Acoso y amenazas desde el poder

A más de un año y medio de enfrentar las amenazas y el acoso de los abogados del Grupo Zeta Gas, propiedad de Jesús Alonso Zaragoza López, el director de las revistas Contralínea y Fortuna, Miguel Badillo, fue detenido sin la notificación de un juez, sin acceso a la demanda y con engaños. Mientras, la reportera Ana Lilia Pérez –quien en febrero de 2008 revelara los contratos del exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Pemex– es acosada y amenazada de muerte.

La mañana del viernes 16 de enero, el periodista Miguel Badillo fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Los oficiales de la policía preventiva que viajaban a bordo de dos patrullas (una con el número A14-08) cerraron el paso del director de las revistas Contralínea. Periodismo de investigación y Fortuna. Negocios y finanzas, quien conducía su automóvil rumbo a su oficina.

A pocos metros de su domicilio particular, al sur de la ciudad de México, los patrulleros hicieron señas a Badillo para que dejara de avanzar. Le obstruyeron la circulación con los vehículos oficiales. Pidieron sus documentos, licencia de conducir y tarjeta de circulación con el argumento de que llevaban a cabo un operativo relacionado con el robo de vehículos. El reportero no accedió a la exigencia de los policías, pues respondió que no tenían facultades para ello, “pero me obligaron porque estaba entorpeciendo el paso y obstruyendo la vía pública”, relata.

Una vez que detuvieron a Badillo –quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el ejercicio periodístico–, los uniformados le dijeron que estaba bajo arresto por orden del juez 38 de lo Civil. Supuestamente, el periodista había desacatado una orden judicial. A regañadientes, y a una distancia en que no se permitía leer, mostraban un papel que contenía los datos de la supuesta falta administrativa.

Mientras los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal lo arrestaban, personas abordo de otros dos vehículos particulares permanecían al tanto. Custodiaban a las unidades de la PBI. De los autos bajaron dos hombres que tomaban fotografías al director de Contralínea.

Miguel Badillo accedió a subir a la patrulla A14-08. Entonces, los elementos de la PBI indicaron que sería trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, conocido como El Torito. No obstante, el camino que habían tomado los vehículos oficiales era contrario a las instalaciones señaladas.

Rumbo a Cuernavaca, Miguel Badillo dijo a los policías que El Torito se encontraba al norte de la ciudad. El periodista llamó a su abogado defensor, Horacio Gómez Mendieta, para denunciar lo que ocurría. Alertó que era trasladado a un lugar distinto al indicado por los elementos de seguridad. Pasaban de las 10 de la mañana. Minutos después los oficiales recibieron algunas llamadas y rectificaron el camino. Arguyeron que “se habían equivocado”. Tomaron la ruta correcta hacia las instalaciones del Centro de Sanciones, en la colonia Huichapan Tacuba.

 

La orden

Una vez que ingresó al El Torito, aproximadamente a las 11 de la mañana, Miguel Badillo fue informado de que la orden de arresto había sido girada por el Juzgado 49 de lo Civil, bajo el expediente 1528/2008, mismo que al cierre de esta edición seguía sin ponerse a la vista del periodista y su abogado defensor para su revisión. No había ningún documento en el Juzgado 38 de lo Civil, como lo habían anunciado los policías al momento de la detención. Tampoco había existido un aviso previo de que había una demanda en su contra.

El Juzgado 49 dio cumplimiento al exhorto hecho por el Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial, representado por Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. La orden venía desde Guadalajara, Jalisco, y procedía del expediente 749/2008.

La compañía que interpuso el juicio contra el reportero es Multigas, SA de CV, una de las 80 empresas propiedad del Grupo Zeta Gas. Este consorcio es encabezado por Jesús Zaragoza López, que desde hace más de un año ha amenazado a Miguel Badillo y a la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza con “acabar con la revista Contralínea”, según consta en la denuncia presentada por los periodistas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Hacia el medio día, Ana Lilia Pérez –quien en febrero de 2008 hiciera públicos los contratos del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con Petróleos Mexicanos, en su dualidad de funcionario público y empresario– era informada “por terceros” que la misma orden de arresto había sido girada en su contra por el juez Cárdenas Rodríguez. Ella tampoco había sido notificada con antelación, como lo marca la ley.

