La respuesta del gobierno federal a las amenazas en materia arancelaria por parte de Estados Unidos devino en la militarización fronteriza y en férreo control del tránsito de personas mediante la Guardia Nacional y organismos de inteligencia. Se acabó la política de puertas abiertas y trato digno a los migrantes que huyen de la miseria y la violecia centroamericana

El mayor riesgo a la seguridad nacional de México no es ni el terrorismo ni los ataques económicos, sino la intervención de potencias extranjeras, particularmente de Estados Unidos, afirman especialistas y expertos en relaciones bilaterales. Intervención que puede ser directa o indirecta, como la lograda por Donald Trump y sus amenazas de imponer aranceles a los productos mexicanos que ha devenido, inicialmente, en un cambio de rumbo en la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Emilio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias políticas y catedrático en el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), estima que lo más grave en el caso de los migrantes es que “coloca a la Guardia Nacional como una especie de organismo de usos múltiples, en lugar de ser preventiva, lo que genera dispersión de fuerzas y significa que el trabajo de inteligencia pasa a un nivel de obsolescencia porque los únicos que aparecen son los delincuentes, y se dispersa la fuerza para su combate, sin logística”.

Es decir, antes de las presiones de Trump en materia económica, no estaban contemplados 6 mil elementos para la frontera Sur, lo cual impacta porque se distrae el tema migratorio que conlleva a problemas de infraestructura para soldados, militares y policías, considera el experto en temas de seguridad nacional.

Agrega que se ha dicho que no sólo se busca contener, sino disuadir la migración, porque no hay frontera: hay porosidad. Sin embargo, considera, la migración no desaparecerá con 6 mil elementos, porque hay 52 zonas de paso en la frontera Sur del país. Es decir, queda desprotegida la zona selvática, la zona Norte de la frontera Sur. Va a ser muy difícil que se pretenda poner un muro humano, es muy costoso: el personal no va resistir 24 horas, aunque sean militares.

El doctor Vizarretea Rosales explica que López Obrador tendrá que cambiar su estrategia: “se fue a la basura, al enajenar su política de puertas abiertas, de acompañamiento y buen trato; eso se acabó, se llegó a un punto en que la frontera Sur tiende a ser revisada como si fueran las Fuerzas Armadas: hemos cerrado la frontera a cualquier migrante”.

El tema arancelario, estima, era de resistir y plantear ante la Organización Mundial de Comercio, con lo cual se hubiera obligado a Trump a tomar otras medidas. Eso le hubiera costado más al presidente estadunidense en su proceso electoral de reelección y se hubiera tenido una resistencia para valorar la medida y el alcance incluso de efecto de unidad nacional en Latinoamérica.

Para el experto, lo que ocurrió es una emboscada de Estados Unidos desde el lado más positivo; pero desde el lado más grave: una capitulación, lo que significa –en términos de una guerra– una derrota sin haber estado en combate, en la que México se volvió el lugar de contención, todo un muro para la migración hacia Estados Unidos.

Por su parte, el doctor y exinvestigador del Instituto Nacional de Migración, Carlos Calleros Alarcón, observa que la seguridad nacional se debe entender como la condición de soberanía, integridad territorial y salvaguarda de instituciones nacionales, así como gobernabilidad democrática y estado de derecho.

El también y exdirector General Adjunto de la Oficina de la Presidencia de la República explica las diferencias entre ambas naciones en seguridad nacional, al señalar que mientras Estados Unidos habla de seguridad hemisférica de círculos concéntricos en los cuales se incluye a sus vecinos del Norte (Canadá) y el Sur, para México es de índole interna con temas domésticos de guerrilla, migración y ciberseguridad, entre otros.

Agrega que en materia migratoria, México ha avanzado en modernizar la verificación de documentación de extranjeros en puntos de internación terrestre, marítimos y aéreos, para detección de personas buscadas por delitos de contrabando, narcotráfico, trata de personas, terrorismo, entre otros.

También se ha avanzado en el intercambio de información con los servicios de inteligencia nacionales, digitalización del Registro Nacional de Extranjeros, realización de operativos coordinados con instituciones de seguridad nacional, que forman parte del entramado de medidas de inteligencia puesto en marcha por ambos gobiernos para el control del flujo migratorio.

No obstante, el experto advierte problemas en materia de seguridad cibernética, como la confiabilidad de listas de información avanzada de pasajeros, sistemas biométricos confiables y verificables, homonimias y posibles errores en información en sus fichas particulares de inteligencia, seguridad cibernética de que pueda haber ataques a la base de datos. También, la ausencia de Habeas Data en los derechos de los afectados: el mecanismo para que los ciudadanos puedan revisar su información, porque pueden aparecer erróneamente vinculadas con ataques terroristas o delictivos o en alerta migratoria, como ha ocurrido con algunos extranjeros que han optado por su naturalización, sin que haya mecanismos para que puedan corregirlo.

