Hace 12 años, Verónica Razo Casales sufrió abuso físico, psicológico y sexual por parte de las autoridades de la extinta Policía Federal bajo el cargo de Genaro García Luna. Su detención fue arbitraria, al azar y sin pruebas. Hoy, tras una década de impunidad, la joven finalmente recibió completa absolución y libertad, informó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Añadió que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con sede en Toluca, Estado de México, absolvió a Verónica Razo Casales de la acusación injustificada del Ministerio Público de la Federación, al no hallar pruebas en relación con alguna responsabilidad penal respecto a la comisión del delito de secuestro, por el cual se le había recluido.
La última resolución de los magistrados precisa que en los antiguos procesos contra la víctima se observaron “vicios en la evidencia incriminatoria como consecuencia de la conducta indebida y arbitraria de los elementos aprehensores al actuar, sin mandato expreso y, por parte del Ministerio Público”.
Con múltiples violaciones a los derechos humanos, el caso de Verónica Razo Casales es uno más de tantos que imperan en el país. Bajo la sombra de la impunidad su historia inició el 9 de junio de 2011, cuando distintos miembros de la Coordinación de Investigación de Campo de la Policía Federal levantaron a la joven para infringirle actos de tortura con el objetivo de que declarara ser integrante de una red de secuestradores.
Ello, indicó el IFDP, a pesar de las irregularidades que los informes médicos detectaron. De acuerdo con el informe PF/DINV/CIC/DGIDCSIP/PD/1295/2011 de la Policía Federal, los certificados médicos constataron que “las personas detenidas presentaban diversos tipos de lesiones”.
Por ello, distintos organismos internacionales y nacionales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, externaron recomendaciones, quejas y una serie de dictámenes para avalar las irregularidades en el caso de Verónica Razo.
El IFDP se comprometió a seguir monitoreando el caso: “lo señalado y la sentencia absolutoria dictada deben servir para que dichas autoridades corrijan estas prácticas irregulares y arbitrarias en casos similares, al tiempo que reconocemos las decisiones de tribunales federales que actúan como verdaderos garantes de los derechos de las personas y buscaremos abrir vías procesales para lograr la reparación integral del daño en favor de Verónica Razo”.