El juicio ordinario civil también se lleva a cabo en contra del representante legal de la empresa periodística; así como de un tercero desconocido, de nombre Abraham Rodríguez Ortega. Con el aviso de que en cualquier momento la reportera podría ser arrestada, se puso bajo resguardo hasta conseguir un amparo.

 

Resguardo forzoso

El 16 de enero la detención del periodista Miguel Badillo se anunciaba en diversas estaciones de la radio, también por internet y a través de comunicados emitidos por asociaciones de periodistas que reprochaban la acción judicial.

Ana Lilia Pérez estaba en riesgo. Su compañero Miguel Badillo había advertido a través de terceros que ella también sería arrestada.

Horacio Gómez Mendieta, abogado defensor del caso, solicitaba los amparos ante las instancias judiciales. Se logró que Badillo Cruz fuera liberado aproximadamente a las siete de la noche de ese mismo día, según lo acordó el juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Carlos Manuel Padilla Vertti.

La reportera no corrió con la misma suerte. Se vio obligada a resguardarse durante cuatro días más en un domicilio desconocido, incluso para su familia. La noticia fue motivo para que periodistas de diversos medios, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales realizaran un mitin en el Hemiciclo a Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad.

Un enlace vía telefónica fue el único acceso de la periodista con el exterior: “Pasé la noche en vela por segunda ocasión, atenta a que de un momento a otro mis captores me ubiquen y me lleven a no sé donde ni en qué condiciones.

“Mi familia no sabe de mí. Ahora, por oídos de todos ustedes les digo que espero seguir viva. Mis temores no son en vano, desde el año pasado denuncié ante las autoridades judiciales, ante la Fiscalía de Protección a Periodistas, el Congreso de la Unión, el acoso en mi contra: las amenazas de muerte, la persecución, vigilancia en mi domicilio, pero ninguna autoridad movió un dedo”, dijo con voz entrecortada.

Explicó que tenía que recurrir a esas medidas porque un juez de Guadalajara giró una orden de arresto en su contra. “Simplemente porque publico, y me dedico a investigar y divulgar asuntos de corrupción en Petróleos Mexicanos, que involucran a empresarios, funcionarios y políticos de muy alto nivel.

“Ése es el costo que he pagado por revelar, hace casi un año, los contratos que firmó en Pemex Juan Camilo Mouriño”, dijo, así como otros casos en los que se vio involucrado el exsecretario de Gobernación y el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.

La reportera recalcó que nunca había tenido ningún conflicto con la ley. “Sin embargo, hoy estoy escondida como no lo están ni siquiera los narcotraficantes ni los defraudadores de cuello blanco de este país. Hace 16 meses que vivo amenazada, acosada, vigilada y perseguida por órdenes de Jesús Alonso Zaragoza López. Mi familia está en riesgo”.

Horacio Gómez Mendieta, abogado defensor de Badillo y Pérez, asegura que tanto la detención del primero como la orden de arresto de la segunda están integradas a un expediente “armado” que atenta contra la libertad de expresión.

“El expediente fue armado en total ignorancia de los reporteros de Contralínea; nunca fueron notificados. Se aprovechan de que no se notifica para hacer diligencias ocultas, falsas, con una supuesta oposición del representante legal de la revista, Miguel Badillo”, dice.

Actualmente, los periodistas se encuentran amparados por la justicia federal, sin que hasta el cierre de la edición se haya conocido específicamente el motivo de la demanda interpuesta por la empresa Multigas, que radica bajo el folio 1528/2008 en Guadalajara, Jalisco.