“Estados Unidos considera su seguridad nacional fronteras afuera, mientras que en México la seguridad nacional ha tenido que de ver fronteras adentro, con la búsqueda de enemigos internos que pretenden desestabilizar al país, por vía guerrillera o presencia comunista extranjera”, apunta el doctor Calleros Alarcón.

Al distinguir las amenazas a la seguridad nacional de México, entre ellas la migración, el experto señala que algunas son más probables que otras: algunos riesgos son posibles pero no necesariamente probables, y algunos pueden ser de seguridad pública, pero no de seguridad nacional.

Sin embargo, subraya necesario atender las amenazas con responsabilidad y seriedad y sin caer en paranoias, ni enfrascarse en una seguridad estricta. Del problema migratorio, dice, no debe dislocar ni alterar la vida fronteriza, antes bien debe contribuir al desarrollo económico regional, en el que la seguridad fronteriza debe ir acompañada de respeto a los derechos humanos.

México ha reforzado la seguridad en las fronteras Norte y Sur, incluye la revisión exhaustiva a pasajeros y equipaje, lo cual ha dado lugar a la inclusión del control información biométrica en pasaportes, visas y registro en la Lista de Información Avanzada de Pasajeros, alimentadas por órganos y agencias de inteligencia de todo el mundo, particularmente de Estados Unidos, Europa e Israel, acota.

Asimismo, Calleros Alarcón destaca el Sistema Integral de Operación Migratoria del INM, el Cobada en la Secretaría de Gobernación, y la cooperación con Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, para reforzar los sistemas de software, equipamiento y producción de visas con tecnología de punta para detectar posibles internaciones a territorio mexicano con propósitos lesivos a la seguridad nacional.

Para el especialista en seguridad nacional e inteligencia, los nuevos paradigmas de amenazas para México en la materia, además del acecho estadunidense permanente (espionaje, intervención extranjera, bloqueo ante delincuencia organizada, entre otros), que lo llevó a elaborar lo que considera la Agenda Nacional de Riesgos que comparte con este semanario.

El reto de las Fuerzas Armadas frente a la seguridad pública

Yadira Gálvez Salvador, profesora investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que con la operación de la Guardia Nacional aún hay muchas dudas e incertidumbre sobre su “conformación y desarrollo; sus alcances, organización, estructura, doctrina, equipamiento, mecanismos de control de confianza y certificación; protocolos de uso de la fuerza, y de actuación con los detenidos”.

Agrega que “López Obrador apuesta por dar un papel central a los militares en la estrategia de seguridad y creación de la Guardia Nacional, a partir de considerar que las Fuerzas Armadas son las instituciones más confiables; no hay policías capaces de enfrentar a la criminalidad y éstas son corruptas o están infiltradas por la delincuencia; y la crisis de inseguridad requiere de respuestas inmediatas, incluyendo el despliegue de este cuerpo”.

Así, dice la catedrática, la ampliación del rol de los militares en seguridad pública se debate entre los referentes de la “policialización” militar y “militarización” de la seguridad pública; relaciones civiles-militares, conducción y control civil de las políticas de seguridad en un régimen democrático, transparencia y rendición de cuentas; y los retos de conformación de la Guardia Nacional en su estructura, diseño de fuerzas, reclutamiento y capacitación.

Gálvez Salvador, quien participa en el proyecto de investigación Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y la defensa contemporáneas, de la UNAM –parte del cual comparte con Contralínea–, asegura que en el corto plazo es imposible prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la delincuencia organizada.

“La capacidad de fuego, apropiación de territorios y daños que provoca la convierten en un problema de seguridad nacional que ha requerido de la participación militar para enfrentarlo”, acota.

El punto fino al respecto, señala, es la insistencia del Ejecutivo de apoyarse en las Fuerzas Armadas para atender la seguridad pública a partir de su despliegue y presencia permanente, situación que, si bien esta prevista en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional, no resuelve el problema de fondo sobre la inexistencia de un marco legal que regule la participación militar en estas tareas en términos de temporalidad, tipo de operaciones y límites de su actuación.

Y el punto clave es el tipo de participación que tienen los militares y su relación con las autoridades civiles: “si se trata de apoyo logístico, operacional, de información e inteligencia a las policías para actuar contra las organizaciones criminales, con temporalidad determinada y acciones concretas; o bien si su participación se profundiza, se mantiene en el tiempo y gradualmente o se amplía hacia las tareas de seguridad pública, hasta llegar a ejercer esas funciones que son propias de las autoridades civiles.

Gálvez Salvador indica que la apuesta por la Guardia Nacional debería ser hacia el primer escenario, con el objetivo de consolidar una nueva fuerza que permita restituir las fronteras entre seguridad interior y seguridad pública, y se acoten las funciones militares en esta última hasta retirarlos.

