El despliegue de las fuerzas federales de seguridad en Michoacán logró la identificación de las rutas del narcotráfico que introducen drogas desde Sudamérica a las costas de Michoacán y las trasladan hacia Estados Unidos; la liberación de caminos rurales en los que los cárteles del narcotráfico entierran artefactos explosivos improvisados; así como la detención y desarticulación de las principales células delictivas del estado, entre ellas la responsable del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan,  la estrategia de seguridad permitió reducir el homicidio doloso en 42 por ciento en la entidad y detener a los principales generadores de violencia de la región.

Michoacán se convirtió en un área estratégica para las organizaciones criminales debido a la conexión entre sus costas, el puerto de Lázaro Cárdenas, las regiones agrícolas y los caminos que comunican el estado con el centro y norte del país. Esa posición permite el traslado de drogas desde el Pacífico, pero también convierte a las zonas productivas y comerciales en espacios de disputa por el control de mercancías, rutas y recursos.

Despejar caminos y retirar explosivos

En Tierra Caliente, uno de los objetivos del Ejército es recuperar la circulación en caminos secundarios y terciarios, en donde las organizaciones criminales han colocado artefactos explosivos improvisados (AEI) con el objetivo de frenar el avance de las fuerzas de seguridad y de grupos rivales; sin embargo, la situación también amenaza a habitantes, trabajadores y transportistas que necesitan utilizar esas rutas.

Al presentar los resultados del Plan Paricutín el 10 de noviembre de 2026, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que entre las operaciones se encuentran los corredores seguros de Apatzingán y Cotija, con la finalidad de realizar despeje de campos minados, de rutas minadas.

Al participar en la conferencia presidencial, el secretario expuso que en un año la Defensa ha decomisado 1 mil 657 artefactos explosivos improvisados (AEI) en Michoacán, y la maquinaria especializada ha despejado caminos rurales donde estos dispositivos representan un riesgo para la población y las fuerzas de seguridad.

Para realizar esas tareas, explicó que la Secretaría de la Defensa adaptó maquinaria pesada con dispositivos desminadores. Se trata de cargadores frontales y motoniveladoras modificados por personal de ingenieros militares, a los que se instalaron sistemas de barrido, cadenas, rodillos, amortiguadores, placas de acero balístico de seis milímetros y cabinas que cuentan con cristales de 42 milímetros, blindaje, cámaras de vigilancia y monitores para proteger a los operadores.

La operación Corredor Seguro Apatzingán comenzó el 8 de junio de 2026. De acuerdo con el general Trevilla, hasta el 10 de noviembre se habían recorrido 3 mil 19 kilómetros en las zonas de Apatzingán, El Alcalde, Acatlán y Naranjo, mediante 14 rutas.

En Cotija, el despliegue comenzó el 9 de octubre de 2026; en este sitio se incorporó un vehículo desminador y tres células antiexplosivos, integradas por personal especializado en búsqueda y desactivación de minas, con equipo de protección antibombas. Su tarea consiste en despejar dos rutas de caminos secundarios y terciarios en zonas donde se han localizado artefactos explosivos improvisados.

Al presentar el balance, el general Trevilla informó que entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre pasado, se habían despejado 36.3 kilómetros.

El Plan Paricutín también contempla patrullajes en vías de comunicación, presencia en áreas urbanas y rurales y acciones de contención en seis estados colindantes con Michoacán. Para estas tareas, la Defensa reportó un despliegue de 2 mil 249 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional; además de vehículos, drones, sistemas antidrones, helicópteros, aeronaves de ala fija y células especializadas.

Protección a productores de aguacate y limón

La disputa territorial también alcanza las regiones agrícolas. La extorsión a productores, empacadores y comerciantes afecta dos de las actividades económicas más importantes de Michoacán: las producciones de aguacate y de limón. Por ello, el despliegue federal incluye operaciones específicas para proteger las zonas de cultivo, las empacadoras, las industrias procesadoras y los puntos de comercialización.

