Una ola de crímenes atroces cometidos por niños y adolescentes, como nunca antes se había visto en República Dominicana, escandaliza y preocupa al gobierno y la sociedad de ese país. Sin embargo, no se trata de un problema policiaco, sino de algo más profundo: los niños crecen en un ambiente en el que se combinan pobreza extrema, drogas y armas de fuego
Elsy Fors Garzón/Prensa Latina
Santo Domingo, República Dominicana. Ocho menores de edad cometieron cuatro crímenes horrendos en la República Dominicana en los últimos dos meses. Pero la responsabilidad viene de mucho más atrás en el tiempo.
La delincuencia infantil es quizás el lado más oscuro de la violencia en la sociedad dominicana. Reportes policiales dan cuenta de que, entre febrero y marzo, ocho niños y adolescentes causaron la muerte de otros tres menores y un adulto.
En cuanto a las vías para enfrentar y revertir esa tendencia, hay diversas opiniones: El expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Alejandro Uribe Peguero, es del grupo de esos profesionales que piensan que, desde el punto de vista de la salud mental, los menores delincuentes “no se regeneran”.
En 2011, el gremio de sicólogos y siquiatras, presidido actualmente por José Miguel Gómez, emprendió una acción más práctica al alertar, en un llamado al gobierno, acerca de que la violencia social se ha convertido en tierra de nadie, donde no existe una estrategia de toda la sociedad para atacar el mal de raíz. La falta de políticas públicas para detener, prevenir y disminuir la cultura de la violencia hace a la sociedad impotente, indefensa y resignada ante esta situación de agresividad y delincuencia. La Sociedad Dominicana de Siquiatría (SDP) exhortó a las instituciones del Estado, la Iglesia, la sociedad civil y los ciudadanos conscientes a buscar soluciones y aplicar políticas públicas que controlen la violencia.
Es lamentable observar, dice la SDP, cómo la población joven y adulta en edades productivas participa en muertes violentas debido a factores multicausales (como la exclusión social, el desempleo, la pobreza, el abuso de drogas o la disfunción familiar crónica; además de frustración, desesperanza aprendida, falta de habilidades para la vida, trastorno de personalidad y una despersonalización a causa de la crisis de identidad en que viven cientos de jóvenes en el país). Ello unido a la crisis moral, la debilidad del aparato judicial y la falta de respuestas económicas, tecnológicas y sociales para la población en edades productivas.
Es penoso observar, dicen los siquiatras, cómo se han incrementado las familias rotas, los divorcios, la deserción escolar, la deambulación sin propósito por las calles de las ciudades y zonas rurales, exponiéndose a los maltratos físicos, emocionales, sicológicos y sexuales, pareciendo cada vez más una sociedad indiferente a la población infantil y adolescente. Todas estas problemáticas sicosociales se deben al incremento en el abuso de alcohol, marihuana, cocaína y otras drogas, pero también al fácil acceso a las armas de fuego.
Los siquiatras afirman que cualquier sociedad organizada con inversión en el bienestar social, el desarrollo y la felicidad de sus ciudadanos asume la cultura de paz, de respeto a la vida y a la seguridad ciudadana.
Camino más fácil, pero errado
El Código del Menor fue aprobado en diciembre de 2011 por el Congreso Nacional, pero según el siquiatra infanto-juvenil, José Miguel Gómez, fue más fácil a los legisladores endurecer las penas contra menores infractores que disponer recursos para instituciones como Niños con Don Bosco, la cual trabaja en la rehabilitación de esas conductas.
El presidente de la SDP advirtió que la modificación de ese Código refleja la “irresponsabilidad de una sociedad y de instituciones que sólo enfrentan las consecuencias de los hechos, no sus causas”. Además solicitó que el Estado se involucre en cambiar la cultura de posesividad y del macho de hogares, que en más de un 37 por ciento son administrados por las mujeres.
El especialista aseguró que los indicadores de salud mental se han deteriorado en forma significativa en el país. Señaló que las autoridades invierten en esta área sólo el 0.8 por ciento del presupuesto, cuando los estudios indican que debe ser por lo menos el 3 por ciento de los recursos públicos.
Crímenes cada vez más horrendos
Un hecho que conmovió a la ciudadanía en marzo fue la muerte a palos y pedradas de un niño de siete años, asesinado por cinco adolescentes de 13, 14 y 15 años de edad, quienes admitieron el crimen con el objeto de robarle al menor 300 pesos (unos 8 dólares).
Igualmente en marzo, sorprendió conocer que una adolescente de sólo 14 años asesinó a su abuela nonagenaria asestándole más de 15 puñaladas porque quería dinero; esto sucedió en Hato Mayor, provincia de Santiago de los Caballeros. En febrero, en San Juan de la Maguana, un niño de nueve años mató a otro de siete de una pedrada, a causa de una discusión a la salida de la escuela…
Niños y adolescentes han iniciado una escalada de crímenes jamás vistos en el país.
Antes, los menores sometidos a escenas de violencia intrafamiliar (muchas de las cuales terminaron con la muerte de la madre) eran proclives a convertirse en abusadores y homicidas ellos mismos, pero ahora empiezan a edades más tempranas estos comportamientos violentos en los menores.
Ante esta situación, los siquiatras hicieron un llamado a los medios de prensa sobre su responsabilidad en la reproducción de conductas violentas. Las tomas de hechos de sangre por las televisoras son explícitas y tienen el efecto contrario en los menores que las ven, porque lejos de aplacar esos comportamientos agresivos, son reproducidos por los televidentes, advirtieron los profesionales.
