A casi 3 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, se presentó por tercera vez el Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de esta escuela, ubicada en Guerrero. La delegación estuvo compuesta por la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México y coordinadora del Mecanismo de Seguimiento, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
A través de un comunicado, el organismo internacional informó que la visita se realizó con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la medida cautelar y de las recomendaciones del GIEI respecto del avance de la investigación, la búsqueda de los desaparecidos, la atención integral a víctimas y familiares, y la adopción de medidas estructurales de no repetición.
Ante los funcionarios de la CIDH, familiares de los desaparecidos manifestaron su frustración “por la falta de avances concretos para encontrar a sus seres queridos, y su angustia ante la inminencia del tercer aniversario de los trágicos eventos sin alcanzar verdad y justicia. La CIDH urge al Estado a acelerar los trabajos relativos a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos”.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la delegación sobre las diligencias realizadas; la CIDH valoró “positivamente la asignación de un equipo de más de 90 personas de forma exclusiva para esta investigación, y confía en que esta potencialidad se traduzca en resultados que acerquen a la verdad sobre lo ocurrido el 26 y 27 de setiembre de 2014”.
En el comunicado se indica que hay certeza que los teléfonos y chips de los estudiantes fueron utilizados tiempo después de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, “hecho que aunado a otros elementos de prueba corrobora la necesidad de descartar la versión inicial que indicaba que todos los teléfonos habían sido quemados en el basurero de Cocula. La Comisión reitera que la difusión de esta hipótesis, que ya ha sido descartada por el GIEI, provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.
La CIDH “urge al Estado a tomar las medidas necesarias para concretar la detención de los policías de Huitzuco que estarían involucrados en los hechos, como medida tendente a esclarecer lo ocurrido y sancionar a todas las personas responsables. Asimismo, exhorta al Estado a avanzar en la investigación de los policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos”.
Y es que el organismo internacional recibió información en el marco de la asistencia jurídica solicitada al gobierno estadounidense. “La línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes o de dinero hacía los Estados Unidos sigue siendo de suma importancia y debe profundizarse más a la luz de todos los elementos de investigación que se encuentran en el expediente. La Comisión exhorta al Estado a priorizar pruebas y diligencias en relación con la ubicación del quinto autobús”.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra hoy, la CIDH expresó “su solidaridad con los familiares de personas desaparecidas que día a día viven la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos. La Comisión reitera su preocupación por los niveles críticos que ha alcanzado la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano, con más de 30 mil personas no localizadas según datos oficiales. En este sentido, la Comisión urge al Estado mexicano a dar pasos decisivos para que el país pueda contar a la brevedad con una Ley General contra la Desaparición Forzada que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, cuente con el indispensable respaldo de las familias y organizaciones que acompañan el proceso y los recursos necesarios para su implementación efectiva y eficaz”.
