Graves violaciones a derechos humanos padecen las víctimas de trata. En México y Estados Unidos, las formas de explotación van desde la prostitución infantil hasta el reclutamiento con fines de delincuencia forzada, servidumbre y esclavitud laboral, revela un informe del Departamento de Estado del vecino país
Prostitución infantil, trabajos forzados, explotación laboral y sexual, transacciones financieras por trata de personas, corrupción, negligencia, opacidad, indolencia y complicidad oficial, escasas detenciones y condenas, reclutamiento con fines de delincuencia forzada por parte de grupos delictivos organizados constituyen las formas más comunes de trata de personas en México, mientras que en Estados Unidos prevalece la explotación con fines sexuales.
El Informe sobre trata de personas 2022 –del Departamento de Estado de Estados Unidos– refiere que durante 2021, traficantes de personas explotaron a víctimas nacionales y extranjeras en México, y a víctimas de México en el extranjero. Los grupos considerados con mayor riesgo frente a este delito en el país incluyen niños migrantes no acompañados, personas indígenas, con discapacidades mentales y físicas, solicitantes de asilo y migrantes, desplazados internos, personas LGBTQI+, trabajadores del sector informal y niños en territorios controlados por pandillas.
Los traficantes reclutan y explotan a mujeres y niños mexicanos y, en menor medida, a hombres, en el tráfico sexual en México y Estados Unidos a través de falsas promesas de empleo, relaciones románticas engañosas o extorsión. La mayoría de los casos de trata ocurren entre familiares, parejas íntimas, conocidos en redes sociales o mediante trampas relacionadas con el empleo.
Los traficantes utilizan cada vez más internet, en particular las redes sociales, para identificar y reclutar víctimas potenciales de explotación sexual, trabajos forzados en agricultura, servicio doméstico, cuidado de niños, manufactura, minería, procesamiento de alimentos, construcción, turismo, mendicidad y venta ambulante en México y Estados Unidos.
La explotación a jornaleros y sus hijos en trabajos forzados en el sector agrícola de ambos países, la mayoría de las víctimas provienen de poblaciones indígenas y económicamente vulnerables, que migran de los lugares más pobres a regiones agrícolas para cosechar hortalizas, café, azúcar y tabaco; muchos reciben poca o ninguna paga o tiempo libre; soportan condiciones de vivienda inhumanas sin acceso a alimentos adecuados, agua limpia o atención médica, y se les niega la educación a los niños.
Algunos empleadores retienen los salarios semanales para obligar a trabajadores agrícolas a cumplir con cuotas de recolección o continuar trabajando hasta el final de la cosecha en condiciones de esclavitud laboral, refiere el análisis.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, instaurado el 30 de julio de 2013 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar a las personas y, sobre todo, a los gobiernos acerca de la grave problemática que significa la expansión de este delito a nivel mundial, el informe señala que los reclutadores frecuentemente emplean prácticas de contratación engañosas y cobran tarifas ilegales para colocar trabajadores agrícolas en México y Estados Unidos.
Asimismo, indica que se les prometen salarios decentes y un buen nivel de vida, pero luego se les obliga a realizar trabajos forzados mediante servidumbre por deudas, amenazas de violencia y falta de pago.
Agrega que si bien el gobierno de México aumentó los esfuerzos de aplicación de la ley sobre trata, pero no proporcionó datos completos sobre investigaciones, procesamientos y condenas a nivel federal y estatal sobre graves violaciones a derechos humanos de las víctimas.
Las cifras de la trata
El gobierno identificó más víctimas en 2021 (744), en comparación con 658 víctimas en 2019 y 673 en 2020 y, sin embargo, no brindó servicios adecuados a las víctimas y sólo proporcionó datos desglosados parciales sobre las víctimas identificadas. En los primeros ocho meses de 2021, incluyeron 392 personas sujetas a relaciones sexuales y trata, 56 sometidas a trabajos forzados, 66 no especificadas y 15 víctimas de otros países.
En 2021, las autoridades de México iniciaron al menos 35 investigaciones federales y 621 estatales relacionadas con trata de personas, en comparación con 55 indagatorias federales y 550 estatales en 2020, y 133 federales y al menos 544 estatales en 2019, incluyeron 23 casos de trata sexual, cinco de trata laboral, y siete casos de explotación no especificada.
