Casi 40 mil hectáreas de selva inundadas y más de 70 pueblos desplazados, los primeros costos de la construcción de una de las presas más grandes de América Latina. Se avecina un desastre ecológico y social, señalan campesinos y grupos de ambientalistas. Progreso y beneficios, dice la trasnacional Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur

Milagros Salazar, enviada especial / Tierramérica / IPS-Voces de la Tierra

Puno, Perú. Visto desde lo alto, el camino para llegar al Puente Inambari parece una serpiente verde, robusta, larga y sinuosa. Los bosques amazónicos que dominan el paisaje quedarán bajo el agua si se construye una de las represas hidroeléctricas más grandes de Perú y de América Latina.

En el Puente Inambari confluyen las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios, en el Sureste peruano, donde unos 70 pueblos tendrían que ser reubicados si el gobierno peruano otorga la concesión definitiva a la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur), de capitales brasileños, para construir la central y un embalse de 37 mil 800 hectáreas, según el estudio de factibilidad de la compañía.

Treinta y dos centros poblados de Puno, 28 de Cusco y 10 de Madre de Dios deberían ser desplazados por el proyecto Inambari, ubicado entre la llanura amazónica y los Andes cubiertos de bosques nubosos que se extienden en parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional Bajuaja-Sonene, rico en flora y fauna.

Ese cálculo forma parte de una investigación que está realizando la ingeniera Rosario Linares, de la Sociedad Civil por la Construcción de la Carretera Transoceánica de Puno, quien asegura que sólo en esa región habría 10 mil personas afectadas. Egasur sostiene que las cifras son menores, pero no las precisa.

Inambari es una de las cinco hidroeléctricas que se proyecta construir como parte del acuerdo firmado el 16 de junio entre Perú y Brasil para la generación de 6 mil megavatios. El 24 de agosto, el presidente peruano, Alan García, presentó a empresarios brasileños una propuesta energética y de irrigación que tiene como fuente el Río Marañón.

Organizaciones ambientales insisten en que la obra beneficiará sobre todo a Brasil, pues Perú deberá entregar al país vecino una proporción permanente de energía, aún no determinada, por 30 años y no podrá elevar su participación, aunque lo necesite para abastecer su demanda interna.

La mayoría de los pobladores se manifiesta en contra del proyecto, mientras un sector minoritario aceptó dialogar con la empresa. Pero ambos grupos coinciden en que el Estudio de Impacto Ambiental es un “trabajo superficial”, según los avances presentados en los talleres informativos.

El expediente 21160308 de más de 300 folios está en la Dirección de Concesiones.

Eléctricas del Ministerio de Energía y Minas da cuenta de los avances acelerados del plan. En Puerto Manoa, uno de los primeros pueblos de Puno que sería reubicado, las paredes gritan “no al proyecto Inambari”, y pancartas pegadas en las viviendas, la mayoría de madera y techos de zinc.

“Se dañarán los bosques y ya no habrá oxígeno. Pero la empresa sólo habla de beneficios. La gente está preocupada”, dijo a Tierramérica la habitante Lucy Chuquimamani, de 28 años.

La desconfianza ante quien viene de afuera se hace evidente en las miradas de reojo y los rostros que se asoman por las ventanas. En Puerto Manoa, Egasur sólo realizó una de las dos charlas programadas, con muchos vacíos de información, según los pobladores.

Tierramérica intentó 10 veces durante una semana obtener respuesta del gerente de relaciones comunitarias de la empresa, Mauricio Millones.

Egasur, un consorcio conformado por el grupo privado OAS y la estatal Eletrobras Furnas, solicitó una concesión temporal en mayo de 2008, que le fue otorgada hasta abril de 2010.

Vencido el plazo, la empresa pidió una ampliación hasta octubre de este año con el propósito de obtener la concesión definitiva, y hoy intenta que el plazo se extienda hasta junio de 2011, pues todavía no cuenta con la licencia social para iniciar las obras.

La inversión proyectada es de unos 5 mil millones de dólares, con una capacidad instalada de 2 mil 200 megavatios, según una versión preliminar del estudio de factibilidad.

En la oficina de Egasur en Mazuco, capital del distrito de Inambari en Madre de Dios, personal de la gerencia de relaciones comunitarias informó a Tierramérica que la comunidad nativa de San Lorenzo, ubicada entre este departamento y Cusco, apoya el proyecto.

Pero el presidente de la comunidad, Alejandro Ríos, desmintió la afirmación. “Queremos un informe cabal de nuestro territorio”, dijo Ríos a Tierramérica. “En el Estudio de Impacto Ambiental no se ha incluido la variedad de nuestros peces y árboles”.

“Tenemos animales como la sachavaca (tapir amazónico), el venado, el tigre, el majaz (un roedor)”, agregó. “También tenemos ‘collpas’ de loros”, terrenos sin vegetación a los que acuden las aves para comer arcilla, formando un espectáculo de gran atractivo turístico.

“Si se hace la hidroeléctrica, esos animales van a morir. Queremos saber cómo van a remediar eso”, agregó.

A diferencia de los pueblos de Puno, los pobladores de San Lorenzo sí tienen título de propiedad sobre las tierras, y por eso creen que tienen mejores armas para dialogar con la empresa. Pero su pregunta es la misma:

“¿Quién nos garantiza que la empresa cumplirá?”.

El biólogo Ernesto Ráez, director del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, advierte que proyectos de esta envergadura causan un “efecto dominó” en la Amazonia, pues rompen los ciclos hidrobiológicos, como señala el informe Represas y desarrollo, elaborado en 2000 por la Comisión Mundial de Represas.

Al detenerse el curso de los ríos, los sedimentos se acumulan en el fondo de los embalses y se reduce el traslado de material orgánico necesario para la formación de playas y nuevos bosques río abajo.

Con la hidroeléctrica, la biodiversidad dependerá de las demandas energéticas y ya no del ciclo estacional natural, que es tan importante, dijo Ráez a Tierramérica.

En época de creciente o de lluvias, los ríos entran al bosque y arrastran sedimentos que fertilizan los suelos y peces que buscan su alimento; mientras que en la temporada de aguas bajas, las tortugas ponen sus huevos en las playas. De no poder hacerlo, dejarán de reproducirse.

En los ríos amazónicos, hay más de 10 especies de bagres migratorios, que aportan 90 por cierto del pescado que consume la población local, señaló el biólogo.

“La gestión ambiental debe considerar la cuenca entera, porque no sólo se va a afectar la zona del embalse”, explicó.

Además, la descomposición de la materia orgánica tapada por las aguas de la presa liberará importantes cantidades de metano, un gas que tiene 23 veces más poder de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Y la central requerirá que el agua se eleve 225 metros.

La zona ya tiene problemas ambientales. La Egasur y algunos funcionarios señalan como fuente de contaminación a la minería informal que se practica en el Inambari.