El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas considera que en México hay “una deliberada política de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte del gobierno federal”, la cual condena.
A través de un comunicado, los integrantes del Consejo se suman “al enérgico rechazo” que ha provocado la revelación de la intervención ilegal de comunicaciones en contra de 15 periodistas, defensores y activistas anticorrupción, del pasado 19 de junio.
Para el Consejo, se trata de una grave situación que incluye a adolescentes, “lo cual evidencia un sesgo de género al tratarse del hijo de una de las periodistas espiadas [Carmen Aristegui]”.
Además, “reprueba categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente estas agresiones”.
Los integrantes del Consejo Consultivo manifiestan su legítima preocupación respecto de que el número de periodistas y activistas de derechos humanos observados con fines maliciosos sea mayor al denunciado el pasado 19 de junio.
Por ello, exigen “que la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presente al Consejo un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos”.
También, “que las autoridades integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo cumplan las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a este caso”.
El Consejo insta a la Comisión de Derechos Humanos del Senado “a que realice una audiencia pública sobre este tema a la brevedad posible y cite a comparecer a los funcionarios que no evitaron este tipo de agresiones en contra de ciudadanos mexicanos”.
Los integrantes del Consejo resaltan que al menos dos de las instituciones que forman parte de la Junta de Gobierno del mismo Mecanismo –la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación adquirieron el malware para espionaje, “atentando contra derechos que deben proteger y respetar: a la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de derechos humanos, a la legalidad y a la obligatoriedad de adoptar medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
El Consejo Consultivo –integrado por Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola– observa “un fuerte deterioro en los procedimientos empleados por el Mecanismo, así como serias deficiencias en la aplicación de los planes de protección a personas en riesgo”.
Ello, indica, se deriva “del escaso respaldo que se tiene al más alto nivel y la cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conforman la Junta de Gobierno, como el caso de la PGR, lo que nos coloca ante una disyuntiva sobre el papel que debemos asumir al interior del Mecanismo como representantes de las necesidades de protección de defensores, defensoras y periodistas”.
Nancy Flores