Como parte de las acciones para proteger al sector agrícola, el secretario de la Defensa Nacional informó que se desplegó la operación Erandi, que comenzó el 6 de agosto para atender la problemática de extorsión contra el sector aguacatero. En ella participan 1 mil 257 elementos con apoyo de medios tecnológicos y un Centro de Fusión de Inteligencia instalado en Uruapan.

La operación brinda seguridad a 17 empacadoras y a inspectores de aguacate.  También contempla vigilancia en las poblaciones de Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, además de las vías de comunicación y seis puestos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ubicados en Zamora, Cotija, Apatzingán, Buenavista, Aguililla y Jiquilpan.

La protección al sector limonero se realiza mediante la operación Citrícola, desplegada en Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Parácuaro, Múgica y Aguililla. De acuerdo con el general Trevilla, participan 1 mil 346 elementos para resguardar 75 empacadoras de limón, siete industrias procesadoras y dos tianguis limoneros, uno en Apatzingán y otro en Múgica.

Las operaciones buscan mantener presencia en distintos puntos de la cadena productiva, desde las zonas donde se cosechan los productos hasta los lugares donde se empacan, procesan y comercializan. La protección de esos espacios también pretende impedir que las organizaciones criminales condicionen el traslado de mercancías o utilicen la extorsión para obtener recursos de los productores.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el Plan Michoacán se desarrolla a partir de cuatro líneas: mayor presencia operativa; inteligencia e identificación de líderes criminales; coordinación permanente con autoridades estatales y municipales, y protección a los sectores productivos.

Al referirse a esta última línea, señaló que la prioridad incluye a productores de limón y aguacate, empacadores, comerciantes y empresarios afectados por la extorsión.

García Harfuch informó que, como parte de las acciones contra ese delito, fueron detenidas 188 personas relacionadas con extorsiones en Michoacán. De ellas, 42 estaban vinculadas con agresiones contra productores de los sectores limonero y aguacatero.

Entre las detenciones, mencionó la de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, señalado como líder de una célula delictiva dedicada a extorsionar agricultores.

También destacó la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho o la Quiringua, identificado como líder de una organización criminal que extorsionaba principalmente a productores de aguacate y tenía presencia en Los Reyes, Peribán, Cotija, Tocumbo y otros municipios de la región.

De acuerdo con el funcionario, ese grupo también estaba relacionado con tráfico de drogas, robo de vehículos y privación ilegal de la libertad.

A estas acciones se sumó la detención de Christian Martín Medina García, alias Vikingo, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, señalado por extorsiones contra productores de aguacate y empresarios de la región de Uruapan.

La Meseta Purépecha y la presencia en comunidades

El despliegue militar también contempla acciones en la Meseta Purépecha, el general Trevilla informó que la operación correspondiente cuenta con 620 efectivos desplegados en Chilchota, Cherán y Nahuatzen, con el objetivo de reforzar la seguridad en esos municipios.

Además de las labores de vigilancia, el Ejército reportó actividades de proximidad social y trabajos para construir un cuartel de la Guardia Nacional en Cherán, aunque el proyecto se encuentra en proceso de gestión del predio.

La presencia en esta región forma parte de una estrategia que no se limita a las zonas donde se han registrado enfrentamientos o hallazgos de explosivos. También busca mantener vigilancia en municipios y caminos que conectan comunidades, localidades y regiones productivas.

El Plan Paricutín incluye, además, acciones de contención en seis estados colindantes con Michoacán. El propósito es reforzar la vigilancia en los límites estatales y evitar que los grupos delictivos utilicen esas conexiones para desplazarse o evadir los operativos.

Las costas y las rutas internacionales del narcotráfico

La disputa territorial en Michoacán también se extiende al litoral del Pacífico, en esta zona la Secretaría de Marina mantiene un despliegue para vigilar las costas, interceptar cargamentos de droga y combatir las estructuras que utilizan el mar como vía de entrada y traslado de narcóticos hacia el interior del país.

Al presentar el informe de esta estrategia, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, explicó que la dependencia mantiene siete buques oceánicos para proteger los mares hasta las 200 millas de las costas de Michoacán, tres buques costeros y nueve embarcaciones destinadas a la interdicción de drogas y labores de búsqueda y rescate.

