Ante la impunidad que prevalece en torno al asesinato de Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y de Jyri Jaakkola, observador de derechos humanos de origen finlandés, quienes viajaban en una caravana de paz rumbo a San Juan Copala, Oaxaca, familiares de las víctimas pretenden llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Han decidido dejar de esperar que se haga justicia en México.

Fue el 27 de abril de 2010, alrededor de las 14:30 horas, que una veintena de hombres con armas largas se desgajaron de uno de los cerros del predio de dominio priísta La Sabana. Portaban AK-47 o cuerno de chivo y emboscaron a la hilera de autos que se dirigía pacíficamente al municipio autónomo de San Juan Copala.

Las balas entraron por decenas en cada automóvil, perforaron parabrisas, toldos, puertas. Mataron a Bety Cariño y a Jiry Jaakkolaa e hirieron a casi una decena de personas, entre ellos: defensores de derechos humanos y maestros. Dos periodistas de este semanario permanecimos desaparecidos por más de 60 horas.

El cofre de la camioneta que encabezaba la marcha vehicular portaba una manta blanca que decía: “Prensa y Caravana de Observación”. Enseguida, viajábamos David Cilia y Érika Ramírez en un auto Dodge, Attitude, rentado la tarde anterior.

Omar Esparza Zárate, viudo de Bety Cariño, comenta que se han tenido pláticas con la familia de Jyri Jaakkola y en poco tiempo podría llevarse el caso ante la CIDH. El proceso se ha interrumpido por la pandemia de Covid-19, pero en la medida que se reduzca el riesgo por esta contingencia será reactivado, comenta.

El compañero sentimental de Bety Cariño comenta que “el Estado mexicano y las instituciones que imparten justicia se han quedado totalmente rebasadas. El sistema de justicia en este país es aberrante, es un total calvario para todas las víctimas que viven o sufren la violencia en México y que no tiene respuesta. Hoy, peor todavía, con el cierre de los juzgados y con la situación de impunidad que se vive es terrible”.

Ante el encuentro con el encargado de atender el caso, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Esparza Zárate, comenta que no se ha llevado a cabo, “desgraciadamente, en estos 3 años busqué, lo he buscado en varios momentos. Lo encontré porque en Puebla soy consejero ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y es ahí que platicamos del caso unos minutos, hace ya más de un año, pero con el tema del Covid-19, se suspendió la visita programada y, hasta hoy, no hay nada”.

El defensor de derechos humanos cuestiona el papel del actual fiscal oaxaqueño, Arturo Peimbert Calvo, pues desde que llegó al poder no ha tomado con seriedad el caso en Oaxaca. Él conoció del tema cuando estaba como gobernador Gabino Cué, fue cercano al conflicto y no se hizo nada, sólo “fracturó y dividió a los grupos que estaban pidiendo justicia… No ha tenido el más mínimo interés, a pesar de que le hemos llamado y le hemos insistido en atendernos, como familiares de las víctimas”, dice.

Para Omar Esparza, ya no hay otro paso en las instancias del gobierno federal ni en el de Oaxaca, “con el Estado mexicano ya no hay nada por resolver. Acotamos 11 años todas las instancias necesarias para lograr la justicia. Es contundente el papel que han jugado las instituciones que la imparten, las procuradurías y los más altos niveles de gobierno, y nos quedó muy claro que solamente son promesas y diálogos.

“En el transcurso de estos 11 años ha sido pura demagogia. Nos queda la demanda internacional, hay que llegar a la CIDH. Este es un camino que ya hemos acordado con la familia de Jyri Jaakkola y está en proceso”, expone.

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