Más de 2.7 millones de empresas formales de América Latina y el Caribe podrían cerrar, a consecuencia de la crisis económica causada por la pandemia, alertó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De esas, 2.6 millones serían microempresas, con una pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo.

De acuerdo con el informe especial número cuatro Sectores y empresas frente a Covid-19: emergencia y reactivación, presentado en conferencia virtual por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, “más de un tercio del empleo formal y un cuarto del producto interno bruto (PIB) de la región se genera en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia”.

Señaló que los sectores más afectados son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y las manufacturas. Además apuntó que el comercio perderá 1.4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo, por lo menos 290 mil empresas y 1 millón de puestos de trabajo.

También, apuntó que “la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo”.

Al respecto, Bárcena advirtió que “la crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región. […] Si no se implementan políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región”.

Por ello, la Cepal subrayó la necesidad de “dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de capacidades productivas”. Y propuso cuatro medidas:

-Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.

-Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades.

-Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.

-Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.