La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sientan al gobierno salvadoreño en una mesa con la que se busca pacificar al país centroamericano. Impunidad a cambio de violencia cero, en el centro de la negociación
Edgardo Ayala/IPS
San Salvador, El Salvador. Las dos principales pandillas delictivas de este país y el gobierno han intercambiado ya los puntos para discutir el fin de dos décadas de violencia criminal, mientras grupos clave de la sociedad parecen hostiles a la apertura de una negociación al respecto.
Los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, presos en distintas cárceles de El Salvador, fueron los primeros en mover ficha al dar a conocer al gobierno del centroizquierdista Mauricio Funes los temas a incluir en una agenda negociadora.
Públicamente, el gobierno rechaza aún la posibilidad de sentarse a dialogar con las maras (pandillas), principalmente por las implicaciones que pudiera acarrearle una iniciativa con poca receptividad entre la población, estiman analistas consultados por Inter Press Service (IPS).
Pero ha hecho llegar también la lista de temas que deberían abordarse, en lo que se define como segunda fase para la pacificación delictiva salvadoreña, por ahora preliminar e indirecta, pero con facilitadores en ambos lados.
Las dos maras acordaron en marzo pasado un cese de hostilidades entre ellos y contra la policía, el ejército y civiles. Desde ese mes, los homicidios –en este país de 6.2 millones de habitantes, hasta entonces uno de los más violentos del hemisferio– se han reducido drásticamente, al caer de entre 12 y 14 diarios a cinco o seis.
“Creemos que el proceso va marchando, aunque hay barreras, hay obstáculos, hay personas y entidades opuestas a este proceso”, dice a IPS el líder de una de las dos facciones del Barrio 18, Carlos Mojica, partícipe en las negociaciones preliminares e indirectas con el gobierno, desde la cárcel donde está preso, cerca de la capital.
Las maras fueron creadas en Estados Unidos por salvadoreños que huyeron de la guerra civil en la década de 1980. Cuando muchos miembros fueron deportados, reclutaron adeptos entre jóvenes sumergidos en la pobreza y la marginación y las pandillas derivaron en grupos violentos, dedicados a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.
Los medios de comunicación locales, mayoritariamente conservadores, actúan de caja de resonancia del rechazo hacia la negociación del gobierno con las pandillas, al igual que la mayoría de los integrantes del unicameral Congreso Legislativo, clave para acoger algunas propuestas de los pandilleros.
No está claro el papel del gobierno en la tregua entre las dos pandillas, pero hay coincidencias en que tuvo un papel facilitador y, de hecho, en marzo se produjeron traslados de líderes pandilleros a cárceles de seguridad media, que los analistas consideran parte del proceso que ayudó al acuerdo.
Algunas de las propuestas de los pandilleros para una negociación tienen que ver con cambios en la legislación que los excluye de beneficios penitenciarios, como la libertad condicional y el indulto para quienes sufren enfermedades terminales o tienen 65 años o más.
“Mira lo que están pidiendo: cambios en las leyes. Eso demuestra el poder alcanzado por estos grupos”, señala a IPS el analista Dagoberto Gutiérrez.
Estimaciones oficiales cifran en 60 mil el número de pandilleros, a los que se suman los 10 mil que están en prisión, parte condenados y parte en fase procesal.
Otras demandas son más complicadas de aceptar, como la derogación de la Ley de Proscripción de Pandillas, aprobada por el propio Funes en 2010.
Se trata de una respuesta represiva al auge delictivo de las pandillas y, al igual que normas anteriores parecidas, no ha generado resultados, coinciden expertos. Por ejemplo, permite detener a cualquier sospechoso de integrar una mara, pero después hay que liberarlo, salvo que se le haya encontrado cometiendo un delito.
“La Constitución estipula en el Artículo 3 que nadie puede ser discriminado por razones de raza, sexo y otra naturaleza, pero a nosotros sí nos discriminan”, señala Mojica a IPS, rodeado de un centenar de pandilleros recluidos en la cárcel de la ciudad de Cojutepeque, a 36 kilómetros al Este de San Salvador. “La Ley de Proscripción de Pandillas es inconstitucional”, agrega.
También demandan la derogación de artículos que obligan a un régimen de aislamiento en centros especiales para pandilleros catalogados de alta peligrosidad.
Esos pandilleros están concentrados en la cárcel de la central ciudad de Zacatecoluca, donde permanecen en total aislamiento. Es conocida como Zacatraz, en referencia a la ya cerrada y famosa prisión estadunidense de Alcatraz, y allí estuvo Mojica hasta marzo.
Además, quieren la anulación de la figura que reduce la pena a los participantes en delitos que testifiquen contra otros presuntos involucrados.
Los fiscales hacen gran uso de este mecanismo de delación para procesar y encarcelar a pandilleros, que ahora saturan las cárceles salvadoreñas. Pero ellos sostienen que se abusa de esa figura, con la que se “arman” casos sin evidencias suficientes y se logran condenas sin pruebas claras de participación en el delito.
Además, plantean la suspensión de los operativos policiales en los territorios con alta presencia de maras, un punto especialmente resistido por las comunidades afectadas y por la sociedad.
“La policía tiene un mandato constitucional de combatir el delito, y no se puede plantear que cesen los operativos en esos territorios”, comenta Mauricio Figueroa, director ejecutivo de la Fundación Ideas y Acciones para la Paz Quetzalcoatl.
“Eso podría ser un obstáculo y llevar a un entrampamiento”, agrega.
Por su parte, Raúl Mijango, un excomandante guerrillero y exdiputado que ejerce de “facilitador” o mediador en esta etapa preliminar e indirecta de una posible negociación entre el gobierno y las maras, asegura a IPS que esos planteamientos no son vistos como puntos de honor por parte de las pandillas.
En julio, los líderes de ambas pandillas leyeron esas peticiones en privado al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien visitó el país para conocer el proceso hacia la negociación. Esos puntos fueron revelados por el blog Política Stéreo.
Insulza se comprometió a ejercer como garante de los acuerdos ya alcanzados y de los que pudieran producirse.
El Diario de Hoy publicó el 31 de julio pasado los planteamientos que el gobierno ha presentado a las pandillas, entre los que destacan la suspensión definitiva de todo acto delictivo que provoque muertos o heridos, así como secuestros, extorsiones, robos o comercialización de droga.
Diferentes estudios evidencian que las estructuras de las pandillas se han fortalecido financieramente mediante el comercio de drogas y, sobre todo la extorsión, de la que es víctima indiscriminada la población, sin distingos de clases sociales.
Las extorsiones no se suspendieron desde marzo y eso alimenta la falta de fe de la población en la tregua y en una eventual negociación, estiman los analistas consultados.
El gobierno también plantea la entrega voluntaria de todos aquellos miembros de pandillas involucrados en delitos o que sean requeridos por las autoridades, así como la entrega de armas y explosivos que tengan en su poder de manera ilegal.
Además, solicita que se revelen los lugares de los cementerios clandestinos donde los pandilleros han enterrado a sus víctimas para eliminar rastros del crimen.
Las autoridades han informado que al primer semestre del año había 680 casos de desaparecidos y, de ésos, sólo 317 habían sido encontrados.
Fuente: Contralínea 303 / Septiembre de 2012
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