Ante comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó garantías en favor de los defensores comunitarios que luchan contra megaproyectos, como minas y represas. Planteó también la necesidad de que México cuente con un presupuesto público “elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos”.

El Sexto Visitador General, Jorge Ulises Carmona Tinoco, en representación de la CNDH, también se pronunció porque el gobierno mexicano ratifique el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y armonice leyes federales y estatales en materias ambiental, laboral y de seguridad social.

En el marco de la sustentación del Informe de México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU, la CNDH abundó en “la urgente necesidad” de un presupuesto con enfoque en los derechos humanos. Este instrumento tendría que ser acompañado de un combate frontal a la corrupción.

México está siendo evaluado después de 12 años y luego de que se pospusiera esta revisión por el sismo del pasado 19 de septiembre.

En la reunión celebrada en el Palais Wilson, Carmona Tinoco demandó que las autoridades de todos los órdenes de gobierno fortalezcan y armonicen sus legislaciones en materia ambiental, además de cumplir con la vigilancia e inspección por parte de los responsables facultados para ello.

 “El Estado mexicano debe garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan desarrollar con toda libertad y libres de amenazas o riesgos su actividad de promoción y protección de los DESCA; tal es el caso de defensores comunitarios cuya labor se relaciona con los megaproyectos de industrias extractivas, de represas y eólicos, promovidos por la iniciativa privada o las propias autoridades”.

Zósimo Camacho