La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta acciones ilegales del Estado argentino contra una comunidad mapuche. Los indígenas –desplazados de su territorio por el propio gobierno– ahora cuentan con un instrumento jurídico para intentar el regreso a sus tierras y el salvamento de sus centros ceremoniales
Darío Aranda / Página 12 / IPS-Voces de la Tierra
Buenos Aires, Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno argentino que adopte medidas para garantizar “la vida y la identidad” de una comunidad mapuche que ha sido hostigada y despojada de sus territorios desde hace años.
“Garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad Paichil Antriao” fue la orden de la CIDH para el gobierno luego de aceptar la medida cautelar solicitada por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). La comunidad mapuche vive en la localidad de Villa La Angostura desde el siglo XIX, reconocida por documentos del propio Estado.
La ciudad creció sobre territorio indígena, en un lento pero sostenido proceso de apropiación territorial. En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un nuevo desalojo y la destrucción de viviendas. Desde hace dos años, denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, el Poder Judicial local, la policía y guardias privados.
La decisión de la CIDH, que insta a tomar “medidas urgentes”, se da en un contexto provincial en el que existen 40 causas penales contra 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio.
En Argentina, está vigente desde 2006 la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial.
También es ley el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de rango supralegal, que deja clara la obligatoriedad de consultar a las comunidades sobre cualquier acción que pudiera afectar su territorio. A pesar de la legislación, en noviembre de 2009 fue desalojada parte de la comunidad Paichil Antriao. Comenzó un proceso de amenazas y continuos procedimientos policiales para que cesen los reclamos territoriales y para desalojar al resto de la comunidad.
El Opdhi recurrió a la CIDH. Luego de dos años de proceso, el pasado 6 de abril la Comisión solicitó al gobierno argentino que “adopte las medidas necesarias para garantizar que la medida judicial de no innovar, que actualmente protege al rewe –sitio sagrado– (…) de manera tal que se preserve el lugar”.
La Comisión instó a llevar a cabo “las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao” y para que “los que requieran acceder al rewe para desarrollar sus prácticas rituales puedan hacerlo sin que la policía u otros grupos de seguridad o vigilancia públicos o privados obstaculicen su acceso y permanencia en el lugar”. Y solicitó que evite hechos de violencia por parte de la policía y de grupos de seguridad privados. La decisión de la Comisión también protege el rewe.
“Se solicita al gobierno de Argentina que adopte las medidas necesarias para atender la salud de las familias de la comunidad que se encuentran desplazadas en zonas aledañas al territorio en disputa a fin de garantizar su bienestar”, insta el organismo de derechos humanos y otorga un plazo de 20 días para que el gobierno informe qué medidas concretas adoptó en resguardo de la comunidad y las solicitudes vigentes.
Mario Railaf, de Paichil Antriao, celebra la decisión de la CIDH. Denuncia al gobierno provincial por “complicidad con los empresarios” que avanzan sobre territorio indígena y se muestra dispuesto a “poder dialogar con el gobierno nacional para buscar soluciones que respeten nuestros derechos y nos devuelvan el territorio ancestral”.
El director del Odhpi, Juan Manuel Salgado, considera “un gran paso adelante que la Comisión obligue al Estado nacional a intervenir” y llama la atención sobre la “notable ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en este conflicto, al igual que en el de Formosa. El organismo que debiera proteger los derechos indígenas desaparece en cuanto tiene problemas con los gobiernos provinciales”.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo emitió en febrero de 2010 el dictamen 017. Constató que la municipalidad de Villa la Angostura incurrió en discriminación racial en perjuicio de la comunidad Paichil Antriao al desconocer en su Carta Orgánica el carácter de pueblo originario de la comunidad.
Un mes después, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Actuación
47/10. Solicitó al INAI que, “como autoridad de aplicación y de manera perentoria, vele por los derechos de los pobladores aborígenes de Neuquén y ejecute el relevamiento territorial de la provincia según la Ley 26.160”. La Defensoría cuestionó la pasividad del INAI.
A un año de ese pedido, la Ley 26.160 aún no es aplicada en Neuquén.
En marzo último, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas llamó la atención al Estado nacional y al provincial sobre los desalojos y la violencia contra el pueblo mapuche e instó a que se “investiguen los desalojos, sancionen a los responsables y compensen a los afectados”.
También solicitó al gobierno que adopte medidas urgentes para combatir los “prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial”.
El Odhpi emitió en julio de 2010 su Informe de situación 2009-2010, donde detalla que en Neuquén existen 40 causas penales que mantienen imputados a 200 miembros de comunidades mapuches, siempre por defender su territorio o hacer uso efectivo de sus derechos. En contraposición, ningún funcionario provincial ni particular ha sido imputado por la violación de los derechos de los pueblos indígenas. “El cuadro de discriminación racial en el ámbito de la justicia es claro”, afirmó.
El Observatorio de Derechos Humanos comprobó la represión a comunidades, la judicialización de la protesta y alertó sobre el “total incumplimiento” de la legislación indígena. Definió la situación provincial como “discriminación institucionalizada” y afirmó que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
