Estado mexicano debe proteger a periodistas de Contralínea: CIDH
Por considerar que “el daño potencial no permite demoras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares a favor de Contralínea y de su equipo editorial
Por considerar que “el daño potencial no permite demoras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares a favor de Contralínea y de su equipo editorial
Por considerar que “el daño potencial no permite demoras”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicta medidas cautelares a favor de Contralínea y de su equipo editorial
Saquean los archivos periodísticos de los reporteros de Contralínea. Alrededor de las 23:45 horas del lunes inició el atraco a las instalaciones de la revista y se prolongó hasta pasadas las 04:45 horas del martes 24, revelan los videos de vigilancia
Las instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación –ubicadas en la transitada avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen, Coyoacán– fueron asaltadas la noche del lunes 23 de junio de 2014. Como resultado de ello, los delincuentes se llevaron expedientes periodísticos de los reporteros. También, documentación personal que algunos periodistas resguardaban en sus escritorios.
Alrededor de 3 billones de dólares estarán en juego en los próximos años en el sector petrolero mexicano.
Secretaría de Gobernación, CNDH y Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigan violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra periodistas de la revista Contralínea. El Grupo Zeta Gas consiguió una sentencia contra el medio de comunicación violentando el debido proceso: a espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que no se les permitió defenderse. Esta revista fue condenada a pagar medio millón de pesos
Servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial violaron la libertad de expresión de los periodistas de Contralínea, al favorecer indebidamente a representantes del Grupo Zeta en una demanda por daño moral que éstos interpusieron.
Un área natural protegida es el destino del cascajo y la basura que genera la construcción de la Supervía Poniente. El proyecto concesionado a las trasnacionales OHL y Copri por el gobierno de Marcelo Ebrard no sólo implica la tala de miles de árboles por los que correrá la carretera privada, sino también la destrucción de una extensa área de conservación ecológica en las faldas del Ajusco: las tierras del pueblo originario de San Nicolás Totolapan. Una vez destruido el bosque, se utilizará el cascajo para aplanar la zona y establecer negocios como gotchas y pulquerías, denuncian ejidatarios. El Gobierno del Distrito Federal asegura que los desechos generados por la Supervía sólo se depositan en “lugares autorizados” y que ya se han clausurado cinco tiraderos clandestinos en la zona
El 20 de marzo, integrantes del Bloque Popular Juvenil presentaron la organización Revolución Comunista. Uno de integrantes, Juan de la Cruz, explica el pasado y
A más de seis meses de que inició el enfrentamiento en la Franja de Gaza, México reafirmó su apoyo a Palestina, al respaldar la petición
Sao Paulo, Brasil. Crece el número de suicidios de jóvenes causados por el linchamiento virtual. El odio permea las redes digitales. Avanza la cultura de
En sesión extraordinaria, la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó una serie de medidas cautelares, en respuesta a
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