UNTyPP exige aumento salarial a Pemex

Hace cuatro meses, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció un plan de reestructuración estratégico que, según la empresa, busca mejorar la eficiencia del gasto. Entre las medidas destacan la cancelación de 3 mil 51 plazas de confianza –equivalente al 14 por ciento del total–, la modificación del esquema de pago al personal de plataformas, la contención del incremento salarial tanto del personal sindicalizado como de confianza, la reestructuración de créditos de vivienda, la reducción de gastos indirectos y la eliminación de dobles erogaciones en plazas, además de una renivelación a la baja en los niveles de mando. El objetivo: generar un ahorro de 9 mil 960 millones de pesos, equivalente al 29 por ciento del gasto total para personal de confianza en el ejercicio vigente.

Sin embargo, integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) denuncian que la implementación de estas acciones ha derivado en violaciones a derechos laborales. Aseguran que muchos trabajadores han sido presionados para firmar documentos en los que renuncian a garantías adquiridas tras décadas de servicio.

Además, señalan que este proceso ha profundizado la brecha de discriminación laboral entre el personal sindicalizado y el de confianza, pues estos últimos enfrentan la negativa de un aumento salarial y, en los peores casos, el despido.

En el marco de la nueva orientación legal, Pemex anunció la cancelación de 3 mil 114 plazas de confianza con el argumento de “lograr la integración vertical y horizontal” de la empresa bajo una sola dirección general. De acuerdo con la paraestatal, esta medida busca simplificar la organización al eliminar áreas duplicadas, facilitar la toma de decisiones y reducir el gasto de nómina en procesos estratégicos y de soporte en un 2.7 por ciento. Asimismo, se espera un ahorro de 10 mil 494 millones de pesos en concepto de nómina.

Aunque este plan de austeridad ha sido presentado como una estrategia para incrementar la productividad y la eficiencia operativa, algunos trabajadores de confianza –recientemente despedidos– denuncian diversas violaciones a sus derechos laborales. Otros solicitan su reinstalación debido a sus años de antigüedad, que en muchos casos superan una década. Mientras tanto, quienes siguen en activo exigen un aumento salarial del 4.5 por ciento, equivalente al otorgado al personal sindicalizado.

De acuerdo con el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, la petrolera distingue entre dos regímenes laborales: por un lado, los trabajadores sindicalizados, amparados por el contrato colectivo de trabajo firmado entre Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM); por el otro, el personal de confianza, que puede ser contratado para obra o tiempo determinado, por temporada o de forma indefinida, y que puede estar sujeto a periodos de prueba o capacitación inicial.

El artículo tercero de dicho reglamento establece que el personal de confianza no está sujeto a las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, lo que implica condiciones laborales diferenciadas en materia de protección sindical y derechos laborales.

“La prestación de los servicios del personal de confianza y demás efectos de su relación laboral se regirán por la Ley Federal del Trabajo, el presente reglamento, la normatividad que de éstos emanen, y por el contrato individual de trabajo. Por consecuencia, dicho personal deberá acatar las órdenes, disposiciones y procedimientos que se refieran al trabajo contratado, así como las reglas internas y ordenamientos legales que le sean aplicables”, señala el reglamento.

En este contexto, nació en 2008 la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), sindicato registrado con el número 5878 ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y reconocido formalmente por Pemex como sindicato minoritario mediante oficio DCAS-SCH-2604-2024. Este reconocimiento le permite sostener reuniones periódicas con la empresa para dar seguimiento a las demandas de los trabajadores de los niveles 30 al 43 y del nivel 8.

Actualmente, técnicos y profesionistas afiliados a la UNTyPP denuncian que la empresa se ha negado a otorgar un aumento salarial del 4.5 por ciento al personal en activo y jubilado, porcentaje que sí fue autorizado para los trabajadores sindicalizados. Además, acusan una serie de despidos injustificados contra quienes se han negado a firmar una carta de renuncia total que, según ellos, Pemex entrega como parte de su proceso de reestructuración interna.

