A los 110 represores de la dictadura militar argentina condenados en 2010 –entre los que se encuentra el exdictador Jorge Rafael Videla– se podrían sumar otros 160 militares este año. Entre los personajes que serán enjuiciados, se encuentran los excapitanes Alfredo Astiz, el Ángel de la Muerte, que se infiltró en grupos opositores para entregar a sus miembros, y Jorge Eduardo Acosta, quien supuestamente tomaba las decisiones sobre tipos de torturas y desapariciones. Aunque las organizaciones sociales celebran la realización de estos procesos, consideran que aún se está muy lejos de alcanzar la justicia para las víctimas
Liomán Lima / Prensa latina
Después de 26 años, la justicia parece llegar a Argentina: 110 represores de la dictadura militar que robó 30 mil vidas a este país entre 1976 y 1983 fueron condenados en 2010 por crímenes de lesa humanidad.
Para este 2011, existen requerimientos de elevación a juicio de otros 160 exrepresores y quedan otros 800 procesados a la espera de vistas orales, informó la Procuración General.
El número de sentenciados el pasado año superó el total desde 1985, cuando un grupo de exmilitares enfrentó los llamados Juicios de las Juntas, procesos por transgresiones a los derechos humanos que terminaron en papeles e indultos de la mano del expresidente Carlos Menem.
En 2006, por iniciativa del entonces mandatario Néstor Kirchner, la Corte Suprema anuló la amnistía y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que justificaban las acciones represivas en un supuesto cumplimiento del deber.
Desde ese año y hasta 2008, el número de penas dictadas fue de 68, mientras en 2009 las recibieron otras 30 personas, indican datos del Centro de Información Judicial (CIJ).
En diciembre pasado, cerca de 45 exmilitares recibieron sentencias, entre ellos el exdictador Jorge Rafael Videla y el exjefe del Ejército Benjamín Menéndez, condenados a cadena perpetua en prisiones comunes.
Unas semanas después de ese anuncio, un tribunal federal ordenó reabrir viejas causas contra otros cabecillas y oficiales de la dictadura.
Así, casi tres décadas después, la cárcel es una posibilidad para el exministro del Interior, Albano Harguindeguy, y otros cinco expolicías pertenecientes a uno de los más de 600 centros penitenciarios clandestinos que existieron en el país.
A mediados de enero de 2011, continuaron los juicios contra una veintena de exmilitares de la llamada Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor unidad de detenciones de la dictadura, donde desaparecieron cerca de 5 mil personas, según cifras de organizaciones civiles.
Entre los 18 nuevos implicados están los excapitanes Alfredo Astiz, el llamado Ángel de la Muerte, que se infiltró en grupos opositores para entregar a sus miembros, y Jorge Eduardo Acosta, quien supuestamente tomaba las decisiones sobre tipos de torturas y desapariciones en la ESMA.
Las noticias de las condenas y la reanudación de los juicios por sí solas provocaron conmoción en los medios, pero sobre todo en los familiares de las víctimas, quienes todavía desconocen el destino de sus padres, esposos, hijos y nietos.
Estela de Carloto, líder de las Abuelas de Plaza de Mayo, afirmó que las sentencias eran el triunfo de la verdad y la justicia sobre la infamia y el ocultamiento.
El canciller argentino Héctor Timerman celebró también en nombre del gobierno el fallo contra los exrepresores, mientras su homólogo francés, Bernard Kouchner reconoció en un comunicado la valentía de juzgar a los responsables de crímenes contra la humanidad.
El premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel señaló que los juicios, más que venganzas, debían concebirse como llamados a evitar la repetición de hechos similares.
Tras el anuncio de las sentencias, manifestaciones de júbilo brotaron en las calles de Buenos Aires, pero también llamados de grupos civiles con alertas de que los juicios podrían ser insuficientes.
Juicio no es sinónimo de justicia
Diversos sitios digitales pertenecientes a organizaciones argentinas de derechos humanos, aunque reconocían la importancia de estos hechos, señalaban limitaciones del sistema jurídico para encausar a gran parte de los represores por falta de evidencias.
Videla, por ejemplo, uno de los artífices del régimen castrense, fue culpado por el asesinato de sólo 31 presos políticos en una unidad penitenciaria, mientras Harguindeguy, otro de los presuntos estrategas generales de suplicios y desapariciones, será enjuiciado por el secuestro de dos empresarios.
