Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a Elda Aurora Viñas Herrera por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas, cometidos durante su gestión como contralora gubernamental de Tamaulipas en el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEACC) de la entidad.

De acuerdo con el titular de la Fiscalía, el fallo se emitió el 15 de septiembre, tras el juicio oral correspondiente a la Carpeta Procesal CP/14/2025.

El funcionario explicó que durante el juicio se acreditó que la excontralora Viñas Herrera autorizó pagos derivados de un contrato de prestación de servicios por honorarios a una subordinada que, al mismo tiempo, ocupaba el cargo de directora administrativa de la propia contraloría. Ante ello, la Fiscalía presentó ante el Tribunal los elementos de prueba con los que sostuvo la acusación.

Viñas Herrera dirigía la dependencia encargada de vigilar, fiscalizar y controlar el ejercicio de los recursos públicos estatales. Desde esa posición, según los hechos acreditados en el proceso, autorizó los pagos cuestionados pese a la doble condición de la beneficiaria, prestadora de servicios por honorarios y funcionaria de la estructura administrativa de la misma contraloría.

Con la resolución, el Tribunal estableció la responsabilidad penal de Viñas Herrera por ambos delitos, con lo que dejó de enfrentar únicamente una acusación de la Fiscalía.

La audiencia de individualización de sanción y reparación del daño se realizará el 22 de septiembre. En ella, el Tribunal determinará las consecuencias jurídicas del fallo, entre las que pueden contemplarse prisión, multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Mientras avanza esta etapa del procedimiento, continúan vigentes las medidas cautelares impuestas a la exfuncionaria, entre ellas la firma periódica mensual.

Viñas Herrera ocupó la Contraloría Gubernamental de 2016 a 2022, bajo la administración de García Cabeza de Vaca. El 22 de septiembre el Tribunal determinará la sanción que enfrenta la exfuncionaria quien, en ese gobierno, tuvo entre sus responsabilidades vigilar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

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