Con Barack Obama, Estados Unidos agudiza las “medidas de rechazo a la inmigración”, política que habría costado la vida a más de 80 mil personas en 16 años, según organizaciones de defensa de derechos humanos de ese país. La actual administración estadunidense rompió récord en deportaciones y se avanza en la criminalización de quienes se solidarizan con los que cruzan por el desierto. Además, las fuerzas armadas se emplean directamente en la “contención” de los “ilegales”

Silvio González / Prensa Latina

En terminología musical, el “tempo” es el movimiento o velocidad con que debe ejecutarse una pieza, pero Estados Unidos perdió intencionalmente el compás y demora mucho en legalizar a más de 12 millones de indocumentados.

El presidente estadounidense, Barack Obama, firmó recientemente la Ley de Seguridad de la Frontera Sur, donde autorizó un presupuesto de más de 600 millones de dólares para fortalecer la militarización de esa área.

Según los críticos a su política, esa designación incrementará el número de indocumentados que perecen diariamente al aventurarse en esos peligrosos cruces.

La nueva y controvertida legislación hace énfasis en una mayor colaboración entre fuerzas policiales y de inmigración, y autoriza el uso de tecnología reciente, como aviones no tripulados, sofisticados detectores electrónicos, vallas, cámaras nocturnas y helicópteros.

Además contempla un incremento de personal de seguridad en 1 mil nuevos patrulleros fronterizos, 250 agentes migratorios e igual cifra de personal de apoyo.

Estos aumentos no incluyen a los 1 mil 200 efectivos de la Guardia Nacional designados por el presidente como refuerzo a los que ya vigilan la extensa demarcación.

La Coalición de Derechos Humanos de Tucson, Arizona, aseguró haber recobrado, hasta el 31 de julio último, los restos de 214 inmigrantes muertos este año, sólo a lo largo de la zona fronteriza de ese estado.

Hasta el momento, al menos se han recuperado los cadáveres de 8 mil indocumentados desde que comenzó a aplicarse, en 1994, la política migratoria de “prevención mediante el rechazo”.

Los grupos defensores de los derechos de los ilegales aseguran que, por cada cadáver recobrado del desierto, por lo menos hay 10 más que nunca aparecen.

Conjuntamente con el número elevado de inmigrantes perecidos cotidianamente en la frontera, el gobierno de Obama además tiene un récord en deportaciones en el presente año fiscal, cuando aún faltan otros dos meses para que concluya.

La Red Nacional para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados protesta por el incremento de la militarización fronteriza y la creciente represión contra los inmigrantes, cuando lo que debe hacer el gobierno es dar más opciones para lograr la residencia permanente y la ciudadanía.

Esta legislación, aprobada ahora por el presidente estadunidense, conlleva a mayores violaciones de los derechos humanos de las víctimas, a un número más elevado de encarcelamientos, abusos y deportaciones, y al total incumplimiento de las falsas promesas electorales que anunciaban más posibilidades de legalización.

Si el gobierno no rectifica esto, seguirá el sufrimiento en las comunidades fronterizas donde los indocumentados son víctimas de la explotación extrema y de todo tipo de abusos.

En materia laboral, la Superior Forestry, una de las mayores empresas forestales del país, acordó pagar 2 millones 75 mil dólares para resolver una demanda salarial presentada por más de 2 mil trabajadores inmigrantes que plantaban árboles.

En Arizona, un activista por los derechos humanos del grupo No Más Muertes fue enjuiciado por dejar jarras de plástico con agua cerca de la frontera estadunidense con México.

Identificado como Walt Staton, dijo que eran para impedir que los inmigrantes murieran deshidratados, pero el gobierno lo acusó de ensuciar un refugio de vida silvestre.

The New York Times informó que los hospitales estadunidenses deportan cada vez más a inmigrantes gravemente heridos o enfermos que no tienen el requerido seguro médico.

El doctor Steven Larson, de la Universidad de Pensilvania, dijo: “En algunos de estos casos, la repatriación es prácticamente una pena de muerte. He visto cómo cargan a los pacientes en un avión como si fueran paquetes para sacarlos del país”.

Existe una empresa privada llamada MexCare, la cual puede ser contratada para realizar las deportaciones sin la participación de agentes de Inmigración, según apunta Arnoldo García, de la Red para los Derechos de los Refugiados e Inmigrantes.

Gaby Pacheco, estudiante de 25 años de edad, realizó con otros tres colegas este año un recorrido a pie durante cuatro meses, desde Miami hasta Washington, D C.

De esa forma, relató, mucha gente contó sus sufrimientos como indocumentados, y pidieron a Obama detener las deportaciones en masa y la militarización fronteriza.

Un grupo de estudiantes llevó a cabo una protesta en la que simulaban estar muertos frente a la oficina del senador de Nueva York, Chuck Schumer. Luego lo exhortaron a que apoyara la Ley conocida como Dream (Development Relief and Education for Alien Minors Act), la cual otorgaría a los hijos de los inmigrantes indocumentados una forma para legalizar su situación.

Estos jóvenes pusieron fin hace poco a una huelga de hambre de 10 días frente a la sede de Superior Forestry, en protesta por sus abusos contra los latinos.

El 1de mayo de 2010, centenares de miles de personas se manifestaron en más de 80 ciudades estadunidenses contra las políticas inmigratorias del país y a partir de ese momento se incrementó la actividad de denuncias y protestas.