En el oficio UNTyPP-SG-212/2025, del cual Contralínea posee copia, se detalla:

“1. Desde inicios del año 2025, Petróleos Mexicanos ha implementado un proceso de reestructuración interna (Plan estratégico de Pemex 2025-2030) que ha derivado en despidos injustificados generalizados, cambios de adscripción y modificaciones de las condiciones laborales del personal técnico y profesionista, incluyendo trabajadores con más de 20 y 30 años de antigüedad laboral.

2. Con el pretexto del proceso de reestructuración interna, la Dirección de Administración de Servicios y la Dirección Jurídica han obligado a los trabajadores a firmar documentos de renuncia a sus derechos (Anexo H).

Quienes se han negado a firmar sus renuncias han sido despedidos injustificadamente.

3. Estas graves violaciones a los derechos laborales se han utilizado, inclusive, en contra de trabajadores profesionistas con más de 20 y 30 años de servicio en la empresa”.

Historias detrás de la reestructura

Como cada mañana, Suyapa Elizabeth pasó su tarjeta por el lector electrónico e ingresó a la Torre Ejecutiva de Pemex. En el vestíbulo, el eco de los pasos retumbaba como de costumbre. Cruzó el pasillo hacia el área administrativa y ocupó su lugar frente al escritorio donde trabajaba desde hacía unaño y medio. La normalidad se rompió cuando escuchó la noticia que lo cambiaría todo.

“En nombre de los ajustes económicos de la reestructuración de la empresa y de austeridad, se nos notificó que nuestras plazas de esa unidad serían liquidadas. En esa unidad éramos alrededor de 27 personas, que fuimos liquidadas en cosa de mes y medio”, relata en entrevista con Contralínea.

La instrucción, dice, llegó sin previo aviso, notificación o reunión con personal superior. Su testimonio retrata la forma en que el área de recursos humanos ha llevado a cabo una serie de liquidaciones de personal de confianza. Según documentos oficiales, estas medidas contemplan la cancelación de 3 mil 114 plazas y la liquidación de 2 mil 964 trabajadores, con un costo estimado de 4 mil millones de pesos.

“Solamente llegaban, te daban tres documentos, tres papeles, te decían: ‘léalo y fírmelo’, sin más explicación. Sí, te decían que estabas en ‘el derecho de leerlo, de firmarlo o de no firmarlo si no querías’. Pero, a pesar de que no firmaras, ese mismo día las credenciales de empleado quedaban deshabilitadas”.

A Suyapa le cancelaron la credencial el mismo día que fue notificada de su despido. “Me notificaron como a las 12 del día y después de las 3 de la tarde mi credencial ya estaba deshabilitada. Si yo salía del edificio donde laboraba, ya no podía reingresar”.

Con la misma rapidez, el equipo de cómputo fue dado de baja. Así, en un instante, su vida cambió y los más de 23 años laborando para esa empresa llegaron a su fin. “Llegó la instrucción de que vaciáramos la información personal del equipo porque nuestro usuario también fue deshabilitado, el correo, las cuentas, los programas con los que realizamos nuestro trabajo nos dieron de baja, y prácticamente fuimos casi acompañados a la puerta para que saliéramos de las instalaciones”.

A pesar de las anomalías en su despido, Suyapa Elizabeth terminó firmando la carta de renuncia por la necesidad económica de cobrar su finiquito. “En el momento en que entregan el documento, nos dan un finiquito de los años laborados. Al mes tuve que aceptarlo porque mi situación económica es difícil: tengo hijas en la universidad y problemas serios de salud, y aunque les externé esta situación, no les importó”.

Esos mismos sentimientos de desesperación, angustia y tristeza empañan la mirada de Galit Carmona, quien prestó sus servicios a Pemex por casi 20 años. “En mi caso, me contrataron con un nivel administrado, pero nunca me desadministraron mi nivel. Y cuando me despidieron, me despidieron con el nivel administrado y no con el nivel de la plaza. Como yo no sabía que tenía un año para demandar el pago de prestaciones y a los que tuviera derecho, me di cuenta hasta que salí y me dijeron: ‘ya pasó más de un año, eso ya no lo puedes reclamar’. Entonces, tuve que firmar”.

