En relación con el arresto de la periodista Sanjuana Martínez ocurrido el jueves 5 de junio en su domicilio en Monterrey, Nuevo León, la Casa de los Derechos de Periodistas expone a la opinión pública lo siguiente:
a) De acuerdo con distintas versiones, Sanjuana Martínez hizo público en el año 2008, en el ejercicio de su profesión, que la jueza Luz María Guerrero Delgado obligó a sustraer a dos niños de un refugio mediante la coerción a la directora. La abogada de la periodista dio a conocer que la jueza ha acosado de diferentes maneras a Sanjuana Martínez, por lo que la periodista interpuso una denuncia contra la juzgadora el pasado miércoles 4 de julio y solicitó el cambio de juzgado para dirimir un asunto familiar y de divorcio. Porque existe una enemistad manifiesta. Al día siguiente la jueza ordenó la detención de la periodista sin mediar notificación previa, presuntamente por una falta administrativa.
b) Aun en caso de ser ciertas las acusaciones que se tengan contra la periodista y que oficialmente hayan derivado en la privación de su libertad, dados los elementos anteriores, la jueza Luz María Guerrero Delgado está impedida legalmente para abordar el caso, y su actuación contraviene lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que entre las causas para que un juzgador no pueda conocer de determinados asuntos incluye “tener amistad íntima o enemistad manifiesta” con alguna de las personas interesadas (fracción II) y “haber presentado querella o denuncia el servidor público, su cónyuge o parientes […] en contra de alguno de los interesados o viceversa” (fracción IV). Por ello, la jueza estaba obligada a excusarse de conocer el caso, que debió ser derivado a otro juzgado conforme al artículo 112 del mismo ordenamiento.
Existen testimonios de que durante el arresto la comunicadora fue amenazada con armas largas por los agentes de la policía de Nuevo, fuertemente armados Sanjuana estuvo incomunicada durante una hora y las autoridades no la consignaron en forma inmediata como lo prevé la ley.
Por lo expuesto anteriormente, existen elementos para considerar que tanto en la detención de Sanjuana Martínez como en el trato que recibió por parte de las autoridades se violaron sus derechos humanos y el derecho que tiene todo ciudadano a un justo proceso. Además, las acciones contra la periodista pueden tratarse de represalias por el ejercicio de su trabajo periodístico, lo que es inaceptable en nuestro sistema democrático. En función de lo anterior, la Casa de los Derechos de Periodistas exige:
Al Poder Judicial del Estado de Nuevo León:
· Proceder de inmediato para que el asunto familiar que implica a la periodista Sanjuana Martínez, se turne a otro juzgado.
· Iniciar los procedimientos que corresponda para sancionar a la jueza Luz María Guerrero Delgado por el incumplimiento de la ley, por los posibles daños a la integridad moral y la reputación de la periodista Sanjuana Martínez, y en su caso por los delitos que se configuren en la actuación de la juzgadora.
· Iniciar el procedimiento que corresponda para la reparación del daño a la periodista afectada.
Al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León:
· Revisar si la actuación de los agentes estatales que participaron en el arresto de la periodista Sanjuana Martínez violaron las normas establecidas para esos casos. En su caso, iniciar de inmediato los procesos que correspondan contra quienes resulten responsables.
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León:
· Analizar la posible violación a los derechos humanos de la periodista Sanjuana Martínez en lo tocante a I) la inexistencia de una notificación previa al arresto; II) el uso excesivo de la fuerza pública con fines intimidatorios, y III) la no presentación inmediata de la periodista ante la autoridad competente.
La Casa de los Derechos de Periodistas seguirá de cerca el caso, exige que se actúe conforme a derecho, se dé un trato digno a la periodista y que cese el hostigamiento por el ejercicio de su trabajo periodístico.
Atentamente.
Lic. Judith Calderón Gómez
Presidenta
Para mayor información:
Rogelio Hernández 044 55 54 18 42 49
Coordinador de Protección.
Jaime Guerrero 044 55 14 73 94 02
Coordinador Ejecutivo
