La Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por la ingeniera Blanca Jiménez Cisneros, inclumplió con los parámetros para el programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento y el apartado Tratamiento de Aguas Residuales, cuyo programa tiene presupuestados 2 mil 438 millones 925 mil 300 pesos revela el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por misma Conagua, la cual tiene el objetivo de “Fiscalizar que los subsidios otorgados por la Conagua a los Organismos Operadores para tratar sus aguas residuales y cumplir con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga, contribuyeron a sostener o incrementar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”.
Este 30 de octubre, el máximo órgano de fiscalización del país dictaminó que de la revisión de la planeación sectorial y estratégica de la política pública en materia de agua, la Conagua “no contó con los diagnósticos sobre la problemática del recurso hídrico”, a fin de relacionar las medidas de política con la atención del problema existente en el programa presupuestario S074 “Agua Potable, Drenaje y Tratamiento” en el sentido de que “las entidades federativas tienen deficiencias en la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado”, sin que la Conagua especificara la problemática para cada uno de los apartados del programa, el cual incluye al Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
El primer informe de fiscalización a esta administración y con Jiménez Cisneros al frente del organismo, indica que con el objetivo de que la Conagua atendiera las deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento prestados por los Organismos Operadores en comunidades con alta o muy alta marginación, a fin de incrementar y mejorar la capacidad instalada para el tratamiento de aguas residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en los permisos de descarga, le fueron asignados 2 mil 438 millones 925 mil 300 pesos, de los cuales 139 millones 939 mil 200 miles de pesos se asignaron al Apartado PTAR.
Los resultados son contundentes: la Conagua “no contó con un diagnóstico actualizado que sustentara las labores programadas por la unidad responsable de operar el Apartado de PTAR; las necesidades de la construcción, ampliación y rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, ni su contribución a sostener o incrementar la cobertura por medio del apoyo financiero y técnico a los Organismos Operadores, para el incremento y fortalecimiento de su capacidad instalada y tratamiento de sus aguas residuales para ese año.
Asimismo, la Comisión señaló que tampoco realizó un programa de trabajo por apartado programático; por lo que careció de un mecanismo de planeación en el que se definieran objetivos, metas e indicadores específicos para el apartado, como un medio eficaz que le permitiera medir el cumplimiento de sus funciones y su desempeño”.
Para el otorgamiento de subsidios, expone la ASF, se determinó que la Conagua aprobó 83 apoyos de subsidios para la construcción, rehabilitación o ampliación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; sin embargo, este organismo “no acreditó que se diera cumplimiento con los 13 requisitos específicos establecidos en las Reglas de Operación; lo que implicó que la Conagua autorizó la entrega de subsidios sin asegurarse de que todos los que recibieron el recurso cumplieron con la normativa establecidos en las Reglas de Operación aplicables para ese año”.
En lo que respecta a las actividades y plazos, precisa el máximo órgano de fiscalización del país, la Conagua “no acreditó que para la planeación y ejecución de los subsidios aprobados del Apartado PTAR en 2019, se realizaron las actividades para el otorgamiento de subsidios, ni que se ajustaron a los plazos establecidos, por lo que no comprobó que la entrega de subsidios se llevó a cabo con austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados”.
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