 

El acoso

Con el expediente 757/07, el 16 de agosto de 2007 el empresario Jesús Alonso Zaragoza López, accionista mayoritario de Zeta Gas, presentó la primera demanda en contra los periodistas de las revistas Contralínea y Fortuna, así como de su representante legal, por “daño moral”.

El fallo a favor del dueño del consorcio gasero más importante del país fue ratificado en segunda instancia por los magistrados de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF): Olga Cárdenas de Ojeda, Delia Rosey Puebla y Pedro Ortega Hernández, quienes argumentaron que los periodistas se habían “excedido” en su libertad de expresión.

La demanda por “daño moral” derivó de las investigaciones que publicó Pérez Mendoza en las revistas que dirige Miguel Badillo. Ahí, la reportera documenta que Zaragoza López fue investigado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Además, de sus nexos con altos funcionarios de Petróleos Mexicanos y el financiamiento de la campaña presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.

Pese a que el empresario chihuahuense aceptó que él mismo relató a la periodista las investigaciones por narcotráfico de las que fue objeto en 1992, los magistrados de la Sexta Sala Civil consideraron que los periodistas no tenían derecho a publicar las entrevistas, dicta el fallo del recurso de apelación 1909/08, emitido el 23 de septiembre de 2008 por los jueces TSJDF.

Un mes antes, el 5 de agosto del año pasado, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros, Diego Romero Velasco y Juan Manuel Aguilar Maya –representantes de Zaragoza López y de Grupo Zeta– entraron a las instalaciones de las revistas Contralínea y Fortuna con la intención de llevar a cabo una diligencia, también sin previa notificación.

Los representantes legales de Jesús Zaragoza fueron encabezados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar Sergio Guillermo González Pulido, además de guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

 

Denuncia ante la CNDH

La irrupción de los funcionarios públicos y abogados del empresario chihuahuense quedó asentada en una queja ante el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

El documento, firmado por los reporteros Ana Lilia Pérez, Miguel Badillo, Marcela Yarce Viveros y Nydia Egremy Pinto –también colaboradoras de las revistas Contralínea y Fortuna–, relata las diversas agresiones a las que se ha enfrentado el equipo editorial.

“Al filo de las 11 de la mañana del 5 de agosto, la reportera (Ana Lilia Pérez) se trasladaba de su domicilio, en el Estado de México, a las instalaciones de la revista Contralínea. Se percató de que un hombre de aproximadamente 30 años de edad, complexión mediana, moreno y cabello rizado, le tomaba fotografías”. Luego, aproximadamente a las 15:30 horas de ese mismo día, los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López y de Grupo Zeta irrumpieron en las instalaciones de la revista.

Allí “se trasladaron hasta la oficina de Miguel Badillo, mientras otros policías permanecían frente a la puerta principal (sobre avenida Juárez) abordo de sus patrullas y un grupo más se instalaba a lo largo de la redacción. Ninguno de ellos se identificó ante el vigilante del edificio, tampoco ante los trabajadores de la revista.

“Mientras el perito exigía a Miguel Badillo los documentos contables de la casa editorial, el abogado Diego Romero amenazaba a los reporteros con romper y abrir los cajones de los escritorios y sustraer todos los documentos, sin importar que se tratara de expedientes periodísticos.

“Dentro de la oficina de Miguel Badillo, el abogado Francisco Cuéllar Ontiveros comentó a la reportera Nydia Egremy, quien se acercó a él para conocer el objetivo de esa irrupción en nuestras instalaciones, una serie de mensajes que, le advirtió, debía ‘comunicárselos’ a Miguel Badillo:

—Miguel se metió entre las patas de las mulas y no quiere aceptar. Ésta es la primera (de las demandas). A ver, ¿quién va a tener más recursos?

