El gobierno federal ya tenía información de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscaría frenar las construcciones del Tren Maya y el Transístmico, reveló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Agregó que por ello se decidió emitir, el pasado 18 de mayo, un nuevo decreto presidencial que vuelve a declarar las obras de infraestructura como asuntos de seguridad nacional para evitar nuevos litigios promovidos desde el grupo del empresariado opositor.

En respuesta a la decisión de la mayoría de ministros y ministras de la Corte, que ayer 22 de mayo, declaró la invalidez total del primer decreto presidencial que protegía los megaproyectos, el titular del Ejecutivo federal señaló: “nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo, y otras obras importantes de beneficio para la gente”.

En su conferencia desde Palacio Nacional, advirtió que, como se dice coloquialmente, a la Suprema Corte “ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente, se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Eso es la oligarquía, la democracia es el poder del pueblo”.

El presidente López Obrador consideró que “el Poder Judicial y, en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría. Ellos [los ministros y ministras de derecha] no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, nada, no les importa. Es como vivir en otro mundo. Existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos. Por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial”.

Asimismo, reiteró que su gobierno ya tenía conocimiento de que los ministros y ministras iban a tratar de frenar la construcción de estas obras estratégicas. “Y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada: todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a lo magistrados, a los ministros del Poder Judicial”.

Al respecto, indicó que se trata del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, AC, dedicada a promover amparos en contra de las obras de infraestructura. “Ahí está un exministro de la Corte [José Ramón Cossío] que sigue teniendo mucha influencia, y sobre todo que pertenece al supremo poder conservador”.