Al igual que Suyapa, Galit firmó por la necesidad de solventar sus gastos. La desesperación la ha inundado desde aquella mañana en que le notificaron su despido. “Sí, sí te afecta. Sí, es muy doloroso todo lo que vives y es un duelo. Es un duelo muy fuerte: después de casi 20 años en la empresa te corran y les están dando los privilegios a muchas personas que van entrando, que no conocen nada de la empresa”.

En entrevista con Contralínea, afirma que “nunca había visto” una situación como la que ocurre en la actual administración de Pemex, encabezada por el doctor Víctor Rodríguez Padilla. Entre sus principales inconformidades destacan la discriminación en el incremento salarial, los despidos derivados del proceso de reestructuración interna, la negativa a reinstalaciones solicitadas, los despidos injustificados y las condiciones inequitativas en las jubilaciones.

Sobre este último punto, el contador jubilado Jorge Estefan, quien trabajó 31 años en puestos directivos de la paraestatal, advierte que este tipo de situaciones constituyen “un atropello” constitucional:

“Lo que está ocurriendo son violaciones constitucionales y legales a la Ley Reglamentaria del Artículo 123, que es la Ley Federal del Trabajo. Mire, los trabajadores de confianza estamos regidos por contratos individuales y, como toda relación contractual, es una doble voluntad: la del patrón y la del trabajador. Una parte no puede modificarla de manera unilateral. Y eso fue lo que hizo la empresa”.

Agrega que Pemex no respetó su contrato individual ni fueron convocados a dialogar, lo que representa una violación directa a los principios laborales. “De manera unilateral una de las partes está modificando lo que teníamos concertado. Eso es un atropello constitucional”.

Jorge Estefan puntualiza que la Constitución establece el principio de “trabajo igual, salario igual”, que se quebrantó con la disminución de pensiones bajo el argumento de la reestructura administrativa y de austeridad. Como ejemplo, menciona su caso:

“Imaginémonos que estamos en el primero de agosto: mi salario de julio es mayor que el que estoy recibiendo en agosto, porque las prestaciones se pagan de tracto sucesivo como vacaciones, aguinaldo y jubilación, y se generan día con día. En julio ganaba más que en agosto. Entonces, no estamos solicitando incrementos, sino la actualización conforme a la inflación. Eso lo recibió en los sindicalizados y no debe haber tratos discriminatorios”.

Las demandas de la UNTyPP

El pasado 24 de noviembre, integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) se manifestaron durante varias horas frente a la Torre Ejecutiva de Pemex, en la avenida Marina Nacional, en la Ciudad de México, para exigir un incremento salarial del 4.5 por ciento, bajo las mismas condiciones otorgadas a los afiliados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

En entrevista con Contralínea, el secretario general de la UNTyPP, ingeniero Martín Ruiz Gómez, explica que la solicitud del ajuste salarial para más de 22 mil profesionistas activos y jubilados se realizó desde agosto. Sin embargo, al obtener una negativa por parte de Pemex, decidieron escalar sus exigencias e incluir otras demandas urgentes relativas a condiciones laborales, liquidaciones justas y defensa de derechos adquiridos.

“Esta manifestación es con una petición que estamos nosotros denunciando: hay una discriminación porque al que le dan un aumento salarial es al personal manual del STPRM y a nosotros no se nos da. Es un solo punto que estamos manifestando el día de hoy”, señala.

El ingeniero Ruiz Gómez comenta que, aunque el aumento salarial fue el detonante de la protesta, existen múltiples problemáticas que la paraestatal no ha resuelto, pese a haber sostenido reuniones con la Dirección de Servicios y Administración, encabezada por Marcela Villegas Silva, y con la Subdirección de Capital Humano.

