Revista Fortuna. El órgano interno de control del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha iniciado procesos de investigación y deslinde de responsabilidades en contra de 63 servidores públicos de todos los niveles que habrían incurrido en violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos y diversas normas presupuestarias y administrativas.

De acuerdo con información del SAT, los funcionarios investigados incurrieron en irregularidades en el ejercicio de sus funciones al frente de la fiscalización tributaria, lo que daño la operación e ingresos del SAT.

El número de funcionarios bajo investigación tan sólo durante la gestión de la actual jefa del SAT, Raquel Buenrostro, supera ya el número de 21 inhabilitaciones que entre 2013 y 2016 ha reportado el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública.

El Órgano Interno de Control en el SAT recibió información sobre actos, omisiones y delitos en los que habrían incurrido estos funcionarios y que afectaron el cobro oportuno de impuestos.

Si bien el recurso del perdón fiscal quedó eliminado de la legislación, la Jefatura del SAT detectó decisiones discrecionales desde las oficinas regionales que provocaron quebrantos a la autoridad fiscalizadora. Se indaga, por lo tanto, cómo se otorgaron esos perdones a nivel de las oficinales regionales del SAT.

En julio de 2019, la Secretaría de la Función Pública y el SAT firmaron un convenio para compartir más información, de manera más segura, aprovechando las tecnologías, garantizar la protección de datos personales y, al mismo tiempo, evaluar mejor la evolución patrimonial y los conflictos de interés de los servidores públicos.

Durante los últimos seis meses, el SAT ha logrado el cobro de al menos 30 mil millones de pesos por concepto de deudas con grandes contribuyentes. En el SAT también se inició una cruzada contra compañías que usaban empresas y operaciones fachada para emitir facturas falsas. Por ello, el Órgano Interno de Control –que depende de la Secretaría de la Función Pública– realiza las investigaciones necesarias para fincar responsabilidades en contra de los funcionarios que hubieran colaborado en el esquema de defraudación de las factureras.

La violación a leyes y normatividad presupuestal es, en la mayoría de los casos, los delitos en los que han incurrido funcionarios inhabilitados entre 2013 y 2016, de acuerdo con los registros de datos abiertos de la Secretaría de la Función Pública.

[fullwidth style=”default” fullwidth=”NO” background_color=”#f2f2f2″ background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” mesh_overlay=”no” border_width=”0px” border_color=”grey” padding_top=”20″ padding_bottom=”20″ padding_left=”20″ padding_right=”20″ text_align=”” text_color=”#1D1E1B”]

Funcionarios inhabilitados por el Órgano Interno de Control en el SAT (2013-2016)

Juan Gabriel González Martin

Luis David Ceron Caballero

Luis Jaime Hernández Ponce

María de los Remedios Becerra López

Carlos Alberto Silva Díaz

Édgar Macario Reyes Domínguez

Francisca Leyva Romero

Alejandro Nava Martínez

Carlos Alberto Silva Díaz

Édgar Macario Reyes Domínguez

Juana Rodríguez Tinajero

Aracely Morales Reyes

Karla Guadalupe Rosas López

Miguel Ángel Torres Hernández

Perla Xochitl Reyes Vega

Jorge Sánchez Hernández

Eulalia Gómez Sánchez

Guillermo Édgar Chávez Jaimes

Martín Fernández Castellanos

Fuente: Secretaría de la Función Pública. Datos abiertos