Representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora se encuentran preocupados ante la incertidumbre de la resolución del juicio de amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pospuesto desde el 22 de agosto del año en curso y que decidirá si reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos relacionados con el medio ambiente.
Maribel Bustamante, una de las afectadas y representante de los Comités, dijo que su principal temor es que la construcción de la nueva presa de jales en Cananea, Sonora, provoque daños más graves que los que se presentaron con el derrame de 2014. Las afectaciones principales fueron en la salud de los habitantes de Bacanuchi, ya que el agua estaba contaminada.
El amparo fue presentado en 2016 ante el temor de que se produjera un nuevo derrame y para exigir que Grupo México, compañía encargada de la construcción de la presa, presente un informe del impacto ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tome en cuenta la opinión de los habitantes.
María Fernanda Wray, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por su sigla en inglés), dijo para Contralínea que hasta la fecha no les han dado respuesta de porqué se postergó el fallo.
Además, dijo que la semana pasada Maribel Bustamante y María Elena Bustamante, junto con Luis Miguel Cano, abogado de PODER, “intentaron conversar con los ministros y ministras de la Corte y nunca lo lograron”.
Aseneth Hernández
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