—Entonces, es cuestión de dinero, no de justicia o de información. Usted mismo está diciendo que la información es real, tenemos documentos…

—Esos documentos no tienen nada que ver, no es real. No se la van a acabar, no tiene nada que ver con lo que estás viendo. No quieren entender. Y ésta es la primera de varias demandas, todos los hermanos, las hermanas (de Zaragoza) van a demandar. Cada una de las empresas los va a demandar y no van a poder con eso. Se metieron con quien no debían. Vamos a acabarlos.

—Entonces lo que quieren es desaparecer el medio. ¿Es por una orden?

—Una disculpa, eso es lo que quieren. Ahí te va, viene lo que quiere. Es lo mínimo, una disculpa incondicional, porque las consecuencias fueron funestas para su negocio. Habla con él. Dile a Miguel que se disculpe…

Luego, el abogado se dirigió al periodista Miguel Badillo para decirle, como ya se lo había manifestado en varias ocasiones Jesús Alonso Zaragoza López, que revelara las fuentes de la información que habían proporcionado los documentos y la información publicada en las revistas, indica la queja (Contralínea 112).

El allanamiento se derivó del juicio de medios preparatorios promovido por Thermogas, otra de las compañías del Grupo Zeta. El expediente 708/2008 fue abierto por el juez 13 de lo Civil, de Guadalajara, Jalisco. El pasado 27 de enero, Contralínea presentó una queja contra el juzgador, ante el Consejo de la Judicatura estatal, por la ilegalidad de esa diligencia y de las recientes órdenes de arresto.

 

El amparo

Resultado de la diligencia que los abogados del Grupo Zeta Gas pretendían hacer a la empresa periodística, Miguel Badillo interpuso una demanda de amparo ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, Alejandro Villagomez Gordillo, quien resolvió a favor del reportero y las revistas que dirige, el 14 de noviembre pasado.

En el expediente 604/2008, las instancias judiciales lo amparan y protegen contra actos del juez 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara, Jalisco, (Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez), juez y actuario adscritos al Juzgado 56 de lo Civil, estos últimos del TSJDF; así como contra actos del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

En el documento, Villagomez Gordillo resolvió que el juez Cárdenas Rodríguez no realizó con antelación la notificación de la diligencia que se pretendía llevar a cabo y que obrara en el juicio entablado por la empresa Thermogas.

Según el amparo, “existe una violación a la garantía de audiencia del peticionario de amparo, toda vez que nunca fue notificado de manera previa la tramitación de unos medios preparatorios a juicio, cuyo objeto era la revisión y estudio de su documentación contable. Situación que incluso fue ordenada en autos y que nunca se cumplió”. El periodista argumentó la violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 14 constitucional por el que se promovió el amparo indica que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Mientras, el artículo 16 de la Carta Magna precisa: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

 

La PBI sin facultades

Respecto a que fueron elementos de la Policía Bancaria e Industrial los que llevaron a cabo la detención de Badillo Cruz, su abogado Horacio Gómez Mendieta asegura que ésta fue “ilegal”, ya que se trata de la policía preventiva la que ejecutó la orden.

No obstante, Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, aseguró, en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, que desde hace cuatro años la PBI “hace arrestos a solicitud de la Secretaría de Seguridad para no distraer a la policía preventiva; en el reglamento nuestro está totalmente tipificado, por lo que es completamente legal. Además de que la dependencia cuenta con un convenio con la Policía Bancaria para que se cumplan los arrestos de tipo civil”.

Según el portal de internet de la SSP, la PBI “contribuye al mantenimiento del orden público; a la protección de la integridad física de las personas y sus bienes; en la prevención de la comisión de delitos e infracciones a la Ley de Justicia Cívica, y de las diversas disposiciones legales. Auxilia a la población en caso de siniestros y desastres. Todo ello dentro del marco legal de las garantías individuales”. Ante esta situación, Gómez Mendieta dice que la PBI está obligada a rendir un informe en los próximos días y así mostrar el convenio que avala lo dicho por Mondragón y Kalb.

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