Elsy Fors Garzón/Prensa Latina

 

Santo Domingo, República Dominicana. “La violencia castiga a siete grandes provincias”, reza el titular de uno de los principales periódicos, mientras ciudadanos que lo leen piensan que se quedó corto, porque es una epidemia que se expande por el país.

 

En el primer semestre del año, la criminalidad arrancó la vida a unas 1 mil 260 personas y provocó heridas y lesiones permanentes a más de 2 mil, de acuerdo con datos oficiales. La cifra de muertes violentas es superior en 56 por ciento a los registros del mismo periodo de 2010. Conforme partes policiales, unas 35 personas han sido víctimas de balas perdidas o cruzadas entre narcotraficantes y policías. Pero las muertes también se han producido por violencia familiar y de género, que este año ha provocado 112 feminicidios, mientras que 16 hombres han sido muertos por sus parejas. Once niños han sido asesinados por sus padres.

 

 

Cuando se conoce la idiosincrasia del dominicano de a pie, es difícil constatar la violencia porque sobresale su carácter jovial, hospitalario, solidario. Ésta entra solapadamente, por la vía de la desesperanza, la falta de oportunidades, la carencia de lo mínimo para vivir, como el agua potable, una vivienda y un empleo digno.

 

El hogar, considerado habitualmente un remanso de paz y amor, se torna caldo de cultivo en casos de abandono por el padre que se siente incapaz de proveer lo necesario para su familia y el choque de la pareja porque la mujer debe salir a trabajar. Los hijos deben abandonar los estudios para compartir los gastos de la casa o son presa de adicciones como el alcohol y las drogas.

 

En acciones legales de la policía han muerto 203 personas, casi todos hombres con antecedentes delictivos en 75 por ciento de los casos, mientras que alrededor de 65 policías y militares han caído bajo el fuego de los delincuentes, aunque el 20 por ciento de éstos han perdido la vida en riñas, pleitos y venganzas, principalmente en lugares de diversión.

 

Las armas involucradas en estos crímenes poseen licencia en el 76 por ciento de los procesos, lo que demuestra que éstas no se usan para defensa, sino para herir y matar. Sin embargo, en las gavetas del Congreso Nacional yacen cubiertos de telarañas varios proyectos de control de armas entre la población.

 

En los últimos siete años, las estadísticas oficiales de la Policía Nacional establecen que 15 mil 179 personas murieron de manera violenta. La alarma crece en la sociedad cuando es evidente que aún cuando se dé solución a los casos, no se pone un alto al crimen.

 

El 10 de septiembre pasado se realizó un panel sobre seguridad ciudadana en Santiago de los Caballeros, encabezado por el presidente Leonel Fernández, que reunió a los cuerpos armados, la Procuraduría General, la sociedad civil y el gobierno. Allí se anunció el reforzamiento de las acciones para combatir a la delincuencia.

 

 

Se informó de la adquisición de equipos y el uso de perros entrenados para el bloqueo y detección de celulares en las cárceles. Se ha podido comprobar que muchos crímenes cometidos se han organizado y ordenado desde los centros penitenciarios.

 

También se modificará el Código Procesal Penal para quitar flexibilidad a los casos criminales y adaptar la legislación a lo complejo de las contravenciones del narcotráfico y los relacionados con el uso de tecnologías de la información.

 

Por otra parte, el director del Departamento Nacional de Información, Ramón Antonio Aquino García, explicó que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería están depurando a los extranjeros, como parte de un acuerdo con la Organización Internacional de Policía Criminal, a fin de tener un control de éstos. Entretanto, el jefe de la Policía Nacional, José Armando Polanco Gómez aseguró que se han reforzado las labores de patrullaje en las calles y principales sectores de la capital, con el fin de prevenir la delincuencia, además de la instalación de cámaras de seguridad en las principales vías.

 

El vocero de la Policía Nacional, Máximo Báez Aybar, aseguró que entre el 10 y 11 de septiembre pasados sólo se produjo una muerte y los atracos y asaltos bajaron significativamente. La Policía Nacional también ha emprendido un proyecto de acercamiento con las comunidades para actuar en conjunto con la ciudadanía.

 

 

 

El asesor en Asuntos de Drogas del gobierno, Vincho Castillo, consideró que el actual Código Procesal Penal es una garantía modernista donde la delincuencia ha ganado espacio y se ha hecho cada vez más violenta. A su juicio, éste ha provocado que el aparato judicial termine por colapsar, ya que no es para una población específica, como lo es la delincuencia organizada, donde el narcotraficante no tiene ningún temor a la experiencia penal.

