Debido al cambio climático, las tormentas sobrepasan la capacidad de la represa de la Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre. La estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa autoriza descargas de agua, las cuales terminan inundando las tierras rurales en el Bajo Lempa, perjudicando a familias de bajos recursos

Tecoluca, El Salvador. Por décadas, comunidades pesqueras y agrícolas pobres del sur de El Salvador han pagado los platos rotos por la electricidad generada en una de las cinco represas del país. Debido a las lluvias constantes y a veces extremas, el embalse debe liberar agua que termina inundando la zona baja donde viven las familias.

Ubicadas en el llamado Bajo Lempa, decenas de esas comunidades sufren año tras año inundaciones durante la época lluviosa –de mayo a noviembre–, cuando el cauce del río se desborda por aquellas descargas y anega sembradíos de maíz, frijoles y otros cultivos, además de impactar la pesca y otros medios de vida.

La ecorregión se localiza en la parte final de la cuenca del río Lempa que recorre tres países centroamericanos. Nace en Guatemala, penetra parte del territorio de Honduras y luego ingresa a El Salvador, donde serpentea desde el norte hasta desembocar en el océano Pacífico, en el sur del país.

La cuenca del río Lempa abarca 18 mil 240 kilómetros cuadrados (km), compartida con Honduras (30 por ciento) y Guatemala (14 por ciento). En El Salvador, se extiende por algo más de la mitad del territorio, que sobrepasa los 20 mil km cuadrados.

Se calcula que unas 5 mil familias viven en el Bajo Lempa. Se dedican a la agricultura y pesca de subsistencia y a la ganadería no intensiva, aunque también hay otras –oriundas de otras regiones del país– con más dinero que han acaparado tierras para producir caña de azúcar.

“En los 32 años que tengo de vivir aquí, he sido afectada igual que el resto por muchas inundaciones”, dijo Celina Menjívar, una residente de San Bartolo, uno de los asentamientos o comunidades –como les llaman localmente– del Bajo Lempa. Se dedica a la agricultura en esta ecorregión de unos 9 mil kilómetros cuadrados.

“Siembro en una parcelita familiar maíz, ajonjolí, pipián (Cucurbita argyrosperm, un tipo de calabacín), pero cuando viene la inundación todo se pierde y al final nos quedamos sin nada”.

Además de la agricultura de subsistencia, un grupo de unas 50 familias montaron una cooperativa para la producción orgánica de nueces de marañón (Anacardium occidentale). Consiguieron exportar hacia Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, tras lograr la certificación como productores orgánicos.

Pero el aumento de los costos de producción y la competencia de precios más baratos –sobre todo por parte de India– ha dificultado las exportaciones en los últimos dos años. Por ello, la cooperativa busca impulsar nuevos productos, como pistachos (Pistacia vera L.) y maní (Arachis hypogaea).

“Hemos hecho el esfuerzo para lograr que los productores por lo menos puedan vender su semilla (de marañón)”, aseveró la coordinadora administrativa de la cooperativa, Brenda Cerén, a IPS.

Impacto en los más vulnerables

La mayoría de residentes del Bajo Lempa formaron parte de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se asentaron en las riberas del río tras recibir tierras en la región, como parte del proceso de desmovilización al finalizar la guerra civil en 1992.

Desde 1980, el Salvador vivió una cruenta guerra civil. Dejó unos 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos, en un país que actualmente tiene 7 millones 600 mil habitantes.

“La mayor parte de las inundaciones no es por las lluvias en sí, sino por las descargas de la presa”, señaló Menjívar, refiriéndose a la estatal Central Hidroeléctrica 15 de Septiembre. Es la mayor del país y está localizada río arriba, entre los departamentos de San Vicente y Usulután, en el centro salvadoreño.

Otro residente de San Bartolo, un exguerrillero de 77 años, Manuel Mejía, agregó: “Cuando hay inundaciones aquí se pierde todo, los cultivos, ganado, hasta los enseres de las casas, todo”. Asimismo, informó a IPS que el periodo de lluvias de este año no produjo inundaciones porque las tormentas iniciaron tarde. Eso permitió que los canales de drenaje –ubicados a lo largo de la carretera que conduce a la zona– no se llenaran. De esta manera, pudieron resistir las precipitaciones del fin del ciclo lluvioso en noviembre.

Los periodos de lluvia –cada vez más impredecibles y extremos, consecuencia del cambio climático– generan tormentas intensas en periodos cortos. Como consecuencia, la capacidad del embalse se ve superada y se autorizan descargas de agua.

De ahí que esas familias pobres del Bajo Lempa pagan el costo de que esa represa pueda generar electricidad al resto de sectores del país, entre ellos los que más ingresos generan, como los grupos industriales y consorcios de bienes raíces. Por su giro empresarial, están entre los que más degradan el ambiente.

Esa realidad entra en el concepto de justicia climática o, para el caso, de injusticia climática: grupos vulnerables reciben con más fuerza el impacto de eventos climáticos extremos que otros fomentan, ya sea en el plano nacional o global.

