La defensa del territorio y de la libre determinación son las principales causas de conflictos en los pueblos indígenas de México, debido a que representan el 37 por ciento del total de las disputas en comunidades originarias, informó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Durante el informe global 2020 de la organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por su sigla en inglés), agregó que en segundo lugar se ubican los problemas agrarios, con 26 por ciento; y a éste le siguen la minería, 13 por ciento; los proyectos energéticos, 9 por ciento; y la defensa del agua, las hidroeléctricas y la infraestructura, con 3 por ciento respectivamente.
Estos conflictos se registran en 23 estados de la República, donde Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua figuran como las entidades federativas con mayor índice de violencia en comunidades indígenas.
Asimismo, el antropólogo señaló que la violencia en pueblos originarios ha incrementado por cuatro factores: disputas territoriales, presencia del crimen organizado, imposición de proyectos de desarrollo y falta de un marco jurídico que reconozca plenamente los derechos indígenas.
Respecto al marco jurídico, Abel Barrera indicó que la falta de leyes y reglamentos con perspectiva indígena genera violencia porque no se garantiza ni reconoce a las tierras ancestrales; además no se respeta la autodeterminación de los pueblos.
En cuanto a los proyectos de desarrollo aseveró que los gobiernos federales ven a las comunidades indígenas como antidesarrolladoras cuando se oponen a los megaproyectos; sin embargo, agregó, existe resistencia debido a que las consultas efectuadas entre sus habitantes no cumplen con los protocolos.
Finalmente, el director de Tlachinollan precisó que la falta de apoyo de las autoridades encargadas de la seguridad, como la Guardia Nacional, propició el desplazamiento forzado de los habitantes indígenas a causa de la violencia generada por el crimen organizado.
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