 

Las inversiones en equipos y modernización de la Policía Nacional todavía no son suficientes para controlar y enfrentar con eficacia el auge del crimen, a pesar de los 13 mil arrestos por parte de estos cuerpos en el este año y la decomisación de más de 6 toneladas de drogas de distintos tipos.

 

Sin embargo, el poder económico del narcotráfico constituye un desafío para las leyes y los que deben hacerlas cumplir. Hace poco se sacaron 30 plantas de mariguana que crecían en una cárcel al amparo de guardias y reclusos. Un director de un centro penitenciario fue fotografiado introduciendo botellas de bebidas alcohólicas y se ha hecho común el uso de celulares en los presidios.

 

 

El candidato presidencial del Frente Amplio, Julián Serulle, plantea la necesidad de una transformación radical de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad ciudadana, esencial para el progreso del país.

 

Al referirse al gobierno que se propone si alcanza la Presidencia en 2012, Serulle afirma que logrará la seguridad ciudadana, asumiéndola como parte fundamental del desarrollo, apoyada en un Estado de derecho, cuyas normas sean conocidas por el pueblo para que pueda cumplirlas y defenderlas. Apunta que el Ministerio Público debe tener autonomía para actuar estrictamente de acuerdo con las evidencias en la infracción de la ley, sin influencia de los políticos. Agrega que la Policía Nacional debe ser un cuerpo integrado y controlado por las comunidades, preparados técnica y profesionalmente a fin de prevenir la criminalidad y el delito en general, así como asistir a las familias en los problemas que requieran ayuda pública.

 

El candidato del Frente Amplio advierte que quedaría anulada la práctica de asignar efectivos de esos cuerpos al servicio de particulares. Resalta que se eliminará al costo que sea la complicidad de los poderes públicos con el narcotráfico, la corrupción e impunidad causantes de primer orden de los crímenes que afectan a la sociedad.

 

Asimismo, la investigadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Isaura Cotes Javier, manifestó a Dominicanos Hoy que las causas de la violencia contra la mujer radican, en principio, en la masculinidad agresora, la desigualdad en que se forma a hombres y mujeres y la impunidad.

 

Mientras no se cambien los patrones con los que se educa, tanto a hombres como a mujeres, ésta seguirá manifestándose, y añade que en la República Dominicana el índice de muertes a causa de la violencia ha aumentado considerablemente.

 

Cotes afirma que de 40 mil 765 denuncias de actos violentos realizadas en 2010, el 22 por ciento corresponde a violencia contra la mujer. Sin embargo, pese a esta cantidad de agresiones, las sentencias son mínimas.

 

 

El mandatario Leonel Fernández se declaró garante de la seguridad de los dominicanos y con ese fin anunció medidas legislativas, el fortalecimiento de las instituciones que combaten el crimen y pidió apoyo a la población.

 

Fernández explicó cómo la ola de crímenes y delitos está vinculada con el auge del narcotráfico y las rutas usadas por los cárteles de la droga para trasladarla desde Suramérica hasta Estados Unidos –el principal mercado consumidor–, y también a Europa.

 

Explicó que la República Dominicana pasó de ser un lugar donde la droga era lanzada desde el aire para convertirse en centro de distribución de este comercio ilícito dentro del país y hacia el exterior.

 

Para dar una idea del poder económico actual del narcotráfico, el presidente recordó que los ingresos de los cárteles superan el producto interno bruto de Guatemala, Chile, Uruguay y hasta de Venezuela, al ser éste un exportador de petróleo. Antes no existía una coordinación efectiva entre la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, reconoce el mandatario, pero ahora ambas deben de enfrentar con una sola estrategia este delito, desde la entrada o salida de los narcóticos hasta su distribución al detalle dentro del país.

 

Por otra parte, es preciso ejercer un control efectivo de parte del Ministerio Público para no permitir más el uso de celulares dentro de las cárceles, donde muchas veces se han organizado atracos y homicidios mediante sicarios en libertad.

 

Delincuentes con un cúmulo de fichas policiales no pueden quedar libres, ni tampoco los crímenes impunes, afirma Fernández, quien reprueba las muertes ocasionadas por la propia policía a personas desarmadas.

 

El mandatario dominicano afirma que es obligación del gobierno proponer soluciones a corto, mediano y largo plazo que garanticen la seguridad y que los ciudadanos se sientan protegidos.