De 2006 a la fecha, más de 30 exmilitares, a pesar de ser procesados, no recibieron castigo por falta de pruebas, revela la Procuración General de la Nación.
En los 19 juicios concluidos durante 2010, la justicia argentina precisó absolver a nueve de ellos por no encontrar argumentos sólidos para justificar la sentencia, informó el CIJ.
Otro amplio número de exoficiales, al no existir material incriminatorio, nunca ha enfrentado procesos y vive en Argentina o exiliado, aunque es saber común los cargos y funciones que ocupaba durante los llamados “años de plomo”.
Según la local Asociación Derechos Civiles, se carece de pruebas para iniciar cientos de juicios por no haber vías a fin de demostrar los asesinatos o torturas o por los propios inconvenientes legales para realizar exámenes de paternidad a jóvenes supuestamente robados cuando eran niños.
Documentos de la Secretaría de Derechos Humanos denuncian que la mayoría de las víctimas durante ese periodo desapareció en los llamados vuelos de la muerte, en los que los detenidos eran drogados y arrojados vivos al mar desde aviones militares.
La organización Madres de Plaza de Mayo considera, por su parte, que alrededor de 500 menores, secuestrados o nacidos en cautiverio, fueron entregados a exjerarcas militares y sus allegados, quienes suplantaron las identidades de los verdaderos padres.
La fiscalía argentina indica que otro de los problemas para encausar a los represores es la carencia de testigos, no sólo por los 40 mil exiliados reportados durante la dictadura, según el Comité Intergubernamental para las Migraciones.
Aunque desde 2006 hasta la fecha, declararon más de 1 mil personas, la mayoría de los opositores encarcelados desapareció y no existen testimonios para demostrar los asesinatos.
En la causa seguida en estos días, por ejemplo, los exmilitares de la ESMA son acusados por las muertes de dos monjas francesas, de una joven suizo-argentina, de un grupo de Madres de Plaza de Mayo, así como por el martirio y persecución de centenares de opositores políticos, entre ellos el periodista Rodolfo Walsh.
Sin embargo, esos cargos no dicen nada si se comparan con cifras de asociaciones civiles que estiman las muertes en ese centro de detenciones en 90 por ciento del total de prisioneros.
Pero eso no es todo, la mayoría de los 196 exrepresores de la dictadura militar condenados desde 2006 está libre, según un informe publicado recientemente por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
El texto oficial indica que del total de sentenciados por delitos de lesa humanidad, sólo 41 permanecen encarcelados, mientras los otros 155 esperan en sus casas tras apelar ante la Cámara Nacional de Casación o la Corte Suprema de Justicia.
A mediados de enero, la agencia estatal Télam informó que un grupo de ellos pasó una temporada en el balneario de Mar del Plata, después de que un tribunal federal autorizara un periodo de veraneo allí.
De acuerdo con el texto de la Unidad Fiscal, existen “importantes demoras” en las ratificaciones de los dictámenes por tribunales de apelación y enfatiza que ese fenómeno fue más perceptible durante 2010, cuando se dictó la excarcelación de la mayoría de los implicados.
Ese informe judicial indica que de 2009 a la fecha, el número de exrepresores puestos en libertad creció el doble, en tanto la mayoría de los liberados (58 por ciento) son personas menores de 70 años de edad y en buen estado de salud, por lo cual no existen justificantes para esos procederes.
Señala igualmente que este fenómeno fue notoriamente perceptible durante 2010, cuando se dictó la excarcelación de una gran cantidad de exoficiales, principalmente por parte de la Cámara de Casación.
Acusaciones del Grupo Hijos, que asocia a descendientes de desaparecidos, y de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo apuntan a integrantes de ese tribunal de apelaciones por una supuesta complicidad con los acusados.
El año con mayor número de procesos y sentencias contra los exmilitares fue también el periodo en que la mayoría de ellos evadió la cárcel.
El Ministerio Público Fiscal argentino expresó que esa situación es preocupante y advirtió que los indultos ocurrieron pese a la oposición de ese ente judicial.
Organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos preguntan entonces si las sentencias seguirán en palabras o si 26 años después de la dictadura, la justicia, aunque tarde, llegará finalmente.