“Hay más puntos que tratamos en relación a un sinnúmero de planteamientos que no nos han podido resolver. Y ahí va uno: no estamos de acuerdo con los despidos que están haciendo con nuestros profesionistas que tienen más de 20 años de antigüedad”.

En medio de la vorágine, el secretario de la Unión Petrolera –junto con otros dirigentes– acudió a una reunión convocada por directivos de Pemex. Sin embargo, el encuentro no derivó en avances significativos. “Nos reunimos en una sala donde se reúne el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y donde se presentó un representante conciliador del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; pero lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo dado que las peticiones que estamos haciendo no son aceptadas”.

El dirigente explica que la propuesta presentada por el personal de la petrolera dista totalmente de lo solicitado por la organización. “Ellos hacen una propuesta totalmente diferente. Y lo único que hicimos fue concluir temporalmente porque ahorita están haciendo un análisis, una revisión y una probable reconsideración a nuestras peticiones”.

Por su parte, el ingeniero Didier Marquina, integrante del Comité Ejecutivo de la UNTyPP, indica que el principal argumento de la paraestatal para negar el aumento salarial ha sido la austeridad presupuestal, lo cual califica de “insostenible”, ya que ese mismo incremento fue otorgado al personal sindicalizado.

“Ellos dicen que no hay dinero suficiente, pero ya le otorgaron ese incremento a la gran mayoría de todos los trabajadores. Argumentan que nosotros somos trabajadores o jubilados con pensiones muy grandes, pero les decimos que eso solamente son los gerentes hacia arriba”.

Para el ingeniero Marquina, el régimen de profesionistas y técnicos representa una cadena media de operación que no recibe un sueldo justo en comparación con la responsabilidad y la carga laboral que asumen en la empresa. “Tenemos más horas de trabajo elaboradas, nos exigen más, tenemos que cumplir con más. Y esto que pedimos es un salario equivalente”.

Marquina también rechaza la narrativa gubernamental que acusa a los jubilados de recibir pensiones excesivas. “Lanzan la creencia de que nosotros los trabajadores profesionistas recibimos salarios o pensiones exorbitantes, pero no es así. Solo es una pequeña cantidad de trabajadores que los han jubilado de forma privilegiada en administraciones pasadas, fuera de la norma. Pero las nuestras están dentro del reglamento de las normas de Petróleos Mexicanos”.

Sobre las pensiones “doradas”, el ingeniero explica que antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, directivos de Pemex otorgaban pensiones exorbitantes a trabajadores con menos de 20 años de antigüedad.

El pasado 29 de agosto, desde Palacio Nacional, el Gobierno de México reveló la existencia de pensiones millonarias que reciben algunos ex trabajadores de Pemex y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El costo para el erario supera los 24 mil 844 millones de pesos anuales para un padrón de 22 mil 326 jubilados de la petrolera; mientras que para LyFC, el pago asciende a 28 mil millones de pesos anuales para 14 mil 73 jubilados.

Entre las pensiones más altas destacan las de exaltos funcionarios como Marcos Ramírez Silva y Roberto Ramírez Soberón, que cobran más de 4 millones 240 mil pesos brutos anuales, una cifra superior al salario anual de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que percibe 1 millón 614 mil 161.1 pesos.

Sin embargo, los integrantes de la UNTyPP aclaran que sus demandas no se contraponen a la regulación de esas pensiones privilegiadas. “Nosotros tenemos ya más de 35 años de labores en la empresa, la gran mayoría, y no nos hacen acreedores a una jubilación digna a la cual tenemos derecho. De eso estamos hablando y de que el incremento salarial sea justo y legal”, expresa el ingeniero Didier Marquina Cárdenas.

“No pedimos más privilegios porque, además, ya nos han bajado de categorías en esta administración y la anterior, nos han quitado salario en esta administración y la anterior. ¿Más sacrificio? Solo nos piden el sacrificio a nosotros, a otras organizaciones no [STPRM], solo a nosotros. Y eso es injusto. Terriblemente injusto. Y por eso es que estamos aquí protestando: trabajadores activos, jubilados y mandos medios”.

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