Eso no es cierto -afirma Goirizelaia- Nosotros siempre hemos dicho y explicado en todos los sitios que somos una organización política, que tiene sus estatutos, sus alcaldes, sus concejales, sus cargos públicos, sus cargos electos, con una actuación política institucional y social y total y absoluta autonomía para tomar sus decisiones”.
Enfatiza la parlamentaria vasca: “Batasuna no es el brazo político de nadie. El Estado español sabe que Batasuna no es ETA, pero es una cosa que vende, que están intentando que la sociedad lo asuma”.
“Batasuna es Batasuna y ETA es ETA”, insiste contundente. “Creo que la sociedad de Euskal Herria tiene muy claro lo que es Batasuna, lo que somos y lo que queremos.
Y como ejemplo señala “ahí están las últimas manifestaciones en Bilbao y San Sebastián, donde miles de personas en las calles se pronunciaron contra la ilegalización de Batasuna”.
Manifestaciones que, no obstante estar prohibidas por instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Baltazar Garzón, se realizaron con cierta normalidad hasta que intervino la erzaintza (policía antidisturbios) para disolverlas.
Aún así, la protesta del sábado 14 de septiembre en Bilbao fue la más concurrida pese a que cientos de vascas y vascos fueron contenidos por la erzaintza a punta de chorros de agua, balas de goma y macanazos.
Goirizelaia señala sin tapujos: “Al Estado español no le interesa que se conozca en el mundo lo que nosotros pensamos, lo que queremos hacer, nuestras propuestas para sacar adelante al País Vasco y llevarlo a un escenario de democracia y de paz” (Ver recuadro 1).
“Por eso se silencia lo que pasa aquí y se silencia la voz y la palabra de la izquierda abertzale, fundamentalmente de Batasuna, y se intenta evitar que a través de nuestros responsables políticos esta opinión pueda salir a toda Europa y al resto del mundo.
Al respecto agrega que su organización enfrenta muchas dificultades para dar a conocer lo que sucede realmente en el conflicto vasco, por lo que llama “el boicot informativo” existente tanto en la prensa escrita como en la radio y televisión españolas.
La también delegada de Batasuna para América, confiesa que desde hace dos décadas “se ha intentado de todo y con todos los medios” para acabar con la izquierda abertzale (patriota, nacionalista, en euskera).
Desde “el ahogo económico y la creación de los GAL -agrupaciones para exterminar a la disidencia vasca- y el encarcelamiento de cantidad de gente y la tortura… Lo que no ha servido”, acota. (Ver recuadro 2).
Se pregunta: “¿y por qué sigue aquí la izquierda abertzale? -e inmediatamente responde- porque representa lo que las vascas y los vascos quieren: una EUSKAL HERRIA independiente y libre”.
Sin embargo, observa: “cuando estamos intentando explicar tanto en Euskal Herria como en el mundo las propuestas que tenemos de paz, de democracia, de construcción nacional, es cuando el juez Baltazar Garzón – que siempre ha querido ser el juez estrella en el planeta-, decide que va a ilegalizar a Batasuna y se pone en marcha el proceso”.
“Es decir: frente a nuestras propuestas de solución del conflicto vasco, el Estado español actúa política, judicial y represivamente”, por lo que sentencia rotunda que viven “en un estado de emergencia” en el país de Euskal Herria.
En este escenario es que se produce una profunda desconfianza en el sistema jurídico ibérico. “No tenemos ninguna confianza en la justicia española, porque no actúa como un poder independiente. Porque actúa a través de los dictados del gobierno de Aznar y de lo que dice el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, -nombrado por el Ejecutivo federal-“, explica.
“Por lo tanto, no hay independencia de poderes en España y al final la justicia es un instrumento del gobierno para llevar adelante sus fines políticos”.
Independientemente de la desconfianza en la justicia, la también parlamentaria vasca, vaticina: “vamos a agotar la vía interna” durante el proceso de ilegalización de Batasuna.
June Goirizelaia recuenta que el proceso de ilegalización de su partido lo puso en marcha el Estado español desde hace cuatro años.
