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De Doha a Dakar, la inseguridad alimentaria es la norma

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IPS

Países con abundantes recursos naturales y humanos son incapaces de asegurar la alimentación de su población. No se trata de la falta de comida, sino de la concentración de la riqueza en pocas manos

Mantoe Phakathi/IPS
Doha, Catar. Éste es, quizá, uno de los países más ricos del mundo, pero tiene algo en común con las naciones de África: la inseguridad alimentaria.
Esta nación petrolera del Golfo Pérsico importa 90 por ciento de sus alimentos porque su tierra es seca y no se puede cultivar.
“La comida es muy cara aquí”, dice a Inter Press Service (IPS) un taxista de Doha, oriundo de la República de Ghana y quien prefirió no dar su nombre.
“Aquí, un litro de petróleo es más barato que el agua”, añade el conductor, quien pasó varios días transportando a delegados de la 18 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cop 18), celebrada durante los últimos días de noviembre y la primera semana de diciembre de 2012, en la capital catarí.
Mientras los problemas alimentarios de Catar se deben a las características de su propio territorio, los países de África luchan contra la inseguridad alimentaria debido a la pobreza y a los erráticos patrones climáticos que han reducido drásticamente la producción agrícola en los últimos años.
Así lo explica, en entrevista con IPS, Emmanuel Seck, gerente de Programas de la organización Environment and Development Action in the Third World, con sede en Dakar, Senegal.
Varios países africanos se esfuerzan por aprovechar sus vastos recursos de tierras, para mejorar su producción de alimentos, mientras que naciones del Golfo Pérsico como Catar, al igual que economías emergentes como China, optan por arrendar y comprar terrenos en África, señala Seck.
Según un informe presentado en 2012 por el independiente Oakland Institute, de Estados Unidos, inversores de ese país y de Europa lideran la adquisición de tierras en el resto del mundo.
Mientras, países del Sur en desarrollo, como el Reino de Suazilandia, están alineando sus políticas para proveer alimentos a Catar.
“Tenemos una vasta tierra virgen en nuestro país, y podemos usarla para producir alimentos para Catar, y así impulsar nuestra economía”, dice a IPS el jefe de la misión técnica del Reino de Suazilandia en la COP 18, Mbuso Dlamini.
Ese pequeño reino africano, sin embargo, es incapaz de producir suficientes alimentos básicos para sus propios ciudadanos, y los tiene que importar de la vecina Sudáfrica. El producto que le genera más divisas es el azúcar.
Según el último informe del no gubernamental e internacional Worldwatch Institute, de las 70.2 millones de hectáreas de tierras arrendadas o compradas en todo el mundo durante la última década, 34.3 por ciento se encuentran en África.
Catar y otros países del Golfo Pérsico adquirieron en conjunto 6.4 millones de hectáreas en países con economías pobres.
Lo ideal parece ser un equilibrio que garantice que las comunidades pobres dependientes de la agricultura de subsistencia no sean expulsadas de sus tierras para dar lugar a proyectos de gobiernos extranjeros y compañías multinacionales. Así lo explica a IPS el director del Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria del CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research), Bruce Campbell.
“Los países deben adoptar mecanismos para garantizar que el arrendamiento de tierras no margine a las comunidades”, señala el directivo de esta alianza mundial de organizaciones de investigación.
Campbell aclaró que el arrendamiento no es necesariamente una mala idea, si las personas que antes se dedicaban a la agricultura de subsistencia pueden luego hallar empleos.
El experto señala que las denominadas Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), podrían ayudar a alcanzar ese equilibrio.
Emma Limenga, investigadora tanzana de la Universidad de Dar es-Salaam, alertó a los gobiernos africanos sobre el peligro de ceder tierras por largos periodos. Lo habitual es que los acuerdos de arrendamiento duren 99 años, pero la experta sostuvo que eso podría socavar la seguridad alimentaria de las próximas generaciones.
“Recordemos que las futuras generaciones no son responsables de las decisiones que tomamos hoy”, dice la investigadora a IPS.
“Un acuerdo de arrendamiento de entre 10 y 20 años es algo razonable”, señala.
Limenga también aclara que no está necesariamente en contra de la práctica de alquilar tierras.
“Algunas comunidades ni siquiera están cultivando debido a los patrones climáticos erráticos. Mientras, el acceso a empleos ayuda a las personas a comprar comida”, señala.
Al respecto, el director ejecutivo de la organización no gubernamental Centre d’Actions et de Réalisations Internationales, Burger Patrice, explica a IPS que la pobreza en África no debe ser una excusa para el “acaparamiento de tierras”.
Patrice dice que la rehabilitación de zonas secas podía ser una solución a la inseguridad alimentaria.
“Las tierras secas son [el] resultado de las variaciones climáticas de muchos años”, por lo que a su juicio “es más barato rehabilitar la tierra a través del uso de fertilizantes y la agricultura ecológica que dejar que siga deteriorándose”.
El representante de esta asociación internacional de solidaridad alerta: “está dentro de los intereses de países como Catar comenzar a producir sus propios alimentos, porque en cierto punto se quedarán sin petróleo y no podrán darse el lujo de los altos costos de importar sus necesidades básicas”.
Patrice lamenta que las negociaciones en Doha marginen el vital tema del uso de la tierra, y critica que la comunidad internacional no le dé la atención que merece a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
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