Documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la ATF revelan que, durante el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos profundizó su intromisión en México. Desde la Iniciativa Mérida y las operaciones en campo de agencias como la DEA, la CIA y el FBI, hasta el fallido operativo Rápido y Furioso –que abasteció de armas de alto calibre al Cártel de Sinaloa–, la injerencia del vecino país se reflejó, sobre todo, en la agenda de seguridad. Incluso, como parte de la “cooperación” en el ámbito de la inteligencia, Calderón y el entonces embajador Carlos Pascual inauguraron el búnker de García Luna (previo a que el diplomático estadunidense renunciara, luego de la filtración masiva de cables diplomáticos que hizo Wikileaks, en los que se revelaron sus críticas a la supuesta “guerra” contra el narcotráfico). Además, en el marco del lanzamiento de la Plataforma México, se abrió la puerta a la intervención masiva de comunicaciones y el espionaje

Primera parte. La supuesta “guerra” contra el narcotráfico que Felipe Calderón Hinojosa lanzó para intentar legitimar su gobierno –y que, con posterioridad, se reveló como una guerra para posicionar al Cártel de Sinaloa, dada su sociedad con Genaro García Luna–, propició la mayor intromisión del gobierno de Estados Unidos en la historia reciente de México.

El eje rector de esa intromisión fue la Iniciativa Mérida. Bajo un esquema de supuesta cooperación, el vecino país del norte tomó control de las estrategias operativas, militares y de inteligencia. Así, durante los gobiernos de George Bush y Barak Obama, miembros de agencias como la DEA, el FBI y la CIA participaron de forma abierta y encubierta en operativos en campo, y accedieron a información de seguridad nacional, mediante su participación en la Plataforma México.

Documentos desclasificados de la Embajada, el Departamento de Estado y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) revelan que, en el sexenio calderonista, las instituciones estadunidenses aprovecharon la debilidad gubernamental para imponer su propia ley, y violar de forma sistemática la soberanía e independencia mexicanas.

También detallan que, con patrocinio estadunidense, México accedió a tecnología relacionada con labores de espionaje e intervención masiva de comunicaciones, aunque las referencias a ello indican que el uso de esos software ser harían con órdenes judiciales.

En un informe mensual sobre narcóticos que la Embajada estadunidense desclasificó parcialmente –y que envió, el 15 de diciembre de 2009, a diversas autoridades del vecino país–, se hace referencia a la asistencia en materia judicial que se brindaba a nuestro país en el marco de la Iniciativa Mérida, aunque –por la censura al documento– no es posible conocer mayores detalles:

“…para asistir a estas agencias en la realización de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente”.

En ese mismo documento se observa que todas las instituciones de seguridad mexicanas formaban parte de la estrategia estadunidense. Por ejemplo, se cita que en ese mes de diciembre de 2009 estaba “en curso la adquisición de equipo de polígrafo por un valor de 2.5 millones de dólares para mejorar las capacidades en esta materia del CISEN, la SSP, el SAT, el INAMI y la PGR”.

En aquel momento, el En 2009, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) era Guillermo Valdés Castellanos; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública era García Luna; al frente del Servicio de Administración Tributaria estaba el hoy ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; al Instituto Nacional de Migración lo encabezaba Cecilia Romero Castillo; y en la PGR estaba Arturo Chávez Chávez, quien recién había sustituido a Eduardo Medina Mora.

Injerencia en seguridad

Disfrazada de una estrecha relación entre el gobierno mexicano y las autoridades estadunidenses, la injerencia en seguridad queda al descubierto en ese mismo informe de la Embajada estadunidense. En este se detallan acciones y estrategias de México en materia de seguridad pública y supuesto combate al crimen organizado, pero también revela la crisis de violencia que ya se vivía a la mitad de ese sexenio.

La comunicación, todavía a cargo del entonces embajador Carlos Pascual, indicaba que el 28 de octubre de 2009 se celebraron reuniones bilaterales de alto nivel en Washington, en las que se abordaron las estrategias para desarticular a los cárteles del narcotráfico y para crear “una frontera del siglo XXI”.

Además, se señala que el 4 de noviembre de ese mismo año se realizó otra reunión bilateral para la instrumentación de la Iniciativa Mérida, en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Además de informar a los representantes del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México sobre el estado de cada proyecto, el gobierno de México presentó detalles sobre la nueva base de datos y el sistema de seguimiento de proyectos que se implementarían a finales de noviembre”.

Para el 18 de noviembre, otra vez, altos funcionarios de ambos países “se reunieron para abordar los pilares II (fortalecimiento institucional) y IV (creación de comunidades resilientes) de la nueva estrategia bilateral Mérida. Ambas partes analizaron programas y acciones conjuntas en materia de controles internos (‘control de confianza’), fortalecimiento de capacidades estatales y locales, derechos humanos, reducción de la demanda de drogas, factores socioeconómicos vinculados a la delincuencia y la criminalidad, y reforma judicial”.

Sobre las inversiones estadunidenses en esta materia, indica que “el 27 de noviembre se firmó la orden de compra de 19 camiones equipados con sistemas móviles de inspección de vehículos y carga mediante radiación gamma (VACIS) para la SSP (18 unidades) y la Sedena (1 unidad), utilizando fondos de la Iniciativa Mérida”.