Así, se recibieron los autos del juez Baltazar Garzón (de retención de 109 cuentas bancarias; de embargo de 75 locales; de cierre de todas sus sedes, y de suspensión, en definitiva, de las actividades de Batasuna), Cuando era Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, actual portavoz del PP en el Parlamento vasco.
Y así inicia la entrevistada un recuento del acoso judicial al que se sometió a la organización vasca: Así fue “que se decidió que todas las organizaciones, de tipo juvenil, de defensa de los derechos fundamentales, de defensa de la insumisión, de los derechos de los presos y presas, etcétera, que formaban parte de ‘un entramado’ se tenían que liquidar”.
Entonces la Audiencia Nacional inició un Macro Sumario, con Baltazar Garzón como juez instructor, sobre las actividades en España de la izquierda abertzale. Y sobre todo las del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV).
Macro Sumario que ha preparado una Unidad Especial de Información de la Policía Nacional. En cuyo proceso y por intrucciones del propio juez Baltazar Garzón se han detenido a unas 200 personas en los últimos cuatro años.
De tal modo que el Estado español ha seguido dos estrategias para “terminar con la izquierda abertzale”.
La política, donde destacan -de manera inédita en los 25 años de democracia española- la nueva Ley de Partidos, aprobada en mayo pasado en el Congreso de los Diputados por la mayoría derechista del PP; y la aprobación del propio Pleno (esta vez con la mayoría de PP-PSOE) reunido en forma extraordinaria en agosto pasado, de la propuesta de no ley para ilegalizar al partido político Batasuna, la que fuera turnada a la Fiscalía General del Estado, de donde pasó al Tribunal Constitucional.
Y la estrategia judicial, cuyo protagonismo corresponde al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón y sus autos, sobre todo el del 23 de agosto por el que Garzón suspendió las actividades de Batasuna, amparándose en el artículo 129 del Código Penal español que autoriza a los jueces a decretar la “suspensión de las actividades de una sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años”.
Como ya apelara al mismo artículo el 15 de julio de 1998 cuando ordenó el cierre del periódico Egin y la emisora de radio Euskadi Irratia y de la empresa Orain por considerarlos “del entramado delictivo de ETA”-KAS”. Entonces por primera vez relacionaba a Herri Batasuna con la organización separatista vasca.
Luego, durante cuatros años de diligencias judiciales, Baltazar Garzón ha declarado la ilicitud de Elkin, órgano central del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), Jarrai-Haika, Segi (organización juvenil) y las Gestoras pro Amnistía, además de suspender las actividades de Xaki, el aparato de Exteriores del MLNV.
Respecto de los recursos que han interpuesto para seguir los cauces de la legalidad, la abogada Jone Goirizelaia sostiene “es muy difícil que un juez que ha decidido la suspensión de un partido político la revoque”.
Y sobre el siguiente paso “de la vía interna” del proceso de ilegalización de Batasuna, comenta decepcionada, “la situación es exactamente igual” ante la Sala de la Audiencia Nacional.
Corresponde ahora analizar el caso de ilegalización, “el Tribunal Constitucional tampoco tiene mucha garantía jurídica. Sus 15 miembros, -explica la parlamentaria vasca-, tras la reciente modificación de la Ley de Planta de Jueces y Tribunales, están nombrados parte por el Congreso de los Diputados, donde el PP tiene mayoría, parte por el Consejo Judicial, donde también tiene mayoría absoluta el PP, y el resto son nombrados a dedo” por el poder Ejecutivo federal.
Así, tiene menos garantía el Tribunal Constitucional cuando su presidente Francisco Javier Casos Estevez “se ha posesionado clarísimamente a favor de todas estas medidas en contra de Batasuna”.
Finalmente, luego de que sentencie el Tribunal Constitucional en las próximas semanas, “quedaría la posibilidad, anticipa la dirigente abertzale, de hacer un planteamiento en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo”.
La guerra declarada del Estado español contra Batasuna, afecta también a una inmensa población de vascos. Así lo ilustran las cifras que aporta la entrevistada:
“Con estás acciones se está llevando a la muerte civil y política a más de 250 mil vascos (en un país de 2 millones y medio de habitantes) Se les va a dejar sin voz ni voto a esos ciudadanos que quieren una Euskal Herria libre e independiente”.
