93.2% de los delitos a nivel nacional no se denunció

En México, el 93.2 por ciento de los delitos que ocurrieron en 2017 a nivel nacional no se denunció o no derivó en una averiguación previa ni en carpeta de investigación, porque 34.2 por ciento de las víctimas consideró que es una pérdida de tiempo y 16.5 por ciento desconfía de la autoridad, revela la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (Envipe) 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta señala que de enero a diciembre del año pasado hubo 25.4 millones de víctimas de 18 años en adelante. Es decir, 29 mil 746 víctimas por cada cien mil habitantes. Lo cual indica un aumento, ya que la tasa nacional en 2016 fue de 28 mil 788 víctimas.

Además, el costo total de la inseguridad y del delito en hogares fue de más de 299 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.65 por ciento del producto interno bruto y a la pérdida de 7 mil 147 pesos por cada víctima.

La percepción de inseguridad a nivel nacional se midió entre marzo y abril de 2018 y fue de 79.4 por ciento. Mientras que la sensación de inseguridad en los ámbitos próximos a las personas fue de 70 por ciento.

El delito más frecuente fue el de robo o asalto en la calle o en el transporte público, ocurrieron 11 mil 81 por cada cien mil habitantes. Por otro lado, el delito de extorsión tuvo una reducción, al pasar de 24.2 a 19.6 por ciento respecto a 2016; sin embargo, incrementó el pago de los rescates: de 4.4 por ciento a 6.8 por ciento.

El director de Modelos de Información Gubernamental del Inegi, Mario Alberto Santillana Zapata, dice a Contralínea que la Envipe puede servir como “instrumento clave para el diseño de políticas públicas en materia de seguridad […], ya que incluye aquellas situaciones que la gente nos declara pero que no están reflejadas en las cifras de denuncia del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Además, señala que cuando las autoridades realizan análisis sobre la inseguridad en el país, únicamente “se basan en los registros administrativos, es decir, en las cifras de delitos denunciados […] Por lo que la autoridad se está quedando muy corta en cuanto a la caracterización del fenómeno delictivo”.

Aseneth Hernández