Asimismo, puntualiza una serie de actividades de entrenamiento y capacitación realizadas en territorio estadunidense para elementos mexicanos de diferentes corporaciones. Por ejemplo, cita que: “el 20 de noviembre de 2009, 25 miembros del personal de clasificación de la SSP [a cargo de García Luna] concluyeron seis semanas de capacitación en Colorado. La formación se centró en el proceso de clasificación y reintegración, y ayudó a los participantes a desarrollar procedimientos e instrumentos para el sistema de clasificación mexicano. Asimismo, los participantes recibieron un curso de formación de instructores. El tercer curso para instructores penitenciarios continúa impartiéndose en la Academia Penitenciaria de Nuevo México”.

Violencia, resultado de la “guerra”

El reporte da cuenta, también, de un incremento en la violencia y la crisis de derechos humanos en la que ya estaba metido México. Con el subtítulo “Aumento de la violencia”, el reporte detalla que “al finalizar el tercer año de la administración de Calderón y a pocos días del tercer aniversario de la guerra contra las organizaciones de tráfico de drogas (DTO, por sus siglas en inglés), los medios de comunicación contabilizaron cerca de 16 mil víctimas relacionadas con el crimen organizado. Noviembre registró un descenso en los homicidios, con aproximadamente 682 muertes; una reducción marcada respecto a los cinco meses anteriores, aunque cercana al promedio de 2009”.

Agrega que en ese mes “continuaron los delitos de alto impacto, incluido el asesinato del secretario de Seguridad Pública de García, Nuevo León –el general de brigada retirado Juan Arturo Esparza–, ocurrido cuatro días después de su nombramiento. En el municipio vecino de Escobedo, Nuevo León, el secretario de Seguridad Pública renunció tras apenas unas horas en el cargo debido a actos de intimidación. Más de la mitad de los 51 puestos de secretario de Seguridad municipal en el estado de Nuevo León permanecen vacantes. Los estados de Zacatecas, Morelos, Guerrero y Durango reportaron ataques directos contra instalaciones de las fuerzas del orden, la mayoría perpetrados con granadas y armas automáticas de alto poder. Asimismo, se registraron ataques coordinados de represalia contra ocho instalaciones de la PGR (Procuraduría General de la República) y de la policía municipal tras una detención de alto perfil realizada el 20 de noviembre en Celaya; dichos ataques recordaban a los ocurridos el 11 de julio en Michoacán”.

Acerca de la percepción pública sobre la inseguridad, el informe indica que una encuesta nacional “reveló un aumento en la frustración ciudadana respecto a la actual estrategia de seguridad. En un discurso con motivo de este hito, el presidente destacó los logros alcanzados hasta la fecha y señaló que se han logrado avances en el fortalecimiento de las instituciones. En entrevistas posteriores, Calderón reconoció que la percepción pública representa uno de sus mayores desafíos”.

Inauguración del búnker de García Luna

Premiado por la DEA como uno de los supuestamente “mejores” policías de México, Genaro García Luna fue pieza clave en el sexenio de Calderón. Hoy preso en Estados Unidos por su sociedad con el Cártel de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad Pública de aquel gobierno encabezó directamente la estrategia de “guerra”.

En ese informe de noviembre de 2009 elaborado por la Embajada estadunidense destaca, precisamente, la referencia a la inauguración del búnker de García Luna, desde donde oficialmente se operó la Plataforma México con financiamiento de la Iniciativa Mérida, pero extraoficialmente se ejecutó una política ilegal de intervención masiva de comunicaciones y espionaje.

Al respecto, el informe mensual detalla que “el embajador Pascual encabezó el equipo de la Embajada de Estados Unidos en la ceremonia de inauguración del ‘Búnker’ el 24 de noviembre de 2009. Asistieron unos 500 invitados, entre ellos el presidente de México, otros distinguidos funcionarios del gobierno mexicano y destacados empresarios del país. Las instalaciones, de 7 mil metros cuadrados, servirán como centro de operaciones de información de ‘Plataforma México’, conectando más de 600 puntos en todo el territorio nacional, incluidas 169 estaciones de la Policía Federal”.

Acerca de la cooperación estadunidense, se apunta que “las tecnologías de software proporcionadas por el gobierno de los Estados Unidos permitirán a la SSP desarrollar un ‘Marco Nacional de Respuesta’ nuevo, uniforme y estandarizado para la coordinación y comunicación entre múltiples agencias, con el fin de proteger a la población y desempeñar funciones críticas inmediatamente después de un desastre”.

Asimismo, refiere que “el objetivo de la asistencia patrocinada por el gobierno de Estados Unidos es dotar a la SSP [mexicana] de capacidades fundamentales estandarizadas (similares a las de las agencias DHS [Departamento de Seguridad Nacional], DOJ [Departamento de Justicia] y FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] en procesos de gestión de incidentes, protocolos, procedimientos de mantenimiento del orden público y otras funciones operativas y de información. El centro permitirá a la SSP responder de manera rápida y eficaz mediante procedimientos coherentes, un lenguaje común para incidentes y protocolos de comunicación estandarizados, además de garantizar una comprensión compartida de la situación (conciencia situacional común) y del panorama operativo desde el centro de mando nacional”.

Según la Embajada, el centro que dejaban en manos de García Luna situaba “a México por delante de otros países desarrollados en materia de preparación para emergencias y actuación policial ‘durante y después’ de incidentes de diversa índole (ya sean naturales o provocados por el hombre), abarcando todas las zonas geográficas afectadas y a los cuerpos de seguridad a nivel nacional”.