La investigación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) –dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR)– no ha arrojado datos concluyentes sobre la identificación de las personas responsables del allanamiento al domicilio de la activista y escritora Lydia Cacho, y la línea de investigación sigue incierta, afirmó Artículo 19 en un comunicado.
Agregó que hace un año, el domicilio de Cacho fue allanado por sujetos desconocidos. En los hechos dañaron las cámaras de seguridad, mataron a una perra guardia y robaron objetos de trabajo que contenían información sensible sobre los casos de pederastia que ha tratado como defensora de los derechos humanos de mujeres y niños.
Y recordó que, desde 2005, la mujer ha sido sujeto de amenazas de muerte, mensajes intimidatorios, tortura, un atentado contra su vida y desplazamiento forzado [del país], el cual fue motivado por la impunidad y un deficiente acceso a la justicia.
Un claro ejemplo de lo anterior, indicó la organización, es la falta de ejecución de las órdenes de aprehensión por la comisión de tortura en contra de Cacho –liberadas por magistrada del primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito–, en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín; el empresario Kamel Nacif Borge; el exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
Para Artículo 19, mientras los responsables de las agresiones no se encuentren aprehendidos, Lydia Cacho se encuentra en riesgo. Por lo anterior, llamó al Estado mexicano a cumplir con el compromiso de acceso a la justicia y garantías de no repetición emitido por Olga Sánchez Cordero, el 10 de enero de 2019, frente a la activista y la sociedad.