“Los resultados dependerán tanto de la implementación del nuevo cuerpo y de sus capacidades para desarticular las organizaciones criminales, atender los delitos de alto impacto y reducir la violencia, como de la trayectoria de las Fuerzas Armadas, en la medida en que han señalado que la prioridad de éstas es la seguridad de la población”, subraya.

Para la investigadora, el problema de fondo es la brecha que existe en la concepción de la Guardia Nacional: la oposición, las organizaciones civiles y organismos de derechos humanos, pugnaron por garantizar el carácter civil de la misma y porque se creara un cuerpo policial respetuoso de los derechos humanos.

“En cambio, el presidente y su equipo mantienen la perspectiva de un cuerpo más apegado a la lógica militar, para garantizar la disciplina interna y potenciar sus capacidades de actuación, poniendo énfasis en que estarán apegados a las normas de uso de la fuerza proporcional y al respeto de los derechos humanos”.

Agrega que “el mando de la Guardia Nacional es importante, por las implicaciones que ello tiene en términos operativos y sobre el tipo de doctrina, disciplina y formación que se desarrollará al interior de este cuerpo. De nada servirá que sus miembros se presenten como sumamente disciplinados y con capacidades físicas (en términos militares), si su formación no va acompañada de preparación para el ejercicio de tareas policiales, respeto a derechos humanos y protección de personas.”

Al tiempo que, necesariamente, los miembros de la Guardia Nacional tienen que pasar por medidas de control de confianza y la institución debe establecer procesos de certificación, tanto internos como externos. Por lo tanto, uno de los retos que tendrá que enfrentar la Guardia Nacional será la capacitación de sus elementos en tareas policiales, lo que incluye asuntos relativos a su participación en investigación, manejo de los detenidos y su presentación ante las autoridades correspondientes, y protocolos para el uso de la fuerza.

El análisis de las relaciones cívico-militares debe centrarse en prerrogativas militares de organización interna, ejercicio de los recursos, participación en el diseño de las políticas públicas de seguridad, seguimiento y control de actividades y operaciones desplegadas, incluyendo transparencia y rendición de cuentas. El ejercicio de estas funciones y la limitación de las actividades militares es una clara responsabilidad de los civiles.

La Guardia Nacional tendrá que desarrollarse a partir de una estructura que incluya capacidades de atención a la población y proximidad, pero también de unidades especializadas dedicadas a la atención de los delitos de alto impacto y de las actividades de los grupos de delincuencia organizada.

La integración de los elementos provenientes de tres distintas fuerzas es una cuestión que va más allá de los números y se relaciona con la estructura, cultura organizacional, formación, doctrina y disciplina de cada una de las corporaciones.

A mediano y largo plazo, la consolidación de la Guardia Nacional requerirá de la homologación de la doctrina, los elementos disciplinares, la estructura de mando y, lo más difícil, el desarrollo del espíritu de cuerpo y de su identidad.

El reto que enfrenta el gobierno de López Obrador no es menor: reducir la violencia, frenar la criminalidad, consolidar un cuerpo de seguridad nacional en 5 años y, por supuesto, impulsar un proyecto más amplio de seguridad para desarticular organizaciones criminales, políticas de prevención de la delincuencia y violencia, así como la atención a las causas profundas de estos fenómenos, sin que se caiga en la criminalización de la pobreza.

Emilio Vizarretea Rosales, doctor en ciencias políticas por la UNAM y experto en seguridad nacional, asegura que la Guardia Nacional tenía dificultades menores, de opinión ideológica y política que de pleno conocimiento de causa, pero ahora ya están las cuatro leyes complementarias de la reforma al Artículo 21 constitucional. Por ello se recuperó la discusión sobre el uso de las armas, letalidad, detención preventiva en primera instancia y cómo construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que implica una reestructuración de la forma en que participan los gobiernos de los estados.

Había un modelo muy ambicioso de seguridad nacional que permitía entender que se podía combatir a fondo la delincuencia organizada con un trabajo sólido con las áreas de inteligencia, sin embargo se ha limitado, sobre todo por los recursos económicos; ése es el verdadero problema: están haciendo reservas de dinero para que no les falte a los programas sociales y proyectos prioritarios del presidente.

El catedrático indica que el problema de la Guardia Nacional está en el reclutamiento, por la razón de que al principio dijeron que ganarían 20 mil pesos al mes, luego lo bajaron a 10 mil, para quedar en 15 mil por recluta, lo cual no es atractivo para los jóvenes y gente que deseara hacer carrera.

Así, la expectativa en ese cuerpo ha decrecido rápidamente en todos los aspectos: “se buscaba una policía de proximidad, de reconocimiento, intocables que conocieran el barrio y actuaran en él, pero no se logrará integrar hasta dentro de 3 años, lo cual va a chocar con la conformación de la Guardia Nacional”, concluye el doctor Vizarretea Rosales.

José Réyez

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