El despliegue incluye dos sistemas aéreos no tripulados de largo alcance (SANT’s), dos helicópteros, componentes de inteligencia y equipos de Operaciones Especiales. En total, la Marina mantiene 1 mil 300 elementos operativos y 61 vehículos en Lázaro Cárdenas, Coahuayana y Aquila.

Morales Ángeles señaló que las costas michoacanas representan un “área de interés estratégico” para el narcotráfico internacional, por su conexión con el puerto de Lázaro Cárdenas y la infraestructura terrestre que permite distribuir los cargamentos hacia el centro y norte del país.

“Las rutas de narcotráfico internacional vía marítima constituyen una de las principales amenazas, debido a la capacidad que tienen para transportar grandes cantidades de droga, principalmente desde Colombia, Ecuador y países sudamericanos en general, por corredores marítimos hacia el Océano Pacífico”, indicó.

El almirante atribuyó a Cárteles Unidos, al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa el aprovechamiento de esas condiciones para transportar drogas desde el mar. En particular, explicó que las organizaciones utilizaban el corredor de Huitzontla para trasladar cargamentos hacia el centro de México y Estados Unidos.

La Marina informó que anteriormente había detenido a 12 personas identificadas como integrantes de las llamadas Fuerzas Especiales del Mencho y localizado un campo de adiestramiento en esa zona. Según el secretario, ese grupo controlaba la ruta de la droga que ingresaba por mar.

El 29 de octubre de 2026, de acuerdo con el informe presentado por Morales Ángeles, fue desarticulada la célula de Los Pichilinguillos, señalada por controlar bodegas y el acceso de embarcaciones a las costas michoacanas. La intervención buscó afectar la estructura que recibía y resguardaba cargamentos en el litoral.

El control de las costas también está relacionado con la seguridad del puerto de Lázaro Cárdenas. A través de las Unidades de Protección Portuaria, la Marina mantiene operaciones de vigilancia y aduaneras para impedir el contrabando, la evasión fiscal y la introducción de sustancias químicas, drogas, armas y mercancías ilícitas.

Como el puerto constituye un punto estratégico para el comercio nacional, el almirante Morales Ángeles informó que concentra 22.9 por ciento de las exportaciones de minerales del país. Por ello, la Marina estableció convenios de protección con empresas mineras, entre ellas ArcelorMittal y las que operan en Las Truchas, además de mantener personal desplegado en instalaciones mineras.

El objetivo, explicó el secretario, es “evitar que los criminales no se apropien de los minerales de manera ilegal” y proteger las cadenas logísticas desde las zonas de producción agrícola y minera hasta el puerto.

La protección también se extendió al sector aguacatero. Entre noviembre de 2025 y julio de 2026, la Marina escoltó convoyes de productores que comenzaron a exportar aguacate por Michoacán, la medida buscó garantizar el traslado de la mercancía hacia los puntos de salida comercial.

En su balance, el secretario de Marina también reportó 119 personas detenidas, 77 armas aseguradas, 10 toneladas de cocaína y seis laboratorios desarticulados.

Inteligencia y detenciones contra las estructuras criminales

La recuperación de caminos, costas y zonas productivas se acompaña de acciones de inteligencia para identificar a quienes dirigen las células delictivas, coordinan sus operaciones y obtienen recursos mediante actividades como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

Al respecto, el secretario Omar García Harfuch informó que del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2026, fueron detenidas más de mil 400 personas en Michoacán, se aseguraron 860 armas de fuego y 127 mil cartuchos, y se inhabilitaron 16 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.

En tanto, el secretario de la Defensa Nacional presentó los resultados del Plan Paricutín, el cual reportó mil 658 personas detenidas, 791 armas de fuego, 117 mil 584 cartuchos y mil 657 artefactos explosivos improvisados asegurados. También informó del decomiso de 2.5 toneladas de metanfetaminas, 74.6 toneladas de precursores químicos y 131 mil 435 litros de esos insumos.

