Las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Ayuntamiento de Puebla actuaron con negligencia, al omitir acciones e incumplir responsabilidades que derivaron en la explosión de una toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán –el 31 de octubre de 2021–, confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La misma afectó a 256 habitantes.

“A partir del análisis de las evidencias, la CNDH pudo acreditar que Pemex y el Ayuntamiento de Puebla no actuaron con la debida diligencia para adoptar las medidas necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía por construcciones irregulares en el lugar de los hechos, por lo cual resultan responsables de las consecuencias de la extracción ilegal de gas”.

Por ello, dirigió la Recomendación 169/2023 para que Pemex proceda con la inmediata reparación integral de daños a las víctimas directas y sus familiares. Asimismo, la CNDH indicó que la empresa estatal deberá incluir una compensación monetaria, además de brindar atención psicológica y tanatológica a las 11 personas que resultaron afectadas por la explosión.

En cuanto a los integrantes del Ayuntamiento de Puebla, la CNDH solicitó la entrega de viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas para las personas que sufrieron daños en sus bienes.

De igual manera, Pemex, Pemex Logística y el Ayuntamiento de Puebla deberán impartir cursos de capacitación dirigidos a sus trabajadores, con el objetivo de transmitir la importancia del derecho humano a la vida, a la integridad personal y a la vivienda.

“Además, las autoridades mencionadas deberán realizar un censo actualizado para conocer cuántas personas perdieron la vida, cuántas sufrieron lesiones y se encuentran totalmente restablecidas, cuántas presentan secuelas y limitaciones orgánicas para el desempeño de vida, así como un diagnóstico sobre las necesidades colectivas de ordenamiento territorial y vivienda adecuada de los vecinos de la colonia San Pablo Xochimehuacán”.

Por último, la CNDH pidió la participación de dependencias y entidades federales y estatales para diseñar un Programa Integral de Recuperación para el restablecimiento de las franjas de seguridad y/o derechos de vía.