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Tres sinaloenses en Malasia, al pie de la horca

Culiacán, Sinaloa. Tras ser condenados a muerte por el Alto Tribunal de Malasia por el delito de narcotráfico, los tres hermanos González Villarreal, originarios de Culiacán, esperan que se resuelva su juicio de apelación. Interpuesto por su abogado Kitson Foong, el proceso judicial al que tienen derecho fue pospuesto –porque el fiscal del caso enfermó– para el 14 de agosto de 2013, en la Corte de Kuala Lumpur.

La sumisa justicia mexicana

Desde hace varios sexenios, destacadamente en los dos últimos gobernados por el Partido Acción Nacional, la sumisa justicia mexicana dispuso que los principales narcotraficantes capturados en territorio nacional fueran extraditados a Estados Unidos para ser juzgados y encarcelados en aquel país, práctica similar a lo ocurrido en Colombia hace 30 años, cuando los principales líderes de los cárteles fueron reclamados por las autoridades estadunidenses y el gobierno colombiano accedió a entregarlos sin objetar, lo que ocasionó una guerra interna desatada por los llamados “extraditables” y con ello miles de muertes.

México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La crisis de los derechos humanos en México se ha generado a partir de la ausencia del estado de derecho en varias regiones del país. La política de militarización y guerra iniciada en la pasada administración se ha extendido en la actual y se ha radicalizado ante la falta de compromisos claros por reforzar un sistema respetuoso de los derechos humanos. La elevada actividad, ausente de controles en el uso de la fuerza pública por parte de policías y militares, ha seguido generando abusos contra los derechos humanos.

IFE licita 75 millones de credenciales

La semana pasada, el contralor del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero Pozas, acusó a los consejeros de ese Instituto, incluido su presidente, Leonardo Valdés Zurita, y su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, de ocultar la corrupción y el desvío de recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios, una práctica conocida en ese órgano electoral autónomo.

La Segunda Sala de la Corte pisoteó la Constitución

En el caso de los electricistas que Felipe Calderón y su secuaz empleado Javier Lozano Alarcón (dos nazis que abusaron del poder) dejaron en el desempleo, los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación –Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Fernando Franco y Sergio Valls– resolvieron el reclamo laboral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como propuso el ideólogo de Hitler y el nazismo, partidario de la autocracia y enemigo a muerte de la democracia y el republicanismo, Carl Schmitt (Estudios sobre Carl Schmitt, varios autores, Siglo XXI, España), quien argumentaba que el defensor e intérprete de la Constitución y único beneficiario debería ser, en ese entonces, el Führer Hitler o el Duce Mussolini. Ahora, pues, la Primera Sala favoreció al borrachín Calderón y al lengua suelta y brabucón Lozano, ¡ahora senador, al estilo de cuando Calígula hizo senador a su caballo!

La Corte cumplió con su deber constitucional

Es verdad que tras la liberación de la francesa Florence Cassez por violaciones burdas, claras e inobjetables a sus derechos humanos y garantías procesales, ya en su patria, sus conciudadanos y el gobierno de Francia la convirtieron en una caricatura de Juana de Arco.

Los semidioses de la Corte

Si hiciera falta algún elemento para que la población esté totalmente convencida de que la justicia en este país es una farsa y un negocio, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) lo ha aportado con su fallo que libera de toda culpa de los delitos de secuestro y delincuencia organizada a Florence Cassez, quien ya duerme en París convertida en una estrella francesa que derrotó a la impunidad e inmundicia de las autoridades mexicanas.

El uso inconstitucional del Ejército Mexicano en tareas policiacas

Cuando en noviembre de 2011 acudimos a la Corte Penal Internacional para denunciar que en México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno federal mexicano y los “intelectuales” a su servicio respondieron con amenazas y minimizaron la situación de conflicto armado que vive el país. Aseguraban que los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado mexicano resultaban “excepcionales” y que no podían considerarse “sistemáticas” (ver comunicado de prensa de Los Pinos CGCS-196). Intentaban hacer creer a la población que si existían algunos casos de abusos militares, éstos eran accidentes o casos que salían del control de los altos mandos civiles y militares.

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