Habitantes del ejido La Sierrita deberán pagar más de 5.5 millones de pesos a la canadiense Excellon Resourses para que les sean restituidas sus tierras, donde la minera explotó oro, plata y zinc. La sentencia no termina de cubrir el derecho de acceso a la justicia de los ejidatarios: abogado de Prodesc
Más de 4 años tuvieron que pasar para que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, emitiera una sentencia en el juicio mercantil entre habitantes del municipio La Sierrita de Galeana, ubicado en el municipio de Tlahualilo, Durango, y la minera canadiense Excellon Resourses.
Aunque pareciera que la resolución de la magistrada Marcela Gerardina Ramírez beneficia a los ejidatarios –pues exige la restitución de las 1 mil 100 hectáreas para los habitantes de uno de los municipios más pobres de la región–, ésta indica que ellos deben pagar a la empresa canadiense más de 5.6 millones de pesos por supuestos daños.
La sentencia establece el término de la relación contractual entre ambas partes, por lo que Excellon tendrá que hacer entrega inmediata de las tierras pertenecientes a los ejidatarios. Pese a la resolución favorable para los ejidatarios, la misma sólo les garantiza el derecho a la tierra y contempla una cláusula penal por 5 millones 500 mil pesos a favor del ejido, que debería pagar la minera.
“Respecto al derecho de acceso a la justicia, de nueva cuenta las y los ejidatarios ven violentado su derecho, pues en la misma sentencia la magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón ordena al ejido pagar a la empresa minera la cantidad de 5 millones 612 mil 38 pesos, manteniendo [prácticamente] un embargo sobre las tierras arrendadas hasta en tanto el ejido no pague a la empresa minera la cantidad señalada”, informa Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, AC (Prodesc), organización que lleva el caso.
Sin acceso pleno a la justicia
“Esta es una sentencia que no termina de cubrir el derecho de acceso a la justicia de los ejidatarios de La Sierrita, porque ordena la devolución pero también condena al ejido por supuestos daños causados a la empresa minera, daños que la empresa no alcanzó a demostrar plenamente”, dice el abogado Juan Antonio López Cruz, coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc.
Después de 7 meses de esperar a que se dictara la sentencia, el Tribunal señala que el paro –un bloqueo carretero cercano a la mina promovido por los ejidatarios, del 9 de julio al 31 de agosto de 2012– sí existió y que sí cerró la mina; entonces, por ese cierre se impone el pago de 5.5 millones de pesos, explica López Cruz.
“Aquí se están violentando de nuevo los derechos de los ejidatarios; sin embargo, el Tribunal no para con esto, se contradice en la sentencia y establece que en el mismo juicio quedó demostrado un incumplimiento de contrato por parte de la mina, mucho antes del supuesto paro… Tampoco toma en cuenta el intento del diálogo, de reuniones y negociación.
“El mismo Tribunal no puede decir en un juicio [donde las dos partes reclaman la culpabilidad del otro] que los dos son culpables y condenarlos al pago de una cantidad similar… Con este análisis se vuelve a violentar al ejido”, dice el abogado de los ejidatarios.
En los 4 años que duró el juicio, la minera no pagó renta de un espacio que sí utilizó, explotó y aprovechó, sin que el Tribunal hiciera un pronunciamiento al respecto. El coordinador del área de justicia trasnacional de Prodesc acusa: “Estamos hablando de que eran más de 7 millones lo que pagaban de renta al año [Excellon al ejido] y por ese motivo no se pronuncia… Es necesario retomar el hecho de que el acceso a la justicia para los grupos vulnerables se sigue violentando, no hay acceso real. Se siguen sobreponiendo los intereses políticos y económicos de las grandes empresas por encima de los derechos de las comunidades”.
Justicia lenta y amañada
“Aquí necesita tener uno mucha resistencia porque este tipo de luchas son largas”, dice en entrevista Juan Daniel Pacheco Álvarez, presidente del comisariado ejidal La Sierrita, quien ha estado al frente del conflicto desde 2012.
Comenta que la decisión de la Asamblea fue terminar el contrato y que les regresaran la 1 mil 100 hectáreas. En ese sentido, la sentencia fue un triunfo. “Pero también nos están multando con 5.5 millones y a la mina también le imponen una multa. Nos están regresando las tierras y no: esto es un embargo”, dice el ejidatario.
