Cotidianas, las agresiones de la policía chilena contra niños y adolescentes mapuches. La represión, única respuesta del gobierno de Sebastián Piñera a las movilizaciones de los indígenas, que exigen que se les devuelvan sus tierras “concesionadas” a trasnacionales
Marianela Jarrou/IPS-Voces de la Tierra
Santiago, Chile. “Hemos sido pasados a llevar [atropellados] por este Estado chileno que es racista, que nos reprime. La fuerza policial nos reprime a todo el pueblo mapuche. Ellos son los que nos disparan a sangre fría”.
Así narra un indígena de 16 años de edad la represión policial de la que fue víctima junto a otros campesinos de la región de la Araucanía, 680 kilómetros al Sur de Santiago, tras el desalojo de un predio ocupado por varias comunidades que reclaman sus tierras ancestrales.
“Ése es el sentimiento de los niños que son parte de las comunidades que están en conflicto, porque ellos han crecido en medio de la violencia”, explica a Inter Press Service (IPS) la coordinadora de la Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), Ana Cortés.
“El adolescente del testimonio pertenece a una comunidad que ha estado desde hace muchos años tratando de recuperar un territorio que le permita vivir. Racismo y represión es lo que él ha conocido del Estado, por lo tanto, es lo que expresa”, añade.
Ésta es una denuncia sobre la represión publicada por el diario digital mapuche Werken (http://www.werken.cl/), que circula por las redes sociales de internet y por distintos medios de comunicación electrónicos. Es el testimonio más concreto del recrudecimiento de la violencia, que hasta julio de este año ha dejado decenas de personas detenidas y varias heridas, entre ellas cinco niños y niñas.
En medio de la preocupación y la denuncia, el 25 de julio pasado se registraron nuevos incidentes, esta vez en la comunidad Temucuicui, que fue allanada por la policía.
El conflicto se agudizó desde el 23 de julio, cuando miembros de la comunidad mapuche Ignacio Queipul de Temucuicui fueron desalojados por efectivos de la policía de Carabineros de los establecimientos La Romana y Montenegro, explotados por las empresas Forestales Mininco y Arauco.
Según portavoces indígenas, se trató de una movilización pacífica que pretendía “llamar la atención” sobre el incumplimiento de diversas promesas del gobierno del derechista Sebastián Piñera, en el marco de la lucha por la recuperación de tierras mapuches.
Estos predios, aseguran, son parte del territorio que les fue despojado a sus ancestros durante la Pacificación de la Araucanía, un proceso de invasión militar de dominación del Estado chileno en esa zona aborigen que se prolongó durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX.
La ocupación fue realizada por unos 60 comuneros. El desalojo, en contraste, habría sido ejecutado por unos 200 carabineros, que ingresaron al lugar disparando escopetas y lanzando bombas de gases lacrimógenos, según declararon testigos.
En ese operativo fueron detenidas 12 personas, tres de ellas menores de edad, quienes denunciaron haber sido víctimas de “todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros”.
La represión continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli, una de las localidades de la zona, cuando la policía disparó contra un grupo de comuneros que esperaban a quienes habían concurrido a certificar lesiones.
Entre las víctimas de ese episodio figuran una niña de 12 años, quien recibió perdigones en la columna, y un adolescente de 16 años, quien recibió balines en la cabeza.
El ataque motivó que el presidente Piñera anunciara una “investigación” para determinar responsabilidades de los carabineros, aunque enfatizó que su gobierno apoya “en un ciento por ciento el actuar policial”.
Según la Fundación Anide, entre 2001 y 2011, niños y niñas mapuches de entre nueve meses y 16 años de edad han sido blanco de heridas de balines, asfixias por bombas lacrimógenas, golpes, patadas y torturas, entre otros tratos vejatorios por parte de la policía. Incluso se registró el homicidio de un joven de 17 años en 2002.
“Muchas veces hemos señalado que la violencia hacia los niños mapuche no es una excepción sino que se está convirtiendo en una norma. En cada allanamiento, tres o cuatro menores de 18 años salen heridos, y frente a esto no podemos señalar, como lo hace el gobierno, que son hechos aislados”, sostiene Cortés.
La activista añade que es preocupante el recrudecimiento de la violencia en territorio mapuche, que a su juicio se explica por la falta de solución a los problemas de fondo que tienen las comunidades.
Precisó que las medidas planteadas por el gobierno, que el martes 24 de julio anunció un reforzamiento de personal policial en la zona, son de “seguridad interna” y no apuntan a resolver el conflicto de fondo.
“No veo ningún gesto de acercamiento con las comunidades en conflicto para negociar una salida política. Mientras eso no ocurra, van a seguir las movilizaciones sociales con personas heridas, muchos de ellos menores de edad”, advierte.
Piñera encabezó una Cumbre de Seguridad en La Moneda, la sede de gobierno, donde se analizó el conflicto mapuche y se determinó el reforzamiento policial. Para algunos, esta decisión evidencia el afán oficial de una militarización de la zona en conflicto.
“Cuando el gobierno empieza a buscar motivos para reprimir a las comunidades sin abordar el tema político que subyace en el conflicto es porque perdió el Norte respecto de cuál era la política del Estado con relación a los pueblos indígenas”, comenta en entrevista con IPS el abogado mapuche Lautaro Loncón.
Chile suscribió varios tratados internacionales de protección de los derechos humanos y de la infancia y, en particular, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a pueblos indígenas, recuerda.
Para Loncón, “a la hora de elaborar sus políticas públicas, el gobierno se basa más en la represión que en atender esos convenios”.
El aumento de la violencia “tiene que ver con la postura histórica de la derecha política chilena respecto de los movimientos sociales e indígenas”, añade.
“El gobierno de Piñera ha ido criminalizando la protesta social, no solamente hacia los mapuches, sino a cualquier movimiento que pueda poner en aprietos sus políticas neoliberales”, enfatiza.
El jurista coincide en que, históricamente, existe “una actitud racista del gobierno y del Estado como institución, que se funda en la negación de la existencia de los pueblos indígenas y la negación de sus derechos. No es nada más que un racismo del que nunca la sociedad chilena se ha hecho cargo”, dice.
En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia manifestó su “enérgico rechazo y condena” a los actos de violencia que afectaron a niños y niñas de origen mapuche.
Por su parte, dirigentes del opositor Partido por la Democracia solicitaron al encargado para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, el envío de un observador a la zona del conflicto mapuche.
Fuente: Contralínea 299 / Agosto de 2012
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