La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las autoridades hacendarias para que revisen sus medidas de austeridad anunciadas y que éstas se hagan tomando en cuenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“A pesar de que esta Comisión Nacional coincide en que México requiere medidas de austeridad para poder afrontar la crisis mundial derivada de la pandemia por la Covid-19, cree que hay instituciones que no pueden dejar de asumir su papel, como es el caso de la CEAV”, indicó esa institución al tiempo que advirtió que se paralizaría con el recorte operativo del 75 por ciento de su presupuesto o gasto corriente.
Por ello, la CNDH manifestó su preocupación en un comunicado a razón de que dicha dependencia atiende a más de 7 mil 200 víctimas en los Centros de Atención Integral de CEAV en todo el país.
Su paralización o desaparición implicará que las víctimas dejarán de contar con la atención médica, psicológica, social y orientación jurídica; se impedirá a las víctimas el acceso a una compensación, desaparecerá el REANVI, el cual opera el Registro de las víctimas para acceder a una reparación de daño, misma que atiende más de 500 solicitudes por día; asimismo, quedarán pendientes mil resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de esta Comisión Nacional, de la Corte Interamericana, entre otras y asuntos como Atyotznapa, Casino Royale, Guerra Sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlataya, aseveró la Comisión Nacional.
Señaló que tiene ante a CEAV el trámite de 287 recomendaciones ordinarias y/o de violaciones graves, respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por personas servidoras públicas del orden federal de gobiernos anteriores, pendientes de ser atendidas por parte de esa Institución, ya sea en cuanto al pago de una compensación económica, apoyos a éstas, atención médica, psicológica social y/o asesoría jurídica; mismas que, al no ser atendidas en términos de la Ley General Víctimas, estaría revictimizando a cada una de las víctimas directas e indirectas que se encuentran bajo el cobijo de CEAV, en sus derechos humanos.
Bajo este contexto y con base al comunicado del CEAV, la CNDH consideró que con las medidas anunciadas se estaría violentando el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en su párrafo tercero dicta que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Asimismo, la Comisión Nacional reconoció el esfuerzo de las autoridades de la CEAV para hacer frente a problemas de tipo presupuestario y para a dar atención a las víctimas; sin embargo, recordó que existe el rebaso de la situación –medidas de austeridad– sobre el cumplimiento de sus funciones.
Finalmente, recalcó que la CEAV es un organismo clave para el correcto funcionamiento de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito y, tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los humanos, así como delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
