La mayoría de los ataques contra defensores de derechos humanos y, en particular, contra defensores medioambientales fue cometida por autoridades de los tres niveles de gobierno, advirtió Alejandra Leyva.
Para la experta en derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la “protección integral sigue siendo una deuda del Estado mexicano: las capacidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son limitadas, sobre todo para los casos colectivos de personas que defienden los derechos ambientales”.
“El gobierno federal carece de una estrategia para hacer frente a la impunidad de los delitos y las agresiones cometidas en contra de los defensores y periodistas”, señaló Alejandra Leyva Durante la presentación del Informe anual global Witness 2017. Y es que las instituciones de justicia no tienen opciones para realizar investigaciones adecuadas y efectivas.
Según el Informe, durante 2017 se cometieron 15 homicidios contra defensores de derechos ambientales. Además, de julio de 2016 a diciembre de 2017 se registraron 88 agresiones contra este sector.
Por ello, representantes de diversas organizaciones no gubernamentales exigieron al Estado mexicano atender y resolver de manera inmediata el contexto de violencia al que se enfrentan tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas.
Durante la presentación del Informe, destacaron que las agresiones físicas, la criminalización y los asesinatos son parte del contexto que viven los defensores y comunicadores.
Isela González, directora ejecutiva de Alianza Tierra Madre, agregó que las agresiones derivan de intereses económicos de empresas madereras y caciques mestizos que por décadas han tratado de despojar de los territorios ricos en madera de pino y encino, así como por intereses relacionados con las concesiones mineras.
La defensora denunció que el personal de Alianza Tierra Madre también está sufriendo la violación del derecho a defender derechos, pues por el peligro que representa para su integridad física –desde 2011– sólo pueden acudir a las comunidades con acompañamiento policiaco.
Para Isela González, la organización no puede abandonar su trabajo en campo porque las comunidades quedarían aún más aisladas.
Por su parte, Cemda ha identificado que las agresiones afectaron a quienes estaban en contra de proyectos relacionados con la minería, el despojo de tierras y territorios, los proyectos de infraestructura y los proyectos hidroeléctricos.
Aseneth Hernández
