Beto Marcos llevaba el oficio en la sangre. Reportero, jefe de información, corresponsal… un periodista que al ser asesinado por su trabajo dejó a su familia un legado de dignidad y de cultura del esfuerzo; pero ni un solo peso. Nadie indemnizó a su esposa ni a sus hijos, quienes hoy viven en la pobreza.

El caso de Roberto Marcos García García se multiplica en 10 años de panismo. Desde el arribo del Partido Acción Nacional al Poder Ejecutivo federal, en diciembre de 2000, 64 periodistas han sido asesinados y de 10 más se desconoce su paradero. México se ha revelado como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, aun por encima de naciones en guerra como Irak, Afganistán o el Congo.

Más del 60 por ciento de los homicidios y de las desapariciones forzadas se ha cometido durante los tres años y medio de gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Ni una sola persona ha sido consignada por las agresiones a la prensa.

El 5 de marzo pasado, durante la presentación del informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Felipe Calderón aseguró que los crímenes cometidos contra periodistas son “fundamentalmente” realizados por la delincuencia organizada. Su afirmación no fue acompañada de una sola evidencia, un solo dato. Así, al igual que los homicidios contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos, los realizados contra periodistas son presentados como consecuencia de la supuesta “guerra” que su gobierno libra contra las bandas del narcotráfico.

Los asesinatos y las desapariciones forzadas son las más despiadadas acciones; pero no las únicas. Las agresiones contra los trabajadores de medios de comunicación se cuentan por cientos e incluyen insultos, amenazas, discriminación, veto informativo y publicitario, golpes, cárcel. El 60 por ciento de los atentados contra periodistas es cometido por personas adscritas a una institución gubernamental, de acuerdo con el informe de 2009 del Centro de Periodismo y Ética Pública.

Los periodistas asesinados quedan en el olvido y sus familias, en el desamparo. La Procuraduría General de la República y su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas se han dedicado a llevar la cuenta del número de asesinatos, desapariciones y otras agresiones. Pero nada más. No han esclarecido un solo caso; menos, han hecho justicia.

La mayoría de los asesinados son reporteros: la línea más vulnerable de la prensa, quienes realizan su trabajo entre las calles y la oficina de redacción.

Con esta entrega, el equipo de periodistas de la revista Contralínea inicia la publicación de un reportaje seriado sobre los reporteros, redactores, columnistas y todos aquellos trabajadores de los medios de comunicación que, a causa de su trabajo, han sido asesinados o desaparecidos. El objetivo es rescatar su memoria; recuperar sus historias, sus vidas detrás de las cifras; dejar un testimonio de su trabajo periodístico.

En uno de los periodos más aciagos de la historia de México, el usurpador Victoriano Huerta ordenó secuestrar, torturar y asesinar al periodista y legislador Belisario Domínguez Palencia. El presidente de facto, sin otro apoyo que el de la milicia, estallaba en ira al leer los escritos y discursos de quien sólo cumplía con su trabajo: investigar, informar, analizar, cuestionar, debatir. El país se hallaba al borde de la revuelta y, en medio de los efectos de su alcoholismo, Huerta ordenó acallar al periodista crítico. La noche del 7 de octubre de 1913, sus sicarios le llevaron, como trofeo, la lengua de Domínguez Palencia. Como en toda dictadura, las primeras bajas fueron las de las libertades de expresión y de prensa.

A casi 97 años de aquellos hechos y en las vísperas del 3 de mayo, fecha que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró Día Mundial de la Libertad de Prensa, en México parecen reproducirse, por decenas, los Belisario Domínguez: periodistas torturados y silenciados por poderes fácticos o formales.

Cada una de las historias de los 11 periodistas de Tamaulipas, nueve de Guerrero, nueve de Chihuahua, nueve de Michoacán, ocho de Veracruz, cuatro de Oaxaca, tres de Sinaloa, tres del Estado de México, tres de Durango, tres de Coahuila, dos de Jalisco, dos de Sonora, dos de Tabasco, uno de Chiapas, uno de Quintana Roo, uno de Nuevo León y uno del Distrito Federal –que se relatarán en las páginas de Contralínea a partir de este número–, advierten que México se aleja de la democracia y, por el contrario, parece sumergirse en un régimen déspota, indolente e incapaz de garantizar los derechos humanos, en especial el 19 de la Declaración Universal: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.