Tras el anuncio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de que acatará el fallo del Quinto Tribunal Colegiado federal en materia administrativa –que deja sin efecto los procedimientos para determinar la autoría de la tesis profesional de licenciatura de la exalumna Yasmín Esquivel Mossa–, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que, con este fallo, “se acredita que nunca existió plagio alguno [y que todo] se trató de un ataque político para descalificarla en la contienda por la presidencia de la SCJN”.

En un comunicado, la máxima casa de estudios acusó que el fallo del tribunal es una “interferencia” a la autonomía universitaria. No obstante, aseguró: “consecuente con su irrenunciable apego a la ley y el respeto al Estado de Derecho, la UNAM acatará en sus términos la resolución del tribunal que instruye a la Universidad a dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que vulnere los derechos de la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel”.

Por su parte, la juzgadora aseguró en un comunicado que el Quinto Tribunal estableció: “la ministra Yasmín Esquivel ha sido injustamente difamada por las […] autoridades de la UNAM y sus derechos han sido vulnerados al instaurar procedimientos no previstos en la legislación universitaria”.

La doctora en derecho Esquivel Mossa agregó que “durante estos casi dos años, las autoridades de la UNAM tuvieron la oportunidad de aportar todos los elementos que consideraron convenientes. Sin embargo, los tribunales locales y federales, escuchando a las partes, han determinado que la aurora de la tesis es Yasmín Esquivel Mossa, y que no se le puede instaurar procedimiento alguno. En consecuencia, la UNAM deberá archivar el expediente como totalmente concluido”.

Sin embargo, la UNAM consideró que dicho fallo judicial es “una interferencia flagrante e inadmisible a la autonomía y la legislación universitarias”. La institución académica que encabeza el doctor Leonardo Lomelí Vanegas añadió que “establecer prohibiciones al actuar de los órganos universitarios, como el Comité Universitario de Ética (CUETICA), desde espacios ajenos a la academia, representa también un atentado a la libertad de expresión y al derecho a saber de la comunidad universitaria y de la sociedad en general”.

La UNAM se pronunció en contra de este ordenamiento judicial, ya que aseguró haber dado un “seguimiento puntual” y agotar todos los medios legales a su alcance “en contra de los recursos promovidos por la exalumna, para que el comité de ética universitario cumpliera con su derecho y con la obligación moral y legal de hacer público el resultado de su trabajo”. Aunque afirmó que acatará la resolución.

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