El Estado mexicano debe actuar con celeridad y consolidar un modelo para prevenir, contener y repudiar la violencia digital en contra de las mujeres, urgió la senadora Celeste Sánchez Sugía y la activista por los derechos de las mujeres Olimpia Coral Melo (fundadora del Frente Nacional por la Sororidad). El llamado también fue dirigido al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Además, indicaron, “es necesario impulsar una educación en la que se exponga que la violencia digital son los actos agravados y perpetuados en las tecnologías de la información, que dañan la seguridad, intimidad, privacidad y la vida digna”.
En la inauguración del foro “Violencia digital: Ley Olimpia, retos y perspectivas”, la legisladora perteneciente a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Sánchez Sugía, recordó que aún persiste la tolerancia social en ese tipo de agresiones. Ello, “a pesar de que el marco jurídico penaliza las diversas expresiones de la violencia digital y permite a las víctimas solicitar medidas de protección a las autoridades de justicia, con el objetivo de detener la difusión electrónica de la información personal expuesta”.
No obstante, precisó que antes de la publicación de la Ley Olimpia, la violencia digital se encontraba aún más normalizada entre la sociedad y algunos miembros de las instituciones. Se creía, señaló, que era “la cuota que las personas debían de cubrir por exponer o descuidar su privacidad e intimidad”.
Asimismo, indicó que se consideraba “como algo que era inevitable porque se hacía uso de las nuevas tecnologías”. Pero, “en el caso de las mujeres este tipo de violencia representa una cuota más alta, que compromete el desarrollo pleno de nuestra persona”.
En ese sentido, Coral Melo indicó que “los ministerios públicos tipifican algunos casos como delito de difusión a la intimidad sexual, cuando debiera ser calificado como pornografía. Por ello, también “es necesario realizar una revisión legislativa”.
Y agregó que “la Ley Olimpia es un esfuerzo de la ciudadanía y representa el comienzo de una serie de cambios que no buscan la igualdad, sino la erradicación de un sistema que oprime a todos y todas, y que se ensaña contra mujeres y niñas”.
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