Batasuna es la segunda fuerza política en la comunidad autonómica, después del gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyo Consejo de Gobierno, encabezado por el lehendakari Juan José Ibarretxe, presentará una querella contra el juez Baltazar Garzón. (Ver recuadro 4).
Cuenta con 62 alcaldías en el País Vasco. Divididas en: Guipúzcoa 32, Vizcaya 10, Alava 2 y en Navarra 18. En total tiene 890 concejales. En el Parlamento Vasco dispone de 7 escaños de un total de 75; en el Parlamento de Navarra 8 de 50; y en las Juntas Generales 29 de 153 representantes provinciales. Además tiene al diputado Koldo Gorostiaga en el Parlamento Europeo.
A propósito de los partidos con presencia en el gobierno de Gasteiz, como Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y el propio PNV, señala la abogada Goirizelaia “tienen una responsabilidad importante también y tendrán que asumirla”, en el conflicto vasco en general, y en el proceso de ilegalización de Batasuna en particular.
Y advierte: “En el caso de que apuesten por avanzar en la construcción del país nosotros estaremos con ellos; y en el caso contrario, que apuesten por mantener el actual Estatuto de Autonomía, dentro de este marco jurídico que posibilita leyes como la ilegalización de Batasuna, pues veremos qué solución se le da a la cuestión”.
Porque apostar por lo primero, aclara la parlamentaria, “supone gestionar lo que Madrid te dé”; mientras que lo segundo “supone llegar a ser soberano y tomar tus propias decisiones”.
Jone Goirizelaia acota: la única solución al problema de violencia del País Vasco “es y va a venir por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de este pueblo, individuales y colectivos”.
“Cuando los vascos y las vascas podamos decidir qué queremos ser y cómo queremos construir nuestro país”. Y “no mediante una acción policial y represiva, sino por una democrática y política”.
Da el ejemplo de Irlanda y Canadá, “países donde se ha reconocido el derecho de autodeterminación de esos pueblos. Se les ha dado a esos ciudadanos y a esas ciudadanas la posibilidad de decidir sobre su futuro, según los acuerdos de Estornum y de Quebec”.
Reflexiona: “¿Si el Estado español y su gobierno tienen tan claro que los vascos y las vascas no queremos ser libres e independientes por qué no nos deja decidir? ¿Si tiene tan claro que la respuesta va a ser que queremos ser españoles?
Lo que pasa es que efectivamente saben que en una posible consulta, en un posible referéndum, los vascos y las vascas vamos a decir que nos vamos y que queremos hacer nuestro país.
“Y temen que algo similar suceda en Cataluña y luego en Galicia. Y que el Estado español termine desapareciendo, que finalmente en sus orígenes eso es: una unión de Estados”.
La parlamentaria Goirizelaia advierte: “Independientemente de que nos suspendan o nos ilegalicen no vamos a desaparecer” del escenario político y social de Euskal Herria.
Por ello que “llamamos a todos los vascos y las organizaciones para seguir trabajando y para dar respuestas del día a día por la vía política, mientras transcurren las propias en el campo jurídico”.
Si bien admite que “la lucha va hacer más difícil” porque “tenemos muy claro que el derecho fundamental de asociación, de participación, de ejercicio de la actividad política, se conculca con esta situación”.
Desde luego la suspensión de las actividades de Batasuna no conlleva la nulidad de los fueros de los diputados abertzales, ni la dimisión de sus alcaldes y consejales, pues “los cargos son personales, comenta, por lo que vamos a seguir trabajando y tenemos todavía cuatro años por delante hasta que terminen”.
Por último, Jone Goirizelaia evoca cómo Turquía, hace diez años, ilegalizó al Partido Turco de los Trabajadores y hace pocos meses, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró nula esa ilegalización.
“Fue un planteamiento muy similar a lo que se hace aquí en España con respecto a Batasuna. El problema es que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta resolución tardó nueve años”, concluye la representante de un partido ahora ilegal por decreto en la España del siglo XXI.
Contralínea 7 / octubre de 2002
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