El sistema judicial federal inició el enjuiciamiento de 31 presuntos traficantes y continuaron 45 enjuiciamientos abiertos en años anteriores, para un total de 76 enjuiciamientos federales en 2021. En comparación, las autoridades iniciaron enjuiciamientos de 40 sospechosos de trata y continuaron enjuiciamientos de 35 casos de 2020. A nivel estatal, se iniciaron enjuiciamientos en 22 estados para un total de 95 sospechosos.
En comparación, el gobierno mexicano informó de procesamientos a nivel estatal en 14 estados, para un total de 51 sospechosos procesados en 2020. Aunque las autoridades federales no emitieron condenas en 2021, las autoridades estatales condenaron a 75 traficantes, incluidos 65 por trata sexual y 10 traficantes laborales, dos de los cuales obligaron a los niños a transportar sustancias ilícitas.
Este fue un aumento general de 49 traficantes condenados en 2020 y 29 en 2021. Sin embargo, la falta de coordinación entre inspectores laborales, autoridades de justicia penal y los proveedores de servicios obstaculizó los esfuerzos para responsabilizar penalmente a los traficantes laborales y brindar asistencia integral a las víctimas. El Poder Judicial dictó sentencias para los traficantes convictos que van de 3 a 135 años de prisión, y ordenó a muchos pagar multas y restitución.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó transacciones financieras sospechosas y descubrió 201 posibles casos de trata en 2021, en comparación con 230 informes relacionadas con la trata en 2020. Durante el trienio 2019-2021, la UIF congeló 1 mil 617 cuentas bancarias y más de 52 millones de pesos en fondos relacionados con delitos de trata de personas, y colaboró en 13 casos con autoridades de otros países.
En 2021, los funcionarios consulares mexicanos identificaron y asistieron a 1 mil 352 personas de nacionalidad mexicana que se encontraban en situación de vulnerabilidad o víctimas de delitos como trata de personas en otros países; de las cuales 86 fueron víctimas de trabajos forzados. En comparación, las autoridades en el extranjero identificaron y asistieron a 313 víctimas mexicanas de trata de personas en los primeros seis meses de 2020.
Autoridades de Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Nuevo León realizaron más de la mitad de las investigaciones en 2020 sobre trata, mientras que las autoridades de Durango, Guanajuato y Colima no investigaron ningún caso sospechoso de este delito, refiere el informe del Departamento de Estado.
Indica que el gobierno federal dio cuenta de haber identificado a Veracruz, Tlaxcala y Guerrero con una alta prevalencia de tráfico de personas, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún traficante por segundo año consecutivo, y los expertos locales informaron que la financiación insuficiente para los fiscales en estos estados los llevó a acusar a los sospechosos de delitos que creían más fáciles de probar.
“La corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata siguieron siendo motivo de preocupación, lo que inhibió la acción policial durante el año. Algunos funcionarios gubernamentales facilitaron o participaron en delitos de trata”, subraya el documento.
Indica que el gobierno operó una línea directa y un sitio web abiertos al público para la denuncia anónima de sospechas de corrupción que involucran a funcionarios públicos, pero no informó haber recibido ninguna pista relacionada con el tráfico.
Durante el periodo del informe, las autoridades arrestaron y acusaron a dos exempleados del PRI, incluido su ex líder, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por presuntamente dirigir una operación de tráfico sexual con recursos del partido; un sospechoso adicional aprehendido en el período del informe anterior permaneció bajo custodia y otros dos sospechosos no fueron aprehendidos.
El informe acusa que autoridades en todos los niveles del gobierno carecían de conocimiento suficiente de las leyes de trata y fallaron para identificar y derivar de manera efectiva a las víctimas. En Puebla, un estado que el gobierno identificó como uno donde la prevalencia de trata es más alta, las autoridades estatales derivaron solo a tres víctimas al único albergue para víctimas de trata del estado en 2021.
En diciembre de 2021, el gobierno aprobó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres2021-2024, incluye actividades para combatir los delitos de trata de mujeres.
Sin embargo, fue insuficiente la ayuda del Estado. El apoyo médico y psicológico a menudo no se extendía más allá de las evaluaciones superficiales; los albergues, tanto a nivel estatal como local, solían albergar a las víctimas solo durante el juicio penal; y los servicios de reintegración a largo plazo eran muy limitados, dejando a las víctimas muy vulnerables a la reexplotación.
