Los voluntarios de la organización estadunidense Peace Corps (cuerpos de paz), que tiene como objetivo formal “promover la paz mundial”, piden que se les garantice seguridad y salud, de acuerdo con un documento del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.
Los voluntarios realizan actividades en distintos sectores, como medio ambiente, educación y salud, en todo el mundo; y hasta 2017 el 46 por ciento de los voluntarios realizaron su labor en África Subsahariana, el 22 por ciento en Latinoamérica y el Caribe, el 16 por ciento en Asia y el Pacífico, el 13 por ciento en Europa y el 3 por ciento en el norte de África. Sin embargo, “la inestabilidad política y los problemas de seguridad impiden la presencia de voluntarios en el Oriente Medio”, según el documento The Peace Corps: Current Issues.
Asimismo, el estudio reporta que algunos voluntarios de Peace Corps han sido asesinados y violados entre 2009 y 2010. “Los incidentes ilustran el fracaso de algunos miembros del personal de Peace Corps […] la inacción en respuesta a los informes de voluntarios de comportamiento amenazador, la falta de compasión por las víctimas del delito, la tendencia a culpar a la víctima y la insensibilidad a los padres de las víctimas”, señala el documento del Servicio de Investigación del Congreso.
Por ello, “la seguridad de los voluntarios ha sido durante mucho tiempo una de las principales preocupaciones de los Cuerpos de Paz […]. La amenaza del terrorismo antiamericano en los años posteriores al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 ha aumentado esa percepción”, se afirma en el documento.
Ante tal problemática, el senado estadunidense aprobó, el 23 de septiembre, la Ley de Reforma del Cuerpo de Paz de Sam Farr y Nick Castle de 2018, la cual tiene el objetivo de mejorar la atención médica a los voluntarios y garantizar la seguridad.
Además, dicha ley, “permitirán la revisión general por parte de un inspector independiente de muertes de voluntarios y garantizarán la divulgación de delitos y riesgos para los voluntarios de los solicitantes”. Sin embargo, es un reto que el financiamiento pueda cubrir lo que se menciona en las leyes, concluye el Servicio de Investigación del Congreso.
Berenice Santos
