Aunque México y Estados Unidos, desde el 27 de agosto, tienen un acuerdo preliminar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá sigue cuestionando y negociando los acuerdos. Y en caso de que decida no firmar el Tratado, no está claro si el Congreso estadunidense apoyaría un acuerdo que no incluya a los tres países, según un análisis del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.
Uno de los aspectos que Canadá sigue cuestionando, y que México ya aceptó, es la eliminación del capítulo 19 del TLCAN, que garantizaba a productores nacionales mecanismos ágiles y transparentes contra prácticas desleales del comercio internacional.
Asimismo, el informe NAFTA and the Preliminary US-Mexico Agreement del Servicio de Investigación del Congreso (CRS por sus siglas en inglés) apunta que otros aspectos, como la energía, servicios e inversiones, que ya acordaron México y Estados Unidos tienen algunos puntos controversiales.
En el caso de las inversiones, el TLCAN eliminó importantes barreras de inversión, garantizó protecciones básicas para los inversionistas y proporcionó un mecanismo para la solución de controversias entre inversores y los países miembros del TLCAN. Sin embargo, México aseguró excepciones para su sector energético de ciertas disposiciones.
Pero el aspecto controversial es que se renegoció la solución del arbitraje de diferencias inversionista-estado (ISDS, por sus siglas en inglés Investor-state dispute settlement) mecanismo que la administración Trump supuestamente propuso eliminar.
El arbitraje de diferencias inversionistas-estados, es un mecanismo para resolver conflictos entre los inversores extranjeros y los países, pero mediante un procedimiento privado, es decir, sin recurrir a tribunales. De acuerdo con el informe, los sectores de petróleo y gas, infraestructura, generación de energía y telecomunicaciones tendrán disposiciones de ISDS.
En materia de energía el acuerdo propuesto por México y Estados Unidos “bloquearía las reformas constitucionales de México de 2013 y el marco legal actual para los proyectos privados de energía en México, [además] el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, no busca cambiar su marco legal nacional actual”, según el reporte.
También el informe señala que aunque el TLCAN contiene obligaciones básicas sobre servicios financieros y transfronterizos, algunas disposiciones pueden afectar el comercio de éstos. Pues ampliaron las obligaciones de trato nacional, que implican tratar favorablemente a todos los inversionistas.
El TLCAN, en caso de aprobarse por el Congreso estadunidense, seguiría la Cláusula Sunset, que establece que los estados parte revisarán el acuerdo cada cinco años y las partes podrían optar por negociar cualquier problema que haya surgido o extender el acuerdo por otros 16 años.
Finalmente el informe del Servicio de Investigación del Congreso señala que el documento del TLCAN debe concretarse y divulgarse a finales de este mes, si se quiere cumplir el objetivo de que México firme el acuerdo antes del primero de septiembre, cuando tome posesión el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Berenice Santos