El gobierno no proporcionó datos completos de víctimas que reciben servicios de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual continuó operando un refugio de alta seguridad en Ciudad de México que podía albergar a 50 mujeres víctimas y sus hijos por hasta tres meses mientras las víctimas participaban en procesos legales; el albergue atendió a 79 víctimas de trata durante el año.
Los estados de México, Chiapas y la Ciudad de México continuaron operando seis albergues para trata de personas financiados por el gobierno. En total, siete estados tenían refugios especializados del gobierno o de organizaciones para las víctimas de la trata, y cuatro estados tenían acuerdos vigentes que les permitían derivar a las víctimas de la trata a refugios a otro estado.
Víctimas de trata extranjeras en México
La gran mayoría de las víctimas extranjeras de trabajo forzoso y tráfico sexual en México provienen de América Central y del Sur, en particular de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela;, que los traficantes explotan a lo largo de la frontera sur de México. También se han identificado víctimas del Caribe, Europa del Este, Asia y África en México, algunas en ruta a los Estados Unidos.
Los grupos delictivos organizados se benefician del tráfico sexual y obligan a adultos y niños mexicanos y extranjeros a participar en actividades ilícitas, incluso como sicarios, vigilantes y en la producción, transporte y venta de drogas, reclutamiento forzoso de niños indígenas, mediante el uso de la tortura y amenazas de asesinato para explotar a niños en la delincuencia forzada.
“Los grupos criminales explotan a miles de niños en México para que sirvan de centinelas, lleven a cabo ataques a las autoridades y grupos rivales, o trabajen en los campos de amapola. Los observadores también expresaron su preocupación por el reclutamiento de ciudadanos mexicanos y migrantes extranjeros por grupos delictivos organizados con fines de delincuencia forzada”, destaca el documento.
El turismo sexual infantil sigue siendo un problema y continúa expandiéndose, especialmente en zonas turísticas y en ciudades fronterizas del norte, donde los padres a veces son cómplices de la explotación de sus hijos, y se cree que los niños sin hogar corren un alto riesgo. Muchos turistas sexuales con niños provienen de los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental.
Igual, considera que la corrupción relacionada con la trata sigue siendo motivo de preocupación, ya que algunos funcionarios del gobierno se confabulan con los traficantes o participan en delitos de trata, y tráfico sexual, incluida la ejecución.
Mercados criminales de personasMéxico es un país de tránsito para la trata de personas, principalmente para víctimas centroamericanas que se dirigen al norte del continente. La trata sexual dentro de México y hacia Estados Unidos también es considerable, advierte el Informe del Índice Global de Crimen Organizado 2022.
Señala que si bien las estrictas regulaciones fronterizas debido a la Covid-19 obstaculizaron las operaciones de trata a través de la frontera entre Estados Unidos y México, resultó en menos víctimas pero a un valor más elevado.
Sin embargo, resalta que las restricciones internas no tuvieron un impacto significativo en el mercado local de México, ya que los cierres de emergencia se respetaron muy poco.
“Por el contrario, la pandemia exacerbó la colusión entre funcionarios corruptos y traficantes que se aprovechan de los migrantes mediante la participación forzada en economías criminales o la extorsión, con funcionarios que se valen más de vínculos con el crimen organizado que del soborno para obtener ganancias”.
El informe destaca que el mercado del tráfico de personas de México es el más grande y sofisticado de la región, ya que se trata de un país grande que sirve de origen y tránsito, principalmente hacia Estados Unidos.
Aunque las políticas fronterizas cada vez más estrictas de Estados Unidos redujeron la demanda, los cierres por la Covid-19 exacerbaron la pobreza, el desempleo y la violencia en América Central, aumentando la migración irregular hacia los Estados Unidos a través de México, principalmente desde los países del Triángulo Norte.
Los traficantes de personas dejaron de operar a lo largo de ciertas áreas fronterizas al comienzo de la pandemia, pero reanudaron sus actividades apoyándose en socios estadounidenses. El impacto del mercado sigue limitándose al área geográfica a lo largo de la frontera norte y en ciudades situadas a lo largo de la frontera sur.
Los traficantes de personas del sur de México suelen ser miembros de la comunidad local, que transportan personas en automóviles, autobuses o remolques, mientras que los del noreste de México a menudo forman parte de grupos organizados más grandes que controlan redes de tráfico. Los traficantes de personas suelen tener vínculos con grupos criminales transnacionales, cárteles de la droga y funcionarios corruptos. |
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