El fenómeno de la corrupción en México deja fuera de los programas gubernamentales, creados para supuestamente superar la pobreza en el país, a más del 90 por ciento de su población objetivo, así lo revelan análisis presupuestales elaborados por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo Mauricio Merino Huerta, investigador de este centro de estudios.

En el marco de la conferencia Movimientos Progresistas y Ciudadanos en América Latina y Europa, el académico aseguró que es un hecho documentado que con las prácticas de corrupción clientelares, que minan nuestro aprecio por el régimen político y por la democracia, se producen graves fenómenos discriminatorios.

La corrupción, expuso, “es un método selectivo injusto por definición, porque no reparte de manera igualitaria los beneficios mal habidos, sino que selecciona, y a quienes ya los tienen los empodera todavía más; por esta razón, la gran mayoría de los grupos que ya son vulnerados en México son, además, excluidos de los programas públicos, invisibilizados y discriminados.

Merino Huerta sostuvo que estudios hechos sobre 5 años de programas presupuestarios, “revelan que hasta el 93 por ciento de los grupos indígenas del país, los más marginados y desfavorecidos, están excluidos de los programas que tienen que llegar a ellos”.

En el panel Corrupción, Transparencia y Rendición De Cuentas: Retos de los Movimientos Progresistas, el investigador señaló que la corrupción también está detrás de los fenómenos de violencia que ha vivido México, cada vez con mayor fuerza. “La corrupción mata. Los niveles de impunidad, esta palabra que es hermana gemela de la palabra de la corrupción, son superiores al 90 por ciento”.

Corrupción y Violencia

 “La corrupción mata porque ha permitido que el crimen organizado no solamente actúe al margen de la ley, sino que avanza en la captura de puestos públicos, que a su vez no responden a un servicio profesional de carrera. La asignación de los puestos públicos en México es conocida como el sistema de botín, se gana un puesto de elección popular con recursos acrecentados, desviados por la corrupción hacia sus campañas, después de ganar el puesto lo asigna a sus amigos, a sus cercanos y leales”, dijo el experto en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Merino Huerta mencionó el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 se septiembre de 2014, y dijo que este caso “lo tenemos grabado en la piel porque se convirtió en una noticia internacional, no porque fuera excepcional, hay muchos Ayotzinapa que suceden cada semana en este país, pero que por no convertirse en noticia internacional pasan inadvertidos.

“Ya era esta una sociedad profundamente fragmentada por razones de clase, color de la piel, ingreso, preferencias u orientaciones, incluyendo las sexuales… la violencia y la impunidad nos han dividido más; la raíz de este conjunto de efectos está siempre en la corrupción”, concluyó.

Corrupción sistemática

Contralínea ha documentado que desde el segundo año de la reciente administración federal, con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo, los temas de corrupción e impunidad se incluyeron en la Agenda Nacional de Riesgos, elaborada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

 “Aunque sistémicas y pilar del propio régimen, [la corrupción y la impunidad] su desbordamiento es una amenaza para el Estado”, apunta el documento de carácter confidencial.

Para el político Fernando Belaunzarán la corrupción en México es estructural y sistemática, porque es una de las fuentes de financiamiento de la política en México, y criticó que con la transición que se llevó a cabo en el 2000, cuando el Partido Acción Nacional ascendió a la presidencia, “lo único que hizo el PRI (Partido Revolucionario Institucional) fue abrir la puerta a los demás partidos para entrar a la fiesta de la corrupción”.

Apenas el año pasado, el Índice Global de Impunidad correspondiente ubicó a México en el penúltimo lugar (58) de su lista de países analizados (59), sólo por debajo de Filipinas (Contralínea 504).

Clemente Castañeda, integrante del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, dijo que con el proceso de transición política (del PRI al PAN, en el 2000 y el regreso del Revolucionario Institucional en el 2012), “se ha incrementado el nivel de corrupción, no sólo a nivel federal, sino en los gobiernos estatales. El grueso de la clase política no está a la altura de la demandas de la sociedad, en torno al tema de la corrupción. El actual presidente del país es ejemplo de ello”, dijo.

Erika Ramírez