La empresa anglo-francesa Perenco pretende construir un oleoducto en la Amazonía peruana, que se superpone al territorio de los pueblos indígenas aislados waorani, pananujuri y abijiras. Es previsible que los trabajos en zonas habitadas por comunidades indias reduzcan los recursos naturales y originen nuevas enfermedades, señala la Defensoría del Pueblo de Perú, opositora al proyecto petrolero
Milagros Salazar / IPS
Lima, Perú. Un oleoducto de más de 200 kilómetros de longitud, que la empresa anglo-francesa Perenco pretende construir en la Amazonía peruana, está en el centro de la polémica por la supuesta existencia en el área de comunidades en aislamiento, según organizaciones indígenas.
A comienzos de 2008, la empresa Perenco adquirió los derechos de exploración y desarrollo petrolero del Lote 67, el cual incluye los yacimientos de Paiche, Dorado y Piraña, que en conjunto suman más de 300 millones de barriles.
Para transportar el petróleo hacia la costa peruana en el Océano Pacífico, pretende construir un oleoducto de 207 kilómetros, que se conectará a otro ya existente. Un portavoz de Perenco señaló a IPS que proyecta una inversión de 1 mil 500 millones de dólares y que empezará a producir en enero de 2011.
El proyecto se ubica en la región amazónica de Loreto, y según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se superpone al territorio de los pueblos indígenas aislados waorani, pananujuri y abijiras o aushiris, en la zona conocida como Napo Tigre.
La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (Dgaae) del Ministerio de Energía y Minas advirtió el 17 de marzo que Perenco no incluyó un plan de contingencia antropológica en un informe sobre la construcción del oleoducto, necesario para la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este plan se requiere ante la posibilidad de que los trabajadores de la empresa tomen contacto con los nativos.
“De acuerdo con las características de la zona del proyecto”, y debido a que en los EIA del Lote 39 (de la argentino-española Repsol YPF) y 67 (de Perenco) ya se ha reconocido la posible existencia de pueblos en aislamiento voluntario, se requiere presentar el plan “por el principio precautorio y a fin de evitar conflictos”, sostuvo la Dgaae.
En un informe de 2006, la Defensoría del Pueblo advirtió que el ingreso de foráneos en este tipo de territorios puede ocasionar consecuencias funestas, tanto por la reducción de los recursos naturales para los nativos ante el aumento de la población local, como por la presencia de enfermedades.
“Una gripe común es extraña para los miembros de estos pueblos, pues carecen de anticuerpos, lo que pondría en grave riesgo su vida y su salud”, señala el informe.
El presidente del gubernamental Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), Mayta Cápac Alatrista, dijo a IPS que antes de que finalice mayo sesionará la comisión multisectorial encargada de aprobar las reservas indígenas de tribus no contactadas. En esa oportunidad, planteará que se conforme una comitiva de expertos para investigar este caso.
El Indepa, creado como un organismo rector de políticas nacionales en defensa de los derechos indígenas, lidera la comisión multisectorial junto a otras entidades, como el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, con participación de organizaciones de la sociedad civil.
La comisión debe resolver cinco solicitudes para declarar reservas indígenas de nativos no contactados, entre ellas la de Napo Tigre.
Esta última fue presentada por la Aidesep en 2005, pero observada el 22 de junio de 2009 por considerar que no se ajustaba “a las normas administrativas ni a la rigurosidad metodológica científica”.
La Aidesep debe incorporar las observaciones para avanzar en el proceso, pero en forma paralela la comisión puede formar el grupo de expertos para constatar en la zona la existencia de los nativos aislados, sostuvo Cápac.
“Han observado puras formalidades, a pesar de que hemos aportado estudios antropológicos efectuados en 2003, 2004 y ratificados en 2009 a partir de estándares internacionales”, explicó a IPS la Aidesep.
La dirigencia indígena señala que, ante la duda de que existan tribus en aislamiento en el Lote 67, debe suspenderse cualquier actividad para proteger a esta población vulnerable, como sucede en Brasil.
La Aidesep presentó en 2007 una acción de amparo por el caso Napo Tigre, que no tuvo resultados favorables, y luego un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional, para conseguir la suspensión de actividades extractivas en la zona, el cual aún se encuentra pendiente.
Por su parte, Perenco informó a IPS que realizó un estudio con 24 expertos de diversas instituciones, entre ellas el Indepa, que concluyó que no había presencia de actividad indígena en el área.
Además, aseguró que “dentro del Lote 67 no hay asentamientos nativos ni ninguna aldea y que la población más cercana se ubica a más de 30 kilómetros de sus límites”.
Sin embargo, la Aidesep insistió que la empresa se contradice, porque en su EIA admitió la posible presencia de indígenas aislados, según recordó también la Dgaae.
Para la experta en temas indígenas de la no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, Asunta Santillán, ni las leyes ni las instituciones garantizan hoy la protección de los pueblos nativos aislados, pese a la gran expansión de proyectos de petróleo, gas y minerales.
Santillán explicó a IPS que el artículo cinco de la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento Voluntario y en Situación de Contacto Inicial promueve declarar intangible sus territorios. Pero “pone como excepción aquellos proyectos que se declaren como necesidad pública, lo cual abre una ventana para realizar actividades extractivas”, indicó.
“A esta ley imperfecta se suma la debilitación del Indepa, que ha pasado de un ministerio a otro sin que se respete su rango viceministerial y no cuenta con recursos suficientes para realizar su labor”, apuntó.
