Al cumplirse 1 año de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, la Secretaría de Gobernación confirmó que a la fecha ni una sola persona ha obtenido su libertad. En un comunicado, informó que los únicos resultados que ha obtenido son las primeras audiencias que han confirmando cinco liberaciones por procedencia de amnistía en el país; mismas que aún no ocurren.
También reconoció que ha participado en audiencias –en juzgados federales de entidades federativas– de sólo 38 casos de los 967 que ha recibido, y que califican la procedencia del beneficio de amnistía; y entre los cuales se encuentran los cinco en los que se ha notificado la confirmación de liberación por procedencia. No obstante, aseguró que hay casos –sin precisar el número– que se están realizando en otros estados sin audiencia abierta.
La Segob también admitió que aunque la Ley de Amnistía se publicó el 22 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, fue hasta el 23 de junio del año pasado cuando se instaló y sesionó por primera vez la Comisión de Amnistía, que encabeza Paulina Téllez Martínez Straffon Lambarry –nieta del ministro en retiro Agustín Téllez Cruces y quien en el pasado presumía entre los secretarios de la Suprema Corte ser prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, aunque ahora lo niega.
A pesar de los nulos resultados, en su comunicado la Secretaría afirmó que “ha avanzado en la atención en mesas de justicia para personas interesadas, la revisión de solicitudes, la difusión de información sobre esta ley en centros penitenciarios del país (alrededor de 7 mil posters y dípticos), y la votación de los 38 casos mencionados, que se determinaron como procedentes tras el análisis de las y los miembros de la comisión, a fin de que fueran remitidos a una o un juez federal que determine la aplicación o no de la amnistía”.
Asimismo agregó que “actualmente, la Comisión de Amnistía tiene 967 casos en revisión y se han resuelto 388”; esto es que ya ha rechazado 350, entre ellos los promovidos por el Instituto Federal de Defensoría Pública, que incluyen un análisis detallado de cada caso y en los que se demuestra plenamente, con argumentos legales, que las personas susceptibles del beneficio fueron víctimas del sistema, son inocentes, no se tenían elementos suficientes para encarcelarlos o se violentó el debido proceso.
Ello, a pesar de que la propia Segob reconoció en su comunicado que la Ley de Amnistía “busca beneficiar a personas con parámetros considerados en situación de vulnerabilidad, entre ellas, mujeres o personas indígenas que no tuvieron oportunidad de tener una defensa adecuada, ni un intérprete, ni un debido proceso”.
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