Sedena– tiene dos puntos de origen: Ciudad Hidalgo, Chiapas, y Mérida, Yucatán. Ambos trayectos confluyen en Medias Aguas, Veracruz, y se hacen una sola ruta hasta llegar a Lechería, Estado de México, luego de pasar Tierra Blanca y Orizaba, Veracruz.
En el caso de la ruta que inicia en Mérida, lo migrantes a bordo de “La Bestia” pasan por Campeche, Campeche; Tenosique, Tabasco; Palenque, Chiapas, y Coatzacoalcos, Veracruz. Mientras, la que inicia en Ciudad Hidalgo pasa por Tapachula y Arriaga, Chiapas, y Ocotepec, Oaxaca.
En el centro del país se bifurcan tres rutas principales. La primera se enfila hacia Guadalajara, Jalisco, y sigue al Norte por el corredor del Pacífico. Los puntos de ascenso y descenso de migrantes están marcados en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, Sinaloa, y Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora.
Ahí el trasiego de migrantes de esta ruta del Pacífico se divide en dos ramales. Uno sube por Puerto Peñasco, en el mismo estado de Sonora y llega a Mexicali, Baja California, frontera con Estados Unidos. El otro llega directamente a la también fronteriza Nogales, Sonora.
Con respecto de la ruta del centro, desde Lechería, Estado de México, tiene como destino Ciudad Juárez, Chihuahua. Pasa por las “estaciones” de Irapuato, Guanajuato; Aguascalientes, Aguascalientes; Zacatecas, Zacatecas, y Chihuahua.
Por el Noreste mexicano avanzan dos rutas de tráfico de personas, quienes son transportadas por “La Bestia”. Ambas pasan por Querétaro, Querétaro, y se detienen en San Luis Potosí, ciudad capital de la entidad del mismo nombre. Una se enfila hacia Saltillo, Coahuila, y llega a la fronteriza Piedras Negras, del mismo estado.
La otra avanza hacia Monterrey Nuevo León, donde se bifurca en dos ramales: uno tiene como destino Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el otro las también tamaulipecas Reynosa y Matamoros, Tamaulipas.
Ferromex, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, opera en tres rutas. Principalmente en la del Pacífico y en la del Centro. El 75 por ciento de las acciones de esta empresa está en poder de los hombres más acaudalados del país, Carlos Slim y Germán Larrea Mota Velasco.
La estadunidense Kansas City Southern de México opera las dos rutas del Noreste del país y una parte del centro. Otra es la Union Pacif, con trenes en cuatro rutas. La única donde no operan las privadas es la del Sureste, cuya concesión es del estado mexicano y que será parte del actual proyecto del Tren Maya.
La ruta de tráfico de personas que, por mar, avanza en la costa mexicana del Océano Pacífico inicia en los países de El Salvador y Guatemala. De acuerdo con el documento de la Sedena, desde Barra de Santiago, El Salvador, zarpan embarcaciones que transportan ilegalmente personas. Tienen como destino Huatulco, Oaxaca. Desde ahí continúan se incorporan a alguna de las tutas que atraviesan México con rumbo a Estados Unidos.
Con respecto de Guatemala, los traslados por mar tienen como punto de partida el Puerto Cocos. En mar territorial mexicano, esta ruta se bifurca en dos ramales. El primero tiene como destino Salina Cruz, Oaxaca. El segundo se incorpora a la ruta marítima de trasiego de personas que avanza por toda la costa del Océano Pacífico.
La ruta marítima del Pacífico tiene dos destinos: Tijuana, Baja California, y Puerto Peñasco, Sonora. Cuenta con lugares de ascenso y descenso de personas en Puerto Escondido, Oaxaca; Acapulco e Ixtapa, Guerrero; Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, Sinaloa; Ciudad Obregón y Guaymas, Sonora; Cabo San Lucas, La Paz; Puerto San Carlos, Punta Chivato, Punta Prieta y Guerrero Negro, Baja California Sur; y Guerrero Negro y Ensenada, Baja California.
Mientras, la ruta de trasiego ilegal de personas que avanza por el Golfo de México inicia en Campeche, Campeche. Bordea la costa, hasta llegar a Matamoros, Tamaulipas. A lo largo del trayecto bajan y suben personas en Coatzacoalcos y Veracruz, Veracruz; y en Tampico Tamaulipas.
Los puntos de inicio de trasiego de migrantes en el sur de México inician en las ciudades chiapanecas Tapachula y Comitán y en Chetumal, capital de Quintana Roo.
Las dos chiapanecas confluyen en Arriaga, del mismo estado. Avanzan como una sola por Ixtepec, Oaxaca, hasta Medias Aguas, Veracruz. El trazo se alimenta de migrantes que son trasladados desde Coatzacoalcos. Pasa los estados de Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro. En Guanajuato se bifurca en tres grandes ramales.
El primero bordea la costa del Pacífico. Y sin que sea exactamente la misma ruta del tren, tiene los mismos puntos de descanso e incorporación de migrantes.
El segundo ramal se enfila al norte por el centro de país. Atraviesa Aguascalientes. Destaca que la ruta realiza una travesía circular en el triángulo fronterizo de los estados de Zacatecas, Durango y Coahuila. En Torreón, ciudad de la región conocida como La Laguna, de este último estado, retoma el rumbo norte. Llega a la ciudad de Chihuahua. Y de ahí, a Ciudad Juárez, Chihuahua, o Nogales, Sonora.