La Defensa señaló que entregó en comodato mil 870 armas a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y que estaba en proceso la adquisición de otras 392 para esa dependencia.

Entre las detenciones de mayor relevancia, García Harfuch destacó la de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias R1, detenido en julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, a quien las autoridades señalan como uno de los principales líderes de la organización criminal conocida como Los Rs y como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo.

El funcionario explicó que las investigaciones incluyeron análisis de comunicaciones, movimientos financieros, videograbaciones, entrevistas y labores de campo para reconstruir la estructura que participó en el asesinato del alcalde. A un año del crimen, informó que han sido detenidas 34 personas relacionadas con su planeación, ejecución y encubrimiento.

El 8 de noviembre de 2026 fue detenido Rafael Álvarez Ayala, alias R2 o Barbas, identificado por las autoridades como uno de los principales mandos de esa organización y generador de violencia en Michoacán y Jalisco. La operación fue realizada por personal de la Secretaría de Marina y de la SSPC, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército y junto a él fueron detenidas otras 19 personas.

Entre ellas se encontraba Fernando, alias El Prángana, señalado como jefe de plaza en Uruapan. García Harfuch indicó que R2 tenía una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado y otra con fines de extradición a Estados Unidos.

Las autoridades relacionan a la organización de Los Rs con narcotráfico, homicidios, secuestros, privación ilegal de la libertad, extorsión y cobro de piso a productores de limón y aguacate, ganaderos, comerciantes, transportistas y empresarios. Su presencia, de acuerdo con la información presentada por el secretario, se extendía por municipios de Michoacán y Jalisco.

La reducción de homicidios y otros delitos

La presentación del Gabinete de Seguridad incluyó los resultados de incidencia delictiva en Michoacán. Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 42 por ciento entre octubre de 2025 y octubre de 2026, al pasar de 3.48 a 2.03 víctimas al día.

La funcionaria también comparó los primeros diez meses de ambos años y detalló que entre enero y octubre de 2025, el promedio diario fue de 3.72 víctimas mientras que en el mismo periodo de 2026 bajó a 2.22, una reducción del 40 por ciento.

Figueroa señaló que octubre de 2026 registró el promedio diario más bajo de homicidios dolosos en Michoacán desde 2015. En la misma presentación informó que el robo de vehículo con violencia disminuyó 37 por ciento al comparar octubre de 2025 con octubre de 2026.

En el ámbito nacional, Figueroa Franco informó que el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 636.6 en octubre de 2024 a 409.4 en octubre de 2026, una disminución de 36 por ciento.

También reportó reducciones nacionales entre enero y octubre de 2025 y el mismo periodo de 2026: 12.2 por ciento en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego; 28.6 por ciento en secuestro; 16.8 por ciento en robos con violencia; 2.5 por ciento en robo a casa habitación con violencia; 24.9 por ciento en robo de vehículo con violencia; 27.1 por ciento en robo a transportista; 8.7 por ciento en robo a transeúnte, y 13.1 por ciento en robo a negocio.

Recuperar también los espacios comunitarios

El despliegue federal incluye acciones que buscan recuperar espacios y mejorar las condiciones de vida en comunidades donde la presencia institucional es parte de la estrategia de seguridad.

El secretario de Marina, Morales Ángeles, informó que la dependencia participa en el dragado del lago de Pátzcuaro. Según su balance, los trabajos permitieron recuperar más de 500 hectáreas de superficie acuática y restablecer canales de navegación.

Estas acciones acompañan las operaciones de vigilancia y protección territorial; en la Meseta Purépecha, por ejemplo, el Ejército combina el despliegue de efectivos con actividades de proximidad social y la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Cherán.

La disputa por Michoacán no se limita a la captura de los jefes criminales ni a los enfrentamientos armados. También se libra en los caminos que deben permanecer abiertos, en las empacadoras que necesitan operar sin amenazas, en las rutas que conectan las comunidades y en las costas que sirven de entrada al narcotráfico.

Sobre esos espacios se concentra el despliegue federal para recuperar la movilidad, proteger las actividades productivas y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para imponer su control sobre la vida económica y social del estado.