El proceso no termina, pues el ejido promoverá un amparo ante la decisión de la jueza, porque la magistrada sabe que las tierras ejidales son inembargables e intransferibles, dice Pacheco Álvarez. “Parece que resolvieron más como un juicio civil que como uno agrario”.
El artículo 64 de la Ley Agraria dice: “las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el último párrafo de este artículo. Cualquier acto que tenga por objeto enajenar, prescribir o embargar dichas tierras será nulo de pleno derecho.
“Las autoridades federales, estatales y municipales y, en especial, la Procuraduría Agraria, vigilarán que en todo momento quede protegido el fundo legal del ejido”.
Esta sentencia ocurre en un contexto de la promoción intensa de la minería en el estado: “el gobernador [José Rosas Aispuro] inauguró apenas una mina de otra compañía canadiense; más bien, fuimos el ejemplo de la mano dura que deben tener, así lo sentimos”, agrega el comisariado ejidal.
En medio de una crisis social y constante violación a los derechos humanos, los ejidatarios evalúan su caso y saben que no son el único en el país. “Hay una tendencia del gobierno mexicano en coordinación de las empresas mineras para beneficiarse. Los que sufrimos las consecuencias de las políticas económicas somos la gente más fregada; ya sea porque no nos llegan los apoyos o porque no tenemos la capacidad y solvencia para entablar juicios tan largos”.
Excellon ante la ONU
El caso de Excellon y el ejido La Sierrita forma parte del listado de más de 60 casos de violaciones a los derechos humanos, presentados ante funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el informe México: empresas y derechos humanos se indican diversos intentos por llevar a una negociación óptima el conflicto entre la compañía canadiense y los ejidatarios. El documento demuestra la falta de participación de las instancias federales para contribuir al bienestar de ambas partes, principalmente de los dueños de la tierra: “Con el gobierno federal se ha intentado dialogar a través de la Secretaría de Gobernación, sin tener respuesta a la solicitud de mediación. La empresa se ha negado a dialogar con la comunidad desde 2011”.
También se documenta ante la ONU que la comunidad buscó el diálogo con la empresa a través de diversos mecanismos, “como la interposición en 2011 de una queja ante la consejera de Responsabilidad Social Empresarial de la Industria Extractiva en Canadá, misma que no procedió por falta de voluntad de la empresa para entrar al proceso. En 2012, se utilizó el recurso de la instancia específica ante los Puntos Nacionales de Contacto de México y Canadá de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] por violación a las directrices para empresas multinacionales, la cual tampoco tuvo éxito por negativa de la empresa…”
En la denuncia ante el organismo internacional se indica que, durante el proceso de defensa, también “ha habido un proceso de criminalización, hostigamiento e incluso represión en contra de las y los defensores de la zona”.
Ejemplo de ello, dice, entre 2014 y 2015, cuando estaba por darse la resolución sobre el pago de rentas atrasadas en el Tribunal Agrario, “los ejidatarios de La Sierrita fueron objeto de una campaña mediática de desprestigio (particularmente en prensa escrita), con la intención de quitarle la legitimidad de sus demandas y favorecer a la empresa. Actualmente, con estos antecedentes, se identifica una etapa de riesgo especialmente para las y los defensores de la comunidad en el marco de la sentencia por el juicio de rescisión del contrato de ocupación temporal”.
La millonaria canadiense
La mina La Platosa cubre 20 mil 947 hectáreas y fue adquirida por la Compañía Excellon en 1996. En ella, se explotan plata, plomo, zinc, cobre y oro, principalmente. Los resultados de la exploración, dice la información empresarial, ha demostrado que en esta región hay “un gran potencial para el descubrimiento de mineralización de manto de alto grado adicional y para el descubrimiento de gran tonelaje”.
En el espacio de explotación, se encuentra oro, plata, zinc y mineralización de sulfuro de mármol. “La mineralización es anómala en oro, un desarrollo nuevo y positivo en Platosa. Además de ser de importancia económica potencial, el oro puede servir como una herramienta para la perforación de vectorización futura”, indica Excellon.
La canadiense resalta que “La Platosa es la mina de plata de mayor calidad de México, con plomo y zinc, lo que la hace históricamente una de las minas de plata con menor costo en efectivo del país. La compañía se está posicionando para capitalizar proyectos infravalorados, centrándose en aumentar la producción de plata rentable de La Platosa y los recursos explotables a corto plazo”.
Érika Ramírez
[JUSTICIA]
Contralínea 517 / del 05 al 11 de Diciembre 2016
