A pesar de que el gobierno de AMLO canceló las pensiones vitalicias para los expresidentes de la República, el priísta Ernesto Zedillo Ponce de León continúa cobrando por ese concepto 149 mil 203 pesos mensuales. Los recursos los eroga el Banco de México y, tan sólo en 2026, representan un gasto para el pueblo de casi 1 millón 800 mil pesos. El dato de su manutención es revelador, porque este político es autor del mayor latrocinio contra México: el Fobaproa. La deuda que Zedillo socializó para rescatar a los más ricos es impagable, de acuerdo con la presidenta Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador. Este último denunció que, de 1997 a la fecha, se ha pagado 1 billón 600 mil pesos sólo por intereses, y ni un solo peso del capital. Por su parte, información del IPAB descubre que el saldo de los pasivos netos del Instituto al cierre de junio de 2026 fue de 1 billón 10 mil 35 millones de pesos. A ello se suma que el más reciente informe del Comisario detectó que el IPAB cuenta con 0.52 pesos en su activo circulante para solventar los pasivos, por lo que no podría pagar de manera inmediata la totalidad de su deuda a corto plazo, por más de 228 mil millones de pesos

Autor del mayor latrocinio contra el pueblo de México –el rescate bancario del Fobaproa– y de las privatizaciones de los Ferrocarriles Nacionales, las pensiones, los satélites, puertos y aeropuertos, entre otras, el priísta ultraneoliberal Ernesto Zedillo Ponce de León sigue expoliando las finanzas públicas al cobrar, cada mes, una pensión vitalicia por 149 mil 203 pesos.

Los recursos públicos con los que se paga su manutención los eroga el Banco de México y, tan sólo en 2026, representan un gasto para el pueblo de 1 millón 790 mil 436 pesos. De acuerdo con el Banxico, la pensión la paga directamente el Estado mexicano, y cuenta con un aumento mensual de 6 mil pesos respecto de lo que se le pagaba en 2025: 143 mil 020 pesos.

El priísta sigue cobrando dicha pensión vitalicia a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló este gasto que hacía la Presidencia de la República a favor de quienes habían sido titulares. Por ello, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña se quedaron sin ese privilegio. Pero Zedillo había renunciado a la pensión de expresidente y se había quedado sólo con la pensión del Banxico, a pesar de ser el enemigo número 1 de las pensiones públicas: en su sexenio se dio el mayor golpe a la clase trabajadora al privatizar el régimen de pensiones del IMSS.

Como se recordará, en 1997 y en plena crisis, el entonces presidente promovió ante el Congreso de la Unión –entonces dominado por el PRI y el PAN– la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro y la extinción del sistema de pensiones de 1973. Esto creó un negocio especulativo en el sector financiero mediante las Afores, y dejó en total vulnerabilidad a los ahora adultos mayores. Por ello, el gobierno de López Obrador tuvo que crear el solidario Fondo de Pensiones para el Bienestar y, con esto, evitar una crisis social producto de las jubilaciones que pagan esas instituciones privadas.

Zedillo, autor del mayor latrocinio contra México

Aquel 1997 no sólo estuvo marcado por el golpe al sistema de pensiones, sino también por la legalización del Fobaproa –hoy IPAB–, considerado el mayor latrocinio que ha vivido el pueblo de México. En plena celebración de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de aquel año, el PRIAN convalidó que el gobierno socializara la deuda de los bancos, privatizados apenas un sexenio antes, con Carlos Salinas de Gortari.

Tres años antes, la banca comercial había quebrado. El contexto fue el llamado “error de diciembre” de 1994: a 20 días de haber asumido la Presidencia, el gobierno de Zedillo admitió que el país no contaba con reservas internacionales y devaluó la moneda mexicana: empresas y bancos colapsaron mientras millones de familias perdieron su patrimonio y sus ahorros. No obstante que la crisis era generalizada, el presidente priísta declaró sólo el rescate de los más ricos con dinero público.

Incluso en 1996, Zedillo aseguró en su Segundo informe de gobierno que el costo de aquel rescate ascendería a sólo 180 mil millones de pesos. De acuerdo con su mensaje, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1996, el doctor en economía afirmó que los apoyos canalizados a través del sistema bancario “no son para respaldar a los accionistas de los bancos. Son para proteger la integridad de los recursos depositados por las personas, las familias y las empresas en la banca, así como para auxiliar a los deudores a fin de que participen y contribuyan en la recuperación de la economía. Por eso, se han comprometido recursos fiscales, estimados a precios de 1996 en más de 180 mil millones de pesos, que se irán erogando a lo largo de varios años”.

Nada más alejado de la realidad: el pasado 4 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo denunció que esa deuda “nunca se va a acabar de pagar”. Agregó que en aquel gobierno se “endeudó a la gente. Se elevaron las tasas de interés, se devaluó el peso, y entonces el gobierno de Zedillo decide rescatar a los bancos y a las empresas, a las grandes empresas, con mucha corrupción. ¿Con qué las rescataron? Con el recurso público, con el dinero de la gente. Es el llamado Fobaproa, hoy IPAB, que seguimos pagando desde entonces, una deuda impagable”.

Al respecto, el pasado 9 de septiembre, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, detalló que el problema con esa deuda es que no se ha pagado ni un solo peso del capital: de 1997 a la fecha, se ha pagado 1 billón 600 mil pesos sólo por intereses.