“Ciertamente hay una injusticia climática: gente o sectores más ricos del país, que viven en las zonas urbanas, que se benefician mayormente de la energía, mientras familias pobres, que viven a la orilla de los ríos, reciben el golpe”, explicó el ambientalista Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, a IPS. El Centro funciona como filial local del internacional Amigos de la Tierra.

Una lluvia leve que caiga durante dos o tres días genera descargas de la represa y el desbordamiento del río Lempa, que inunda los asentamientos. Sin embargo, las inundaciones más trágicas han estado vinculadas con tormentas tropicales o huracanes, como Mitch, ocurrido en octubre de 1998. “Durante el Mitch perdí 40 cabezas de ganado, se ahogaron”, contó el agricultor Luis Avilés, oriundo de la comunidad Taura.

Este huracán de categoría 5 –la más letal– causó lluvias tan intensan que la hidroeléctrica se llenó en cuestión de 36 horas. Pasó de descargar 500 metros cúbicos por segundo a 11 mil 500 metros cúbicos por segundo, según un estudio sobre inundaciones en el Bajo Lempa.

“Donde vivimos es como vivir con una enfermedad crónica, año con año estamos con esa zozobra: a saber si se va a inundar mucho este año, a saber si voy a perder mis cultivos, sin saber si sembrar o no”, acotó Avilés, de 53 años.

Bordas a punto de colapsar

Un tema crucial en el impacto de las inundaciones es el daño que ha sufrido, con el paso de los años, la borda que se construyó con fondos de la cooperación japonesa años atrás. No ha sido reparada desde entonces, según contaron residentes del Bajo Lempa a IPS.

La borda –el nombre de la elevación hecha de diferentes materiales en las orillas fluviales para contener el desbordamiento de las aguas– recorre 18 kilómetros a lo largo del margen derecho del río, desde la comunidad Cañada Arenera –en el municipio de San Nicolás Lempa– hasta la comunidad La Pita –en las cercanías de su desembocadura–.

“Estamos en la zona más vulnerable de la borda, la que recibe con más fuerza el impacto del Lempa, porque allá arriba hace una vuelta y luego se deja venir con ímpetu”, sostuvo Avilés, parado sobre la infraestructura dañada: un muro de rocas amarradas entre sí con alambre, de unos cuatro metros de altura desde el nivel del río. En efecto, este segmento –de cinco kilómetros de longitud– es el más dañado: el caudal del río ha ido socavando la base del muro y cada vez lo va minando más.

“Esta borda protege las comunidades de Santa Marta, San Bartolo, Rancho Grande, Taura, Puerto Nuevo, Naranjo y La Pita, y si llegara a colapsar sería una tragedia muy grande”, subrayó Avilés, también exguerrillero.

El deterioro del gavión de piedra es visible a lo largo de sus cinco kilómetros de extensión. El resto no está construido como muro de piedra, sino como una elevación de tierra, de unos dos metros de altura. También está dañado.

La reparación y mantenimiento de la borda es una de las demandas más sentidas por parte de los habitantes del Bajo Lempa, pero nunca ha sido atendida con eficiencia por ninguno de los últimos gobiernos.

Indemnización por daños

Avilés sostuvo que está claro que el país necesita generar electricidad, “pues de ella dependen muchos sectores, fábricas, industria, hogares, pero también habría que considerar el costo que nosotros pagamos aquí abajo”, en referencia a la energía producida por la Central 15 de Septiembre.

Esa y las otras cuatro represas del país las maneja la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Por esa razón, él y los demás entrevistados consideraron pertinente que el Estado se haga responsable por los daños y pérdidas causadas a las familias del Bajo Lempa. Sostienen necesario establecer un fondo de indemnización o compensación.

Avilés narró que el año pasado fue de leves inundaciones. Él perdió su cosecha de plátanos –bananos para cocinar– que había sembrado en una parcela de dos hectáreas. Fue a reclamar una indemnización a CEL por los 15 mil dólares invertidos.“Me dijeron que ellos no tenían nada que ver, que la presa está arriba, y la inundación fue abajo”.

El activista ambiental Gabriel Labrador –de la Unidad Ecológica Salvadoreña– señaló a IPS que esas familias tienen el derecho de demandar un fondo de compensación económica, ante las pérdidas y daños. “Es una injusticia, las descargas, las vulnerabilidades a las que se expone a las personas y a los territorios. Eso ya constituye una práctica sistemática que es injusta, que termina cargando con más daños y pérdidas a la gente más desfavorecida”.

Mientras tanto, los residentes del Bajo Lempa –acostumbrados ya a las inundaciones– saben que no les queda más que seguir luchando, a pesar de las adversidades.

“Eso sería lo justo, que CEL dijera: ‘les vamos a ayudar, por lo menos con 50 por ciento de lo perdido’, pero no da nada, pero ni modo, nos toca seguir echándole ganas”, afirmó la agricultora Menjívar.