Danilo Valladares/IPS-Voces de la Tierra

 

Guatemala, Guatemala. El desalojo violento de 91 familias de un poblado rural en el departamento norteño de Petén reavivó el profundo conflicto agrario en Guatemala, donde los campesinos demandan un pedazo de tierra y el gobierno responde con la expulsión de sus lugares de labor en defensa de la propiedad privada.

 

“Este gobierno [de Álvaro Colom] ha sido el más violento con la lucha campesina, con 115 desalojos desde su asunción en 2007, porque tiene compromisos con grupos económicos fuertes en el país y eso limita y favorece todas sus acciones alineadas con la economía sectorial y trasnacional”, dice a IPS (Inter Press Service) Israel Macario, de la organización no gubernamental Plataforma Agraria. “El sector campesino que tiene por derecho el acceso a la tierra para impulsar una economía comunitaria y un proceso de autonomía alimentaria queda olvidado”, añade el dirigente de esta red que aglutina a 21 organizaciones afines.

 

Guatemala fue escenario en los últimos meses de una serie de episodios de desalojos de campesinos –en los que la violencia fue protagónica– que forman parte de una película sin fin denominada “conflicto agrario”.

 

Uno de los últimos capítulos ocurrió el 23 de agosto pasado cuando un grupo de militares llegó a la aldea Nueva Esperanza, del municipio de La Libertad, Petén, para destruir y quemar las viviendas de 91 familias. En total fueron desalojadas 286 personas, entre éstas 60 niños y 30 ancianos, acusadas por las fuerzas de seguridad de colaborar con narcotraficantes.

 

Los campesinos, apenas con ropa y utensilios mínimos, huyeron ese mismo día hacia el poblado de Nuevo Progreso, en Tenosique, en el sureño estado mexicano de Tabasco, donde fueron acogidos por las autoridades y organizaciones no gubernamentales. Ahora, el gobierno guatemalteco entabló un diálogo con los expulsados para que puedan retornar al país.

 

Casi el 80 por ciento de las tierras productivas de Guatemala están en manos del 5 por ciento de los 14 millones de habitantes del país, mientras que la mitad de ellos viven en la pobreza y 17 por ciento son indigentes, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas.

 

Este panorama convierte al país en uno de los más desiguales del mundo, con su tierra, un recurso indispensable para subsistir, motivo de férreas disputas, principalmente entre el sector industrial que busca expandirse y el campesinado que apenas pretende subsistir.

 

“Es necesaria una ley de desarrollo rural que regule el uso de la tierra, un código agrario, una procuraduría y tribunales agrarios”, explica a IPS Elmer Velásquez, de la Coordinación de Organizaciones no Gubernamentales y Cooperativas de Guatemala.

 

Velásquez entiende que este marco legal está contemplado en los avances a concretar en los Acuerdos de Paz de 1996, firmados entre la guerrilla izquierdista y el gobierno de entonces para cerrar los 36 años de la guerra civil, que dejó 250 mil muertos y desaparecidos, según cifras oficiales.

 

Un código agrario permitiría reconocer la propiedad histórica de la tierra; y una procuraduría agraria brindaría asesoría legal en la materia a los campesinos, explica el activista. “Pero, en términos generales, el Estado decide de nuevo responder a la demanda campesina con represión”.

 

La conflictividad agraria en Guatemala abarca 2 mil 983 kilómetros cuadrados de tierras e involucra a más de 1 millón de personas en 1 mil 360 disputas hasta abril pasado, indica un estudio de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Las causas principales son: 68.5 por ciento por falta de certeza jurídica, porque dos o más personas aseguran ser los propietarios; 19.7 por ciento por la ocupación de parcelas; y el resto se debe al otorgamiento de tierras ancestrales y por límites territoriales.

 

Carlos Sarti, director de la organización no gubernamental Propaz –dedicada a la mediación y resolución de conflictos– dice a IPS que éste “es el gran problema histórico de Guatemala”. Lamenta que “los gobiernos no terminan de tomar decisiones fundamentales cuando se necesita encarar el problema de fondo y mediante un acuerdo nacional que convenga qué tipo de desarrollo agrario queremos para el futuro”. Sarti descarta ahondar en planteamientos legales pues, en lugar de ellos y basado en su experiencia, plantea el diálogo como “única alternativa” para llegar a acuerdos en este tema “tan complicado”.

 

“El gobierno es juez y parte. Desde la lógica indígena, la tierra es un don de la naturaleza, y del lado empresarial se dice que es una mercancía que se vende y se compra. Son visiones completamente opuestas.”

 

Mientras, los conflictos siguen dejando familias desterradas, heridos e incluso muertos. Más de 1 mil policías y soldados expulsaron el 15 de marzo pasado a unos 3 mil indígenas kekchíes que ocupaban fincas reclamadas como propias por empresarios agrícolas en el Valle del Polochic, en el norteño municipio de Panzós, Alta Verapaz. Las fuerzas de seguridad quemaron y derribaron las chozas y destruyeron las siembras de subsistencia de los pobladores. Eso fue nada más el comienzo.

 

Desde entonces hasta ahora, tres personas fueron asesinadas y 18 heridas en el marco de la represión perpetrada por fuerzas estatales y la policía privada, que cuida el ingenio azucarero Chabil Utzaj, de acuerdo con el Comité de Unidad Campesina.

 

Un labriego murió en agosto pasado en un desalojo de más de 250 familias efectuado por la policía en un establecimiento situado en el sureño departamento de Retalhuleu, el cual sería destinado al desarrollo industrial de la caña de azúcar.

 

Camilo Salvadó, investigador de la no gubernamental Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala, asegura que los desalojos obedecen a una lógica del mercado, que pretende dar cabida a proyectos extractivos, megaproyectos de plantaciones de caña de azúcar, palma aceitera y otros. Para comenzar, de acuerdo con el experto, el gobierno debe detener los desalojos, lo cual permitirá el acceso a la tierra donde los campesinos puedan producir y prevenir la crisis alimentaria.

 

Además, urge la puesta en marcha de una política nacional de desarrollo rural y de una legislación que reconozca las tierras comunales e indígenas y los tribunales agrarios para dirimir estas disputas.