Al participar en la conferencia presidencial, el funcionario explicó: “como cualquier deuda, paga principal y paga intereses. Esos intereses tienen dos componentes: un componente que paga el equivalente a la inflación y otro que paga la parte real. Básicamente lo que se paga con cuotas del IPAB –que vale la pena recordarlo: por primera vez no van a ser deducibles para los bancos a partir del siguiente año; además de todo, las cuotas del IPAB las hicieron deducibles para los bancos, [pero] a partir del siguiente ejercicio ya no van a ser deducibles–, bueno, con eso se paga una parte de los intereses de la parte, la parte real.

“Entonces, la parte nominal y el principal de los bonos no se paga, se refinancia con nuevos bonos. Eso ha hecho que no se pueda pagarse hasta la fecha. Hemos pagado casi 1.6 billones de pesos a lo largo de estos años y no se ha pagado un solo peso; al contrario, ha crecido.”

Herencia de Zedillo, deuda impagable

Información del IPAB descubre que, al cierre de junio de 2026, el saldo de los pasivos netos del Instituto fue de 1 billón 10 mil 35 millones de pesos; mientras que el saldo de los activos totales al mismo periodo, registrados a su valor estimado de realización, fue de 232 mil 182.0 millones de pesos.

Los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que presenta la SHCP al Congreso de la Unión, dejan al descubierto el círculo vicioso del que habló el secretario Amador: “durante el periodo de abril a junio de 2026 se obtuvieron recursos por 55 mil 680.0 millones de pesos provenientes de la colocación de los Bonos; de los cuales, 55 mil 631.0 millones de pesos corresponden a subasta primaria y 49.0 millones de pesos a colocación por medio de Cetesdirecto”.

El documento refiere también que “se recibieron 10 mil 35.0 millones de pesos por concepto de las Cuotas. De este total, el 75 por ciento se destina al pago de las obligaciones financieras derivadas del Programa de Apoyo

Ahorradores de la Banca. Con los recursos de refinanciamiento y del 75 por ciento de las Cuotas, así como con los intereses generados por la inversión de dichos recursos líquidos, el Instituto pagó las obligaciones siguientes: pago de principal e intereses de los Bonos por 70 mil 558 millones de pesos”.

Asimismo, se explica que “los recursos de refinanciamiento aplicados durante el periodo de abril a junio de 2026 al pago de obligaciones financieras del Instituto sumaron 50 mil 261 millones de pesos. Por su parte, en este

mismo periodo, se aplicaron recursos provenientes de trasferencias fiscales a través de Ramo ‘Programa de apoyo a ahorradores de la banca’ por 17 mil 797 millones de pesos y del 75 por ciento de las Cuotas recibidas por las IBM [instituciones de banca múltiple] por 2 mil 499 millones de pesos para el mismo fin. Cabe señalar que, las diferentes fuentes de recursos del Instituto no presentan, necesariamente, una aplicación que refleje el monto exacto que fue ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o uso de activos líquidos en ese periodo”. Dichas cuotas son las que, de acuerdo con el secretario de Hacienda, la banca deduce de sus impuestos.

Informe del comisario del IPAB

La deuda heredada por Zedillo con el Fobaproa-IPAB enfrenta otras dificultades. Y es que el informe del Comisario –de fecha 24 de marzo de 2026– refiere que “del análisis realizado por la Dirección General de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua, se observó que los montos reportados en los estados financieros al cierre del ejercicio 2025 reflejan una

liquidez de 0.52, lo que indica que, por cada peso de deuda a corto plazo, el IPAB cuenta con 0.52 pesos en su activo circulante para solventar los pasivos correspondientes; lo que indica que no podría pagar de manera inmediata la totalidad de su deuda a corto plazo que asciende a 228 mil 124 millones 146 mil 862 pesos”.

Agrega que, respecto del activo total, “se observó un decremento de 6 mil 606 millones 443 mil 615 pesos, equivalente al 0.53 por ciento, al pasar de 1 billón 235 mil 21 millones 781 mil 686 pesos en 2024 a 1 billón 228 mil 415 millones 338 mil 71 pesos en 2025. Las variaciones de mayor relevancia se encuentran dentro de los activos circulantes, los cuales tuvieron un decremento del 11.57 por ciento, al registrar 118 mil 349 millones 35 mil 892 pesos en 2025, comparado con el año previo, la variación se presenta principalmente en la subcuenta de ‘Efectivos y Equivalentes’, la cual tuvo un monto de 2 millones 674 mil 315 pesos, lo que significó un decremento del 99.99 por ciento, que corresponde a 22 mil 395 millones 472 mil 568 pesos”.

El informe del Comisario también reporta que el pasivo total registró un decremento de 0.53 por ciento, equivalente a 6 mil 601 millones 141 mil 486 pesos, al pasar de 1 billón 235 mil 68 millones 711 mil 63 pesos en 2024 a 1 billón 228 mil 467 millones 569 mil 577 pesos en 2025. “La variación más importante se presenta dentro del Pasivo Circulante que tiene un decremento de 16.71 por ciento equivalente a 45 mil 775 millones 927 mil 653 pesos, la principal variación se encuentra en la subcuenta ‘Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo’ con un total 208 mil 920 millones 851 mil 297 pesos, equivalente a 19.22 por ciento menos que lo registrado en 2024, que alcanzó 258 mil 634 millones 774 mil 857 pesos”.