Miles de millones de dólares en impuestos derramarían mineras para las zonas pobres de Perú de 2006 a 2010. Sin embargo, un estudio de la ONU revela que la pobreza retrocedió apenas de manera perceptible entre los campesinos mestizos. Para las comunidades indígenas la situación es la misma: los niños deben crecer con desnutrición crónica de la que nunca en su vida se recuperan
Ángel Páez
Lima, Perú. La desnutrición crónica todavía afecta con intensidad y persistencia a niños y niñas indígenas menores de cinco años que habitan en las regiones andinas de Perú, pese a que las autoridades locales de dichas zonas han recibido millonarios ingresos por canon minero entre 2006 y 2010.
Dos estudios de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Lima, Estado de la niñez indígena en el Perú 2010 y Estado de la niñez en el Perú, presentados a principios de febrero, revelan que la desnutrición crónica ha retrocedido en el área rural de manera significativa entre 2005 y 2009, de 40 a 33 por ciento. Sin embargo, al desmenuzar estas cifras globales, queda evidenciado que la reducción de la desnutrición es mucho menor en el caso de los niños indígenas, prioridad de las políticas gubernamentales.
El 56 por ciento de los menores de cinco años de la región surandina de Huancavelica son indígenas y, de ese total, 43 por ciento sufre desnutrición crónica. La vecina región de Apurímac cuenta con 61 por ciento de niños indígenas, 29 por ciento presenta el mismo problema, que deja secuelas físicas e intelectuales irreversibles.
Huancavelica y Apurímac obtuvieron pocos recursos del canon minero entre 2006 y 2010 –29.5 y 17 millones de dólares, respectivamente, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas–, lo que podría explicar los limitados avances.
Pero resulta incomprensible que en la región del Cusco, que obtuvo 212.5 millones de dólares por concepto de tributación minera en el mismo periodo, los niveles de desnutrición crónica sigan siendo altos. El 45 por ciento de los niños menores de cinco años es indígena, 32 por ciento afronta desnutrición crónica, según la Unicef. Cusco no es el único caso.
La región norandina de Ancash y la altiplánica de Puno consiguieron 1.281 y 238.6 millones de dólares, respectivamente, de acuerdo con el Ministerio de Economía. Pero el impacto de esos fondos en los niños indígenas ha sido escaso.
El 29 por ciento de la población infantil de Ancash es indígena, 23 por ciento está aquejado por la desnutrición crónica (peso y talla inferiores a los normales para la edad). Y en Puno, 49 por ciento de los niños es indígena y el 20 por ciento de ellos está sumido en la desnutrición. El promedio nacional es 18 por ciento.
“La desnutrición crónica rural ha disminuido en un porcentaje considerable en la Sierra (poblaciones andinas), de 30 por ciento en 2000 a 39 por ciento en 2009, y en la Selva, de 30 a 22 por ciento”, explica a IPS Lena Arias, asistente técnica de la Unicef en Perú.
“Pero si nos fijamos en las seis regiones donde está concentrada 25 por ciento de la niñez indígena, la tasa de desnutrición crónica que afecta a menores de cinco años está por encima del promedio nacional de 18 por ciento”, acota.
“Hay un evidente retroceso de la desnutrición; sin embargo, las brechas entre urbanos y rurales, entre pobres y menos pobres, entre no indígenas e indígenas, todavía son muy amplias. Los niños indígenas rurales siguen siendo los más afectados”, apunta Arias, una de las investigadoras del informe Estado de la niñez indígena en el Perú 2010.
En algunas semanas, la Unicef publicará un nuevo reporte sobre la situación de la infancia en Perú, donde se resaltarán los avances más importantes en materia de salud, en particular lo relacionado con la drástica disminución de la mortalidad infantil y materna. Pero hay cuentas pendientes.
“Las brechas son importantes, especialmente en relación con lo que ocurre en poblaciones indígenas. Las brechas en este caso se han ampliado”, dice a IPS Mario Tavera, oficial de Salud de la Unicef en Lima y uno de los autores de ese informe.
“Han ocurrido progresos en la prevención de la desnutrición crónica, pero limitadamente. Todavía uno de cada siete niños menores de cinco años en Perú es desnutrido crónico. Sin embargo, en las comunidades indígenas uno de cada dos niños es desnutrido crónico.”
Consultado respecto de cómo se explica que regiones ricas que se benefician con millonarios fondos del canon minero no son capaces de reducir considerablemente los niveles de desnutrición crónica en niños indígenas, Tavera expresa que la cuestión no se reduce a si hay o no recursos, sino a otro problema de fondo: políticas públicas específicas.
“Los recursos económicos son una buena base para mejorar la situación social de la población, especialmente de los niños y niñas, pero la disponibilidad económica o la mejora de los ingresos no garantiza un impacto en los indicadores sociales”, sostiene.
El investigador Epifanio Baca, del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de 11 organizaciones no gubernamentales, explica que el problema no es sólo atribuible al gobierno central, sino a los gobiernos regionales y locales.
“No están cumpliendo con las funciones ni con el trabajo que les corresponde, en muchos casos a pesar de contar con los recursos necesarios”, dice Baca a IPS.
“Las autoridades regionales y municipales enfatizan la inversión en infraestructura, que tiene impacto en la reducción de la desnutrición crónica, pero también es muy importante destinar fondos a programas que, por ejemplo, buscan que la población indígena cambie algunas prácticas alimenticias y de higiene que influyen en la desnutrición crónica”, comenta.
Baca destaca que en las regiones con millonarios ingresos por canon minero, 33 compañías explotadoras de minerales se comprometieron conceder a partir de 2007 y durante cinco años un “aporte voluntario” de 178.5 millones de dólares anuales para inversión social.
“Es un problema muy complejo que no sólo involucra al Estado. Por ejemplo, empresas mineras como Xstrata Tintaya, Barrick y Cerro Verde, que ofrecen importantes aportes voluntarios, ni siquiera informan del impacto que ha tenido ese dinero en las comunidades. Parece que no tienen interés”, concluye Baca.