Mientras, el tercer ramal camina más al oriente, por San Luis Potosí y llega a Saltillo, capital de Coahuila. Ahí se desprenden otras tres vertientes. El primero grupo tiene como destinos Piedras Negras y Ciudad Acuña, en el mismo estado. Otro grupo asciende por Monterrey, Nuevo León, y llega a Nuevo Laredo o Reynosa, Tamaulipas.
Finalmente, la ruta del Golfo de México, bordea toda la costa de Veracruz. Sin ningún descanso ni conexiones con otros ramales, llega a Tampico, Tamaulipas. De ahí sigue al norte hasta Reynosa, ciudad fronteriza del mismo estado.
El documento reconoce la precariedad en que las personas migrantes cruzan el país. En las rutas que los migrantes siguen por alcanzar su objetivo final, que es llegar a Estados Unidos, “tienen que afrontar diversas situaciones, como el rechazo de las comunidades que atraviesan, el abuso de autoridades” o ser cooptados “por las bandas del crimen organizado”.
De acuerdo con el análisis estratégico, la propia delincuencia organizada metida en el tráfico de personas aprovecha las actividades que en favor de los migrantes realizan “grupos políticos y religiosos”, organizaciones no gubernamentales y de organismos multilaterales.
Ejemplifica con las “oleadas [de personas migrantes] provenientes de Centroamérica”, que han sido apoyadas incluso por “la [Organización Internacional de la] Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Desde su perspectiva, la Sedena señala que estas organizaciones arman una estructura organizativa hasta el punto de destino. Sin embargo, no cubren toda la ruta. Las organizaciones criminales utilizan dicha estructura para abastecerse, incluso, de más migrantes. En el caso de las organizaciones extranjeras, incurren además, en atentados “a la integridad soberana de los Estados” (sic).
Abunda en que organizaciones no gubernamentales se han dedicado al tema de migración porque reciben recursos para ello. Pero el acompañamiento que ofrecen a las personas en tránsito sólo es temporal y no pueden evitar que familias enteras acaben en las manos del crimen organizado.
Organizaciones internacionales de este tipo que actúan en México son, según el documento de la Sedena, “Sin Fronteras, con apoyo de George Soros, dirigida por Irineo Mujica, además de la Asociación Hermanos en el Camino; todas dedicadas aparentemente a la atención de la población migrante en territorio mexicano”.
También hay otras que, según el estudio, buscan de manera deliberada crear inestabilidad y conflictos en la Frontera entre México y Estados Unidos y utilizan el fenómeno migratorio para esos propósitos.
En esta situación estaría el grupo “que encabeza George Soros a través de entidades como Human Rights Watch, Soros Foundation, el Open Society Institute, y la coalición CARA Family Detention Pro Bono Project que incluye a Catholic Legal Inmigration Network (CLIN), el American Inmigration Council (AIC), el Centro de Refugiados e Inmigración para Servicios Educativos y Legales (RICELS) y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA)” (sic).
Con respecto de los actuales flujos de migrantes centroamericanos que arriban a México, la mayoría procede de Honduras. Representan el 72.2 por ciento de todas las personas que desde los países de América Central buscan llegar a Estados Unidos. De Guatemala son el 12.2 por ciento y de El Salvador el 11.7 por ciento. El restante 3.7 por ciento son de las otras nacionalidades: Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
De la región del Caribe, la mayoría provienen de Haití y Cuba. El documento señala que actualmente hay alrededor de 4 mil haitianos y 3 mil cubanos irregularmente en México.
En su análisis, el Instituto de Estudios Estratégicos de la Sedena advierte de la responsabilidad de Estados Unidos en la generación de condiciones que propician la migración.
Entre las causas que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen, cita “la intensificación de la violencia en los países del Triángulo Norte (integrada por Guatemala, El Salvador y Honduras), por la presencia del crimen organizado como lo es La Mara Salvatrucha”; así como el desplazamiento forzado de miles de familias de “áreas territoriales favorables para la producción hídrica, minera, energética, agrícola”; el trasiego de drogas provenientes desde Colombia y Venezuela; y “el auge de la muy factible aplicación del criterio de Guerra Híbrida o de inestabilidad política con efectos continentales, como sucede en la América del Sur con Venezuela, además de flujos que llegan en menor número desde Medio Oriente, África y Asia”.
En efecto, por el territorio nacional atraviesan personas migrantes que han pasado largos trayectos. El documento de la Sedena señala que se han identificado a hombres y mujeres que “llegaron al continente americano vía Brasil, para continuar su ruta por Panamá y seguir hasta a México”.
Agrega que “estos grupos proceden de Afganistán, Eritrea, Bangladesh, Nepal, Pakistán, India, República Popular de China, Nigeria, Camerún, entre otros”. Las nacionalidades de estas personas “obliga a que el Estado mexicano destine mayores recursos humanos y económicos para lograr su deportación, aunado a que varias de sus naciones de origen no cuentan en México con una Oficina para Asuntos Consulares que apoye la salida de nuestro país” (sic).
El documento advierte que el fenómeno migratorio se ha convertido en México de un asunto de seguridad interior, toda vez que el crimen organizado se metió de lleno en el tráfico de personas.
Explica que la migración siempre ha sido “un asunto de rispidez” en la relación México-Estados Unidos. Sin embargo, la complejidad del fenómeno en los últimos años motivó que el país vecino lo considerara “peligroso” para su seguridad nacional.
Estados Unidos asume que las olas de migrantes “comprometen” su integridad territorial. Por ello, se asienta en el documento, México no puede evitar que padezca consecuencias de la política